Otra moratoria previsional inoportuna e injusta

Diputados nacionales del oficialismo, con la ayuda de la izquierda y otros bloques minoritarios, convirtieron en ley el proyecto de moratoria previsional que tenía media sanción del Senado. De esta manera continuará abierta la posibilidad de que puedan jubilarse aquellas personas que llegan a la edad requerida, pero que no hicieron todos los aportes legalmente exigidos. Se espera que alrededor de 750.000 personas se acojan a este plan y se sumen a las 3.630.000 que lo hicieron desde 2006, año en que fue dictada la primera moratoria de este tipo. Cuando se cumpla esta nueva etapa, 4.370.000 de un total de 7.880.000 jubilados, esto es el 55%, habrán accedido al beneficio previsional por una moratoria.

El mecanismo instrumentado permite obtener de inmediato el haber mínimo y destinar parte de lo recibido mensualmente a cubrir el monto de los aportes que no se hicieron. Una vez que el beneficiario logra saldar esa deuda, pasa a cobrar el monto jubilatorio sin esa deducción. En esta nueva versión de la ley sancionada, se ofrece la oportunidad de regularizar la situación desde diez años antes de la edad de jubilación.

El principio que rige los sistemas previsionales es que las personas aporten una porción de su ingreso durante la vida activa, lo cual les daría el derecho a cobrar una mensualidad durante su vida pasiva. Si se trata de un sistema de capitalización, ese derecho emana directamente de la propiedad del dinero depositado. Si el sistema es de reparto, es la ley la que les da ese derecho siempre que cumplan con sus condiciones. Esto no es solo una cuestión legalista. Tiene un sentido moral. Son personas que se sacrificaron entregando parte de su salario para que otras que ya no tienen ese ingreso, pero que en su momento también aportaron, puedan sustentarse. Es una cadena de solidaridad intertemporal y el Estado, teóricamente, solo debe administrarla, aunque también podría hacerlo un privado.

La moratoria previsional es injusta con los que cumplieron con la ley

La moratoria previsional rompe esa solidaridad y es injusta para los que cumplieron con la ley. Aquellos que apoyan la moratoria aducen que a estos no se les quita nada. Seguramente creen que el dinero que gasta el Estado viene del aire, pero obviamente no es así. Proviene de más impuestos sobre los actuales contribuyentes y consumidores, de más deuda pública que pagarán las generaciones futuras o de más inflación. Esa madre que se desespera porque los útiles escolares duplicaron sus precios debe saber que hay alguna culpa en quienes votaron esta moratoria, que aumentará el gasto público en un 0,5% del PBI.

Los sistemas obligatorios de jubilación son relativamente nuevos en la historia del hombre. Sin esos regímenes, las personas ahorraban e invertían en inmuebles, tierra, comercio u otros bienes de renta. Había también conciencia en los hijos de ayudar a sus padres en la vejez. Se recuerda la llamada ley cigüeña del Imperio Romano, que le dio a esa costumbre el carácter de obligación. Estas modalidades alternativas a los regímenes oficiales y obligatorios deberían ser la opción implícita de aquellos que no hicieron aportes.

El primer régimen previsional fue implantado en Alemania por Bismark en 1881. El sistema llegó a nuestro país en 1904 para empleados del Estado con el formato de cajas de jubilaciones. Crecieron en número y en los montos acumulados por la alta proporción de aportantes versus jubilados. Esos fondos fueron presa fácil del gobierno populista y dispendioso iniciado en 1946.

Las moratorias impositivas tienen la misma condena ética: favorecen a los incumplidores. La diferencia con las previsionales es que aquellas aportan ingresos fiscales en momentos de crisis mientras que estas demandan fondos. Por esto agregamos un motivo adicional de crítica a la sanción de esta ley. La oportunidad no puede ser peor.

Fuente: La Nación