No es necesario apelar a un análisis muy profundo para asombrarse del gigantismo e ineficiencia de la administración pública en todos los niveles de gobierno, tanto en la nación como en provincias y municipios. Ochenta años atrás el gasto público apenas superaba el 10% del PBI y hoy llega al 45%. El número de empleados públicos se multiplicó por ocho mientras la población lo hizo solo por tres. Lo más notable es que esto ha ocurrido en tiempos de automatización y del enorme avance de la informática y la sustitución del personal en las tareas administrativas. La grave crisis argentina y su decadencia reconocen en esta deformación, su causa principal.
Un cambio de gobierno es el momento apropiado para una reforma y una sustancial reducción del aparato burocrático del Estado. Los innumerables despachos de funcionarios políticos no están ocupados por personas sentadas allí para defender y justificar sus cargos.
El camino para racionalizar una administración sobreexpandida no es tachar unidades del organigrama, expresando “elimínase”. El proceso debe comenzar con un diseño optimizado de una estructura de gobierno que cumpla eficientemente con las funciones que le demanda la Constitución Nacional y la legislación vigente. Eficiente significa que lo deberá lograr con las unidades administrativas, el personal y el equipamiento estrictamente necesarios. La ejecución de la reforma implica, a partir de allí, pasar de la actual administración a una nueva apoyada con tecnología informática y reglas de eficiencia. Quienes ocupan los cargos existentes y tengan condiciones y conocimientos para desempeñarse en las posiciones del nuevo diseño, deberían ser transferidos y confirmados. Aquellos cuyas funciones desaparecen o que exceden en número a las nuevas dotaciones deberían quedar en disponibilidad. En la nueva estructura permanecerían aquellas personas mejor calificadas para cada tarea. Nuestra administración nacional dispone del dispositivo previsto en el Artículo 11 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. Dice así: “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, será reubicado en las condiciones reglamentarias que se establezcan. .. En el supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en situación de disponibilidad. El período de disponibilidad se asignará según la antigüedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis meses ni mayor a doce meses. Si durante el período de disponibilidad se produjeran vacantes en la Administración Pública Central y Organismos descentralizados, deberá priorizarse el trabajador que se encuentre en situación de disponibilidad para la cobertura de dichas vacantes. Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no existieran vacantes, se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio.”
El objetivo debe ser la reinserción en el sector privado del empleo público sobrante, dando un tiempo a los afectados para facilitar la transición mediante el mantenimiento de haberes más una indemnización. Eventualmente podría extenderse ese tiempo y además incentivar con beneficios impositivos al sector privado a ocupar a quienes queden en disponibilidad. Esto exige, por su lado, la creación de empleo privado; de lo contrario, la reforma encontraría una fuerte limitación social y exigiría subsidios prolongados que inhibirían el objetivo de reducir el gasto público. Dicho de otra forma, la racionalización del aparato estatal debe formar parte de un conjunto de reformas estructurales que promuevan una fuerte recuperación de la inversión y creación de empleo privado. Esto debería comprender una reforma laboral para modernizar las reglas, reducir el riesgo y permitir competitividad. Requiere una amplia desregulación y seguridad jurídica. Debe asegurar el pleno respeto del derecho de propiedad y debe reducirse la presión impositiva en consonancia con la disminución del gasto público. En este marco resultaría plenamente factible sostener un crecimiento entre el 4% y el 5% anual, y la creación de no menos de tres millones de nuevos empleos privados en los próximos cuatro años. Esto alcanzaría para absorber el empleo público excedente, tanto en la Nación, como en provincias y municipios, y además incorporar a los nuevos ingresantes al mercado laboral.
Es imprescindible emerger de la gravísima situación socioeconómica actual y hallar una oportunidad para dejar atrás la decadencia. La reforma administrativa es una de las piezas imprescindibles del camino de salida. La estructura administrativa con la que asuma el nuevo presidente develará si elige el camino correcto o el equivocado.
Fuente: La Nación
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