Además de propuestas de flexibilidad laboral, la plataforma electoral libertaria apuntaba contra el modelo sindical argentino, incluida la desaparición de “la figura del sindicato único con poder de centralizar todas las negociaciones de una determinada rama de actividad”, la prohibición de reelección indefinida en los gremios y la incorporación de las empresas de medicina prepaga al sistema de obras sociales.
A 44 días desde su asunción, tiempo récord según registra la historia, el gobierno de Javier Milei tuvo que afrontar el primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). En sus cuatro años de gobierno, a Alberto Fernández no le había pasado nunca, aun a pesar de los pésimos resultados de su gestión en materia socioeconómica.
Se inauguró así, tras la asunción del actual gobierno nacional, una era de paros en distintas actividades que amenaza con agravarse. “Nosotros les advertimos que venían a sacarles los derechos a los laburantes”, sostuvo el siempre violento Pablo Moyano, autoproclamado defensor de quienes en realidad solo son víctimas cautivas de sus abusos y fantochadas.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, además de afirmar que no se puede permitir que Roberto Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes, Milei anticipó que declarar a la educación como servicio esencial les sacará el arma de la mano a los sindicatos involucrados. Por la misma senda, realizó otra tan necesaria como esperada advertencia: “Obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible”.
El anuncio atentaría contra la continuidad de los reinados gremiales en sucesiva consecución. Estatutos internos que favorecen la imposibilidad de desbancar al jerarca de turno, elecciones que poco y nada tienen de “libres”, muchas veces indirectas, con listas únicas y oposiciones silenciadas, solo favorecen la perpetuidad en las rentables funciones sindicales.
Al tope del ranking se encuentra Pedro Victorio Zambelletti, de la Unión de Personal de Pinturas y Afines de la República Argentina (Upfpra), con 50 años de antigüedad en el cargo, seguido por Jorge Sansat, de Aeronavegación de Entes Privados, con 49. La lista de quienes dentro de sus espacios manejan hábilmente los resortes para perpetuarse –ellos, sus adláteres o sus familiares– es demasiado larga. Además de los nombrados, más de una decena de dirigentes llevan por lo menos tres décadas al frente de sus gremios; entre ellos, Luis Barrionuevo (gastronómicos), Amadeo Genta (municipales), Rodolfo Daer (alimentación), Guillermo Pereyra (petróleo y gas privado), Armando Cavalieri (mercantiles), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Hugo Moyano (camioneros), Gerardo Martínez (construcción), Andrés Rodríguez (personal civil de la Nación) y Julio Piumato (judiciales).
En tiempos de Raúl Alfonsín, la fallida “ley Mucci” de reforma sindical había apuntado a los mismos objetivos sin suerte. Si ahora vuelven a ser blanco es porque la sociedad en su conjunto rechaza fuertemente estas dinastías y cualquier intento por desbancarlos es bien recibido y suma capital político. El presidente Milei debería también aprovechar la ocasión para proponer que se investiguen a fondo y con seriedad los entramados de corrupción y desmanejo que cada caja sindical esconde. Fiscales independientes deberían investigar de dónde sale el dinero con el que viven fastuosamente tantos sindicalistas. Echar luz sobre los intereses mezquinos de quienes han hecho de la prepotencia y la violencia su herramienta es fundamental para desparasitar el sistema.
Trabajadores pauperizados, mendigando favores y obligados a aportar a cajas y obras sociales que solo derraman riqueza sobre sus conducciones, son parte de la siniestra matriz que ha venido rigiendo los destinos de este bendito país por demasiado tiempo. La anquilosada dirigencia sindical se ha convertido, merced a su poder económico y su metodología extorsiva, en inhibidora de los cambios que se imponen para favorecer la inversión empresaria y la contratación de trabajadores, cuyo principal capital será en el futuro su capacitación antes que la protección de una legislación que aumenta los costos laborales sin que los trabajadores perciban sus beneficios.
Cualquier hipótesis de cambio deberá rever este perverso estado de cosas. Desarmar la bomba sindical demandará no solo habilidad e inteligencia, sino mucha valentía cuando las redes de apoyo comprometen particularmente la gobernabilidad, la calle y la paz social. Deberá apalancarse en una sociedad cansada de tanta bravuconada fastuosa que exige que la Justicia haga su parte. Solo entonces estaremos más cerca de dejar atrás estas lacras, condición sine qua non para potenciar el deseado desarrollo.
Fuente: La Nación
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