El impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires ha experimentado un irracional incremento, que llega al 500% en ciertos casos y que resulta a todas luces confiscatorio para muchos contribuyentes, al margen de su dudosa validez legal y constitucional.
Esta iniciativa del gobierno de Axel Kicillof, renuente a bajar el desbocado gasto público, acentúa las dificultades de productores agropecuarios que ya de por sí se desenvuelven en un contexto económico global desfavorable. En las últimas horas, la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) anunció que endurecerá la cobranza, a partir del llamado a una “rebelión fiscal”, aunque se habilitará un régimen de regularización de deudas.
El sector privado productivo –el campo en particular– viene sufriendo desde hace años una desmesurada carga del sistema tributario, tanto nacional como provincial y municipal. Es un sector injustamente señalado por una supuesta rentabilidad extraordinaria que dista de ser tal, entre otras cosas porque, con una lamentable frecuencia, debe soportar períodos de vacas flacas que no siempre alcanzan a ser compensados con años de buenas cosechas. La brutal sequía que castigó a la Argentina el año último es solo un ejemplo.
No hay en el primer mundo ni tampoco en nuestra región ejemplos de países donde los productores rurales deban soportar tan pesada carga tributaria y derechos de exportación como los que gravan a los argentinos. Un productor de los Estados Unidos abona pocos impuestos; no paga ni IVA, ni Ingresos Brutos, ni impuesto al cheque, ni retenciones a la exportación.
El campo argentino produce para el mundo, lo cual condiciona la fijación de los precios internos, y tiene que afrontar una terrible carga que arranca con los costos de insumos al vaivén de la brecha cambiaria y un desproporcionado componente tributario (impuesto PAIS, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, impuesto de sellos, tasas municipales e IVA no recuperable, entre otros) que incide en más del 50% de su costo.
La producción agropecuaria se ve afectada por diversas circunstancias, que comienzan con la distancia que nos separa de los mercados de exportación (fletes interno y externo caros) y sigue con los problemas cambiarios (brecha, obligación de pasar dólares a pesos). Con lo que queda, debe afrontar la fuerte carga tributaria. Cuando se dice que por los alimentos se paga alrededor del 50% de impuestos, tal costo no se puede trasladar totalmente al consumidor, por lo que gran parte afecta a la rentabilidad agropecuaria.
Hay que sumar a todo eso otras distorsiones que sufre una actividad cíclica como la agropecuaria, entre ellas el hecho de que el fisco no permite actualizar los quebrantos de años anteriores, pese a la brutal inflación. Del mismo modo, los anticipos y pagos a cuenta de impuestos son considerados a valor nominal y tampoco son actualizables.
El sector rural estaría en condiciones de producir el doble de lo que produce actualmente. Solo necesita un adecuado marco económico. La producción trata de buscar el rendimiento que maximiza su rentabilidad, y no la mayor cantidad de kilos. En la zona núcleo de Estados Unidos se producen 18.000 kilos por hectárea de maíz; en la Argentina, apenas 10.000. No somos ineficientes. Es lo que se puede hacer para que cierren las cuentas.
Los productores agropecuarios bonaerenses están a punto de rebelarse ante el desmedido aumento del impuesto inmobiliario rural –también el urbano–, que se suma a los incrementos de tasas municipales, como la de caminos destruidos o inexistentes en un contexto tributario global asfixiante. Es razonable este estallido, por cuanto es la gota que rebasa el límite de la tolerancia.
Cabe mencionar además que el impuesto a los ingresos brutos grava la producción de quien explota la tierra, y también el ingreso del propietario que le arrienda al productor, con 5% de tasa; esto implica una doble imposición sobre la misma actividad.
Frente a los abusos del poder político bonaerense, que insólitamente pretendería responsabilizar al campo por la pobreza imperante y asfixiarlo con impuestos confiscatorios, es necesario que las entidades que representan a los productores se unan y luchen por el lugar que merece el sector más dinámico de la economía argentina.
La decisión de productores que se reunieron días atrás en Salliqueló y anunciaron que presentarán acciones de amparo frente al aumento del impuesto inmobiliario rural, tanto como las declaraciones del diputado José Luis Espert y del propio presidente Javier Milei avalando una eventual “rebelión fiscal”, constituyen una fuerte señal para la voracidad impositiva del gobernador Kicillof.
Debe recordarse que el pueblo es el soberano y que el fin del Estado debe ser el bien común, por lo que toda decisión tomada en contra de él resulta ilegítima.
El papa Francisco, en Evangelii gaudium, siguiendo a San Francisco y Teresa de Calcuta, ha sostenido que no se puede exigir relevar la ética, la moral y la equidad. Nuestros gobernantes deben actuar priorizando los intereses públicos ante la existencia de límites o mandatos que necesariamente deben honrar, pues el Estado de Derecho debe respetar no solo las limitaciones jurídicas, sino también las éticas, comprensivas de la buena fe que lo alimentan.
Fuente: La Nación
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