El odontólogo Héctor Cámpora, quien fue ungido presidente de la Nación el 25 de mayo de 1973, con casi el 50% de los votos, fue una máscara que utilizó Juan Domingo Perón para demostrar que, aun proscripto, podía recuperar el poder a través del candidato de su elección. “Cámpora al gobierno, Perón al poder” fue la consigna de entonces. Cámpora duró solamente 49 días en el gobierno, pues fue cooptado por la Tendencia Revolucionaria Peronista (“la patria socialista”) en desmedro del peronismo de derecha, ortodoxo y sindical (“la patria peronista”), que reflejaba el sentir del líder epónimo.
Cuando Perón advirtió desde Madrid que su apoyo al peronismo revolucionario se le había ido de las manos, debió volver a la Argentina para retomar las riendas del gobierno, forzando la renuncia de Cámpora, inventando la transición de Raúl Lastiri y, ya sin ganas, asumiendo su tercera presidencia.
Después de la muerte de Perón y bajo la conducción de José López Rega, comenzó a funcionar la llamada Triple A, que asesinó sindicalistas, activistas e intelectuales de izquierda, como Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi. Son los “desaparecidos” previos a 1976 que, sumados a las víctimas del terrorismo desde 1970, ensangrentaron una historia que el peronismo se empeña en ignorar, mientras protege a Isabel Perón e indemniza a quienes provocaron su caída.
En la premura por entregar su banda presidencial al yerno de López Rega, al delegado de Perón se le cayó la máscara y, posiblemente, la dio por perdida antes de retirarse a San Andrés de Giles. No pudo imaginar que, treinta años más tarde, fuese recogida por un grupo juvenil para reivindicar los días de la “primavera camporista”, cuando la JP y Montoneros – que lo llamaban “el Tío”– intentaron aplicar, desde el gobierno, la doctrina del socialismo nacional.
La agrupación que honra su apellido gravita pesadamente sobre la gestión de Alberto Fernández, con la ascendencia que le otorgan los votos y el liderazgo de Cristina Kirchner. Curiosamente, reivindica las mismas banderas de aquellos jóvenes armados que no pudieron concretar su sueño socialista, al haber sido expulsados por el mismísimo fundador del peronismo. Por si quedase alguna duda, Perón los echó de la Plaza de Mayo aquel lluvioso 1° de mayo de 1974 y, luego, durante el gobierno de su viuda María Estela Martínez, se firmaron los cuatro “decretos de aniquilamiento” para legitimar el terrorismo de Estado.
Al reclamar ahora los herederos del Tío defenestrado no haber cumplido el Presidente compromisos asumidos al aceptar su nominación, confunden a la población, que no está para letras chicas, preocupada por la carestía de la vida, la inseguridad y la falta de trabajo. Nadie sabe qué clase de acuerdos habrán celebrado los dos Fernández pues, además de no haber sido públicos, sus cláusulas no serían oponibles a terceros, como bien lo sabe cualquier abogado, exitoso o no.
A poco que se profundice en las tácticas camporistas para condicionar la gestión presidencial mediante “guerras relámpago”, se advierte un rasgo común: la necesidad imperiosa de no perder su base de votantes el año próximo, a cualquier costo. Es la negación del largo plazo para asegurar su continuidad en la estructura del Estado, controlar cajas, preservar cargos y, por sobre todas las cosas, asegurar la impunidad de su lideresa
De sus arengas insidiosas no surge ningún programa alternativo de gobierno, sino invocaciones pueriles a la inclusión, la distribución y la justicia social, sin ningún número que muestre cómo, cuándo ni dónde. Sus voceros no se lucen con reflexiones de largo alcance. El principal legado que han sabido perpetuar de aquellos años “dorados” son técnicas para guerrillas de desgaste, aunque ahora sin violencia, en el contexto de una frágil democracia.
Según los diccionarios, esa forma de combatir incluye las emboscadas, los sabotajes, los saqueos, las incursiones, las guerras relámpago, los cortes de líneas de suministros, el secuestro de enemigos y la interceptación de comunicaciones. Si se toma la forma metafórica, no es difícil descubrir afinidades en las operaciones de desgaste que conducen contra Alberto Fernández desde que la vicepresidenta de la Nación se irritó por la inacción de sus ministros y los invitó a buscarse “otros laburos”.
Al haber celebrado la nación argentina un acuerdo muy laxo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, para evitar un default de consecuencias gravísimas, no tiene explicación que ese sector del Gobierno lo cuestione públicamente y tome iniciativas que directamente obstaculizan el cumplimiento de sus metas.
La presentación de proyectos de ley de elevado costo fiscal, sin consulta con el Palacio de Hacienda, configuran emboscadas legislativas. La ausencia de funcionarios del área energética en las audiencias tarifarias, son sabotajes a la luz del día. Las chicanas a la reducción de subsidios son alevosos golpes de mano. Las moratorias previsionales, que desequilibran aún más la relación entre activos y pasivos, son saqueos a las arcas públicas. El adelantamiento del aumento del salario mínimo es una maniobra distractiva para acciones peores. Los incrementos dispuestos por el gobernador Axel Kicillof, para “crecer distribuyendo”, son cortes a las líneas de suministros porque, con mayor emisión, las alacenas quedarán vacías.
A poco que se analicen las tácticas camporistas para condicionar la gestión presidencial mediante “guerras relámpago”, se advierte un rasgo común: la necesidad imperiosa de no perder su base de votantes principalmente bonaerenses el año próximo, a cualquier costo. Es la negación del largo plazo para asegurar su continuidad en la estructura del Estado, controlar cajas, preservar cargos y –por sobre todas las cosas– asegurar la impunidad judicial de su lideresa y sus hijos, él cabeza indiscutible de la agrupación. Para ella, el único largo plazo que importa es el referido a sus procesos penales y no los que involucran al país en su conjunto.
En la actual coyuntura mundial, cuando la energía y los alimentos podrían ser una tabla de salvación para “poner a la Argentina de pie”, esas emboscadas, sabotajes y saqueos ahuyentan las inversiones que decuplicarían la producción de hidrocarburos construyendo ductos, plantas y puertos para exportarlos. E impiden que se multiplique el cultivo de granos, hasta en zonas marginales, con las mejores tecnologías, para alimentar al mundo con cereales y oleaginosas argentinas.
La Cámpora no parece capacitada para construir naciones –basta observar la situación de quebranto de Aerolíneas Argentinas–, sino para erosionar instituciones. De aquel sueño setentista solo conserva la “tendencia” a petardear gobiernos para lograr sus objetivos, sin importar daños colaterales. Las nostalgias del tiempo del Tío son demasiado dañinas para los desafíos de la crisis actual.
Fuente: La Nación
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