El proyecto de ley del presupuesto nacional para 2024 fue remitido por el jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre último, cumpliendo así con la fecha estipulada normativamente. Sin dudas, esta es una prolijidad, aunque no es ese el punto relevante del análisis que corresponde hacer sobre la llamada ley de leyes.
Como toda norma, la de presupuesto obliga a quienes tienen la responsabilidad de cumplirla. Ese es teóricamente su verdadero valor. Sin embargo, corresponde hacer dos salvedades. Las cifras de gastos constituyen un máximo autorizado, que es mandatorio. No pueden ser superadas a excepción de que ocurra previamente una modificación formalmente autorizada. Las cifras de ingresos, por el contrario, son estimaciones o metas cuyo cumplimiento siempre tendrán algún grado de aleatoriedad. Hay por lo tanto menos responsabilidad de los funcionarios en que esas estimaciones se cumplan.
Se suele hablar de la artimaña de subestimar los ingresos proyectados para que, al momento en que la realidad supere esas cifras, automáticamente puedan aumentarse los gastos sin necesidad de una autorización formal. Esto en realidad no es así. Aunque la ley de presupuesto suele incorporar una delegación de esa atribución a la Jefatura de Gabinete (artículo 5 del actual proyecto de ley), lo que ocurre en economías fuertemente inflacionarias, como la de la Argentina, las cifras del presupuesto son de hecho inevitablemente superadas. Cuanto más alta sea la inflación tanto más dificultoso y frecuente se presenta este fenómeno. Las autorizaciones de incrementos de gastos se suelen dar a posteriori. De esta manera, los presupuestos que se presentan terminan convirtiéndose en papel pintado, en dibujos sin ningún valor.
El demagógico “plan platita” no hace más que echar leña al fuego de la hoguera en que se ha convertido la economía del país
Esta circunstancia ya ocurre con el previsto para 2024, elaborado con una hipótesis de inflación de 135,7% para el corriente año y de 69,5% para 2024. Para la conversión de la moneda extranjera se utilizó un tipo de cambio de 365,9 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2023 y de 607,0 pesos para el último día de 2024. Considerando la realidad de los primeros nueve meses, la inflación no será inferior al 160% en 2023, con un arrastre de más del 80% para el próximo año. Esto significa que los valores nominales del proyecto de presupuesto deberán corregirse desde el inicio mismo del ejercicio y la mayor dificultad es que el factor de corrección no puede ser homogéneo.
Dicho esto, no deja de tener interés analizar los aspectos físicos que hay detrás de las cifras postuladas en el presupuesto 2024. Se mantiene inalterado el monto de remuneraciones, medido a moneda de valor constante. Esto significa que no se propone ninguna racionalización a pesar del evidente exceso en el número de empleados públicos acumulado durante los últimos años. Este criterio meramente inercial es aplicado tanto en la administración nacional como en las empresas estatales y en los organismos descentralizados. No hay ninguna propuesta tendiente a simplificar el elefantiásico organigrama y, menos aún, de tercerizar o privatizar funciones.
El gasto en seguridad social se presupuesta con un aumento real de 14%. Se trata de beneficios que responden a derechos adquiridos, aunque debe decirse que han sido otorgados con una profusión que va mucho más allá de una exagerada generosidad. De los 7,1 millones de jubilados y pensionados hay algo más de tres millones que accedieron a ese beneficio a través de moratorias, sin haber realizado previamente los aportes requeridos. Por otro lado, no puede menos que llamar la atención el crecimiento de los planes sociales, y generar dudas de que se estén pagando 1,23 millones de pensiones por invalidez laboral.
A pesar de estos incrementos de gastos, el presupuesto proyecta una reducción del déficit primario desde los 2,4 puntos del PBI en 2023 a 0,9 puntos el año próximo. Este ambicioso objetivo se apoya en tres ejes: un aumento de la recaudación impositiva, una reducción de los subsidios y un recorte del déficit de las empresas públicas. Ninguno de estos tres frentes de acción surge de las políticas del actual gobierno. Más bien se camina en sentido contrario abonando el demagógico y electoralista “plan platita”. Los cambios en el impuesto a las ganancias preanuncian una caída de la recaudación, que, por otro lado, está afectada por la de la actividad económica. A su vez, la aceleración de la inflación está acentuando los retrasos tarifarios.
En conclusión, el proyecto de presupuesto no propone ningún cambio significativo y además dista de reflejar una realidad inflacionaria y declinante. No debemos dejar de mencionar que no comprende el gasto cuasi fiscal originado en el colosal endeudamiento del Banco Central. La aprobación y sanción de este proyecto resultará superada por la realidad. Será tarea del gobierno que surja de las próximas elecciones revisarlo y adaptarlo a la realidad y a los cambios que la grave situación reclama.
Fuente: La Nación
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