Aunque para muchos electores, mareados entre los pliegues de las escandalosas y opacas listas sábanas, haya pasado inadvertido, en los comicios generales de 2023, en los que elegimos candidatos a presidente, gobernadores y legisladores, también votamos a los integrantes del Parlasur: el Parlamento del Mercosur, un órgano que no es legislativo, pues no dicta leyes, sino que elabora propuestas no vinculantes.
Se cubrieron 19 cargos nacionales más un representante por provincia, es decir, 43 bancas en total, cuyos titulares sesionan una vez por mes, en Montevideo, junto con los representantes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, el último Estado en incorporarse en calidad de asociado al organismo regional. Recientemente se realizó la primera sesión ordinaria del cuerpo, en la que no faltaron roces y chicanas entre los representantes del kirchnerismo y La Libertad Avanza. Ninguno por algún tema de fondo.
Se cubrieron 19 cargos nacionales más un representante por provincia; es decir, 43 bancas en total, cuyos titulares sesionan una vez por mes en Montevideo, junto con los representantes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia
Desde su constitución, en 2006 hasta hoy, el Parlasur ha sido en nuestro país eje de fuertes controversias y cuestionamientos. En el Congreso Nacional, la diputada Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires) ha presentado y vuelto a presentar un proyecto de ley para suspender las elecciones directas de los parlamentarios del Mercosur, iniciativa que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a debatir, a pesar de que Lospennato proporciona en su proyecto fundados argumentos.
Hoy el Parlasur es un órgano por demás oneroso tomando en cuenta sus actuales competencias y resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero –aunque solo sea para viáticos– teniendo en cuenta el calamitoso estado económico en el que el propio kirchnerismo ha dejado al país. Se suma a ello el hecho de que no hay actualmente “razones de reciprocidad” en la elección de los miembros del Parlasur, ya que no se están eligiendo en todos los países de manera simultánea, tal como exige la ley. Al respecto, Lospennato propone que, mientras eso se resuelva, sean los propios senadores y diputados de la Nación quienes se encarguen de representar al país en el Parlasur, asumiendo ese trabajo como parte de la dieta que ya cobran.
Más allá de las cuestiones técnicas y hasta tanto no se cambien las leyes, hay que cumplir con la que determina la existencia del Parlasur. De funcionar correctamente, sería un instrumento valioso para el Mercosur, por sus ventajas y beneficios para el comercio entre sus miembros y para evaluar eventuales aperturas al mundo, entre otros aspectos. En tanto, de querer eliminárselo, deberían estar de acuerdo todos sus miembros.
Hoy el Parlasur es un órgano por demás oneroso tomando en cuenta sus actuales competencias
El problema es, desde hace años, la opacidad con que la Argentina ha decidido integrarlo y los candidatos que, especialmente el kirchnerismo, ha venido designando pretendiendo convertir a ese parlamento en una descarada bolsa de trabajo destinada a funcionarios, mandatarios provinciales y legisladores que terminaron sus mandatos, a parientes y amigos del poder. En otros casos, han llegado al extremo de considerar el Parlasur como un virtual aguantadero de personajes en graves conflictos con la ley. Uno de los casos más resonantes fue el de la candidata Milagro Sala, que no llegó a asumir. Sala pretendía ampararse en presuntos fueros del Parlasur para huir de su destino de condenada por los diversos delitos que se le imputan. Taxativamente, la Justicia determinó que los parlasurianos no pueden ampararse en fueros porque no los tienen. Entre otros personajes nefastos que intentaron mantenerse en ese cuerpo se encuentra José López, quien fue expulsado de allí en agosto de 2016 tras su detención en un convento con bolsos con casi nueve millones de dólares, armas y joyas.
En otro momento, la polémica giró alrededor de la pretensión de que los miembros del Parlasur cobraran una dieta del mismo monto que la de los legisladores nacionales: una petición inaceptable tanto por el tipo de trabajo como por lo excesivo que representan de por sí los haberes de senadores y diputados en un contexto de enorme retracción económica. Sin embargo, esa cuestión también se judicializó por el reclamo de un grupo de parlasurianos y creó un precedente delicado que podría costarle al país muchísimo dinero en las pretendidas dietas no cobradas. El reclamo en este punto resulta transversal a miembros de casi todas las fuerzas allí representadas.
Como resultado de los comicios del año pasado, a fines de diciembre último asumieron en sus bancas, entre otros, por Unión por la Patria Teresa Parodi, exministra de Cultura; Victoria Donda, exlegisladora y extitular del incompetente Inadi; José Cáceres, exvicegobernador de Entre Ríos; Ricardo Branda, exsenador; Mariano Arcioni, exgobernador de Chubut; Gustavo Arrieta, exadministrador de Vialidad Nacional, y Gustavo Fuks, exsubsecretario de Cancillería. Por Juntos por el Cambio, el escritor Federico Andahazi, el actor y exlegislador Luis Brandoni, y los exdiputados Álvaro Lamadrid, Lilia Puig y Laura Sesma. Por la Libertad Avanza asumieron varias personas del entorno de Javier Milei, sin experiencia previa en la política. Acaso una de las más conocidas sea el exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Cabe aclarar que, al haber coincidido esta elección con la primera vuelta electoral en la que se impuso el kirchnerismo, la mayor representación en el Parlasur corresponde a representantes de ese sector. Todos ellos cumplirán mandato hasta 2027.
Se ha pretendido convertirlo en una descarada bolsa de trabajo para amigos del poder y se ha llegado al extremo de considerarlo un virtual aguantadero de personajes en conflicto con la ley
Hacía ocho años que en nuestro país no se realizaban elecciones para el Parlasur. Como presidente, Mauricio Macri decidió no incluir esa categoría en el decreto de convocatoria a comicios de 2019. Fue producto de una declaración conjunta de cancilleres, que tenían la misma visión de achicar gastos, y de un Protocolo Adicional que suspendía por tiempo indefinido esa elección directa con el fin de corregir la asimetría en el proceso electoral de cada Estado, una decisión que iba en sintonía con el proyecto de Lospennato, es decir, de una elección indirecta que distribuyera las bancas del Parlasur entre legisladores nacionales nombrados a propuesta de los bloques del Congreso. Contra aquella decisión de Macri, la Cámara Nacional Electoral, en una decisión sin precedentes, prorrogó mandatos populares por la vía administrativa.
La eliminación de dicha categoría en las boletas electorales sistemáticamente generó un fuerte rechazo del kirchnerismo. El macrismo, que siempre dudó de la utilidad del bloque regional, también justificó la decisión en la parálisis que evidenciaba ese cuerpo desde hacía años.
Aquellos argumentos adquieren hoy renovada vigencia. La situación del país es ahora mucho peor que en aquel entonces. La obligación legal que imponen a nuestra Constitución la supremacía de los tratados internacionales debe ser respetada. El punto entonces es si no habría que rever con el resto de los países miembros la utilidad real del Parlasur y decidir en consecuencia. La Argentina debería liderar en el Mercosur la voluntad de disolver este órgano consultivo o, por el contrario, darle funciones reales y vinculantes. Como está, sirve de poco y es muy oneroso.
Fuente: La Nación
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