La multiplicidad y duración de los piquetes que hace ya largo tiempo tienen paralizada a Jujuy reconoce, como mínimo, tres objetivos principales: conculcar los derechos de los ciudadanos de la provincia sembrando violencia y autoritarismo con el objetivo de defender a delincuentes como Milagro Sala, desestabilizar el gobierno de Gerardo Morales y denunciar falaces persecuciones y victimizaciones para seguir alimentando el caos y embarrar con ese proceder antidemocrático la cancha electoral nacional en una provincia donde ha quedado demostrado que a la oposición le cuesta hacer pie.
La brutal arremetida para incendiar la Legislatura provincial en momentos en que el propio gobernador alcanzaba acuerdos legislativos con la oposición parlamentaria para la sanción de la reforma constitucional constituyó un hecho absolutamente irracional, fomentado por sectores que buscan tabicar la provincia en su exclusivo beneficio político y judicial. Ni siquiera les ha importado que, como consecuencia de esos cortes, falleciera una mujer que viajaba desde Buenos Aires a Bolivia, quien se descompensó en el ómnibus que la trasladaba tras haber quedado largas horas retenida en medio de piquetes.
No parece afectarles a esos sediciosos que miles y miles de personas se vean imposibilitadas de seguir una vida normal, cumpliendo con sus trabajos o cuidando de su salud. Tampoco, que numerosísimos viajeros hayan desistido de ir a Jujuy por los incesantes impedimentos con que habrían de toparse. Ni les han movido un pelo las pérdidas económicas a las que sometieron al sector comercial y turístico provincial, impedido de trabajar como cabía esperarse durante la temporada alta de vacaciones de invierno. No hay mejores muestras que las citadas para mensurar el egoísmo que mueve a estos delincuentes, amparados en la protección del gobierno nacional, decidido a no liberar los caminos cortados dentro de su jurisdicción.
Muchos otros distritos padecen también los efectos de estos despropósitos. Medios de prensa de la ciudad de Buenos Aires, como de la provincia de Jujuy, se ven en la obligación de proveer un tan necesario como estrafalario servicio: proporcionar diariamente a la ciudadanía la agenda de cortes y piquetes, pues las protestas cancelan toda posibilidad de circulación, tanto peatonal como vehicular.
Tampoco ha sido consecuente la Justicia al ordenar que se dejen liberados determinados sectores, confirmándoles de ese modo a los piqueteros que su derecho a peticionar ante las autoridades sea absoluto, en flagrante cancelación del derecho del resto de los pobladores a circular libremente, como dispone la Constitución nacional.
Recientemente, la Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por 60 personas, entre comerciantes, empresarios y vecinos de clásicos destinos turísticos jujeños, como Humahuaca, Tilcara y Purmamarca, para que liberen las rutas nacionales, en su mayoría tomadas por violentos grupúsculos mayormente kirchneristas y de izquierda, con figuras prominentes que viajaron incluso desde Buenos Aires, de largo prontuario en actividades de este tenor también en el sur de país, como el exmontonero Julio Urien.
La “solución”, a todas luces disparatada, fue el levantamiento parcial y por pocos minutos de los cortes para permitir el paso de un escasísimo número de afectados y volver inmediatamente a cerrar la circulación.
Debe preocupar, y muchísimo, la falta de medidas concretas y contundentes para terminar con estas aberraciones, acompañadas muchas veces por ataques de violencia extrema contra quienes solo buscan vivir en paz y libertad.
Según la senadora nacional Silvia Giacoppo (Frente Jujeño Cambiemos), en los piquetes y cortes en su provincia hay activistas a los que vincula con la organización Tupac Amaru, que –aun desde su prisión domiciliaria– sigue liderando Sala, a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 13 años de prisión que le cupo en su carácter de jefa de una asociación ilícita y por haber defraudado al Estado.
Conforme un estudio de la consultora Diagnóstico Político, 2022 fue récord de piquetes en todo el país. Hubo casi 10.000 interrupciones de la vía pública, de caminos y rutas. El año en curso podría arrojar todavía peores resultados.
Sin dudas, la inacción frente a quienes se apoderan impunemente del espacio público en flagrante violación de las leyes habla a las claras de un aceitado sistema de poder omnímodo, convalidado y alimentado por autoridades tanto o más antidemocráticas que los propios delincuentes.
Es hora de terminar con estos atropellos, de hacer prevalecer la ley, reponer el orden y garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos por igual. Seguir en esta oprobiosa senda del todo vale no hará más que profundizar los enfrentamientos y hundirnos aún más en la decadencia de valores de la que muchos quieren sacar provecho imponiéndola como regla.
Fuente: La Nación
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