Desde hace tiempo se vienen traspasando todos los límites imaginables en Rosario. La violencia que supura de la mafia narco destruyó fronteras antes impensadas frente a un Estado que, hasta ahora, fue ineficaz a la hora de desarticular grupos criminales, incluso aquellos rústicos y poco sofisticados que logran, a costa de balas, imponer su propia dinámica ante una sociedad que, profundamente herida, se resiste a naturalizar el crimen organizado.
Las bandas narco funcionan desde las cárceles, tanto provinciales como federales, donde sus líderes cumplen condenas. Cuando se toca ese nervio, aparece la resistencia. Las respuestas llegan a las calles con violencia extrema, porque si se corta el circuito de funcionamiento dentro de los penales se termina un negocio millonario, aceitado con complicidades profundas dentro de las propias penitenciarías.
Cuando el 10 del mes último asumió el gobernador Maximiliano Pullaro, una de las primeras medidas que tomó fue reagrupar a los presos de alto perfil, que pertenecen a segundas y terceras líneas de bandas criminales como Los Monos, quienes estaban alojados en los pabellones que van del 6 al 9 en el penal de Piñero.
Si hay una imagen que sintetiza la resignación de un Estado frente el avance del narco es la que muestra a las comisarías valladas. Ante semejante postal aparece la pregunta inevitable: si la policía no puede defenderse, ¿quién defiende al ciudadano común?
Solo bastaron unas horas para que la reacción se hiciera palpable con ataques a balazos y amenazas directas contra el valiente gobernador santafesino. Mientras la policía evitó que se atentara contra una escuela, atacaron con disparos de calibre 9 milímetros la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y la sucursal de un banco. Las amenazas contra Pullaro y su familia tras la presión sobre Los Monos no se detienen. “No nos van a amedrentar (…) Vamos a ir por sus bienes, vamos a cambiar las condiciones de detención”, sostuvo el funcionario.
Ya desde antes de asumir, el dirigente radical viene siendo víctima de distintas intimidaciones. Muchas no se hicieron públicas, pero se investigan en la Fiscalía de Rosario. Pullaro confió a su entorno que estos hechos no van a restringir su actividad ejecutiva, aunque trata de evitar grandes aglomeraciones, donde la efectividad de los dispositivos de seguridad está más condicionada.
En octubre de 2013, el entonces gobernador socialista Antonio Bonfatti fue blanco de un ataque de 21 balazos en momentos en que se encontraba viendo televisión en familia en el living de su casa. El hecho provocó una fuerte conmoción porque nadie, hasta ese momento, se había animado a cruzar ese límite en la Argentina. Más de una década transcurrió desde ese atentado sin que se haya podido identificar al autor intelectual porque Bonfatti, sospechosamente, retiró la acusación contra quien confesó haberle disparado. Hoy, los límites se rompen en Rosario con mucha mayor frecuencia.
El gobernador Pullaro mostró valor y decisión al intervenir los pabellones de alto perfil en las cárceles, pero la tarea no le será fácil frente a un Estado ineficiente, corroído por la corrupción y muchas veces cómplice de los delincuentes
Desde hace un tiempo, las comisarías son atacadas con disparos y bombas molotov. El exgobernador justicialista Omar Perotti, de pésima gestión, implementó una medida hasta entonces impensada: hizo vallar las seccionales policiales para reducir las posibilidades de que les dispararan. Balear una comisaría expone la temeridad de los grupos mafiosos y la incalificable pasividad de la policía, que pocas veces detiene en flagrancia a los autores. No es algo nuevo.
Si hay una imagen que sintetiza la resignación del Estado frente al avance del narcotráfico es aquella que muestra a las comisarías valladas. Ante esta postal aparece como primera reacción la sorpresa, recargada de sentido común: si una seccional policial debe blindarse, donde hay efectivos policiales armados y, en teoría, preparados para enfrentar delincuentes, ¿qué queda para los ciudadanos comunes?
Durante la última semana del mes pasado balearon la comisaría 19 de Rosario. Desde un auto, dos hombres dispararon cuatro tiros que impactaron en las ventanas y en vehículos allí estacionados. El atentado se concretó un día después de que Vanesa Barrios, la pareja de Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, fue detenida por disparar repetidamente contra un comercio al que extorsionaba con Mariana Ortigala, una extestigo que está detenida por asociación ilícita.
Es imprescindible reforzar la inversión en seguridad, manejar los recursos de manera eficiente y rendir debida cuenta
Lamentablemente, corremos serio riesgo de naturalizar situaciones de este tipo. Atentados tan poco premeditados y sin sofisticación alguna a manos de los grupos narcos exponen la misma rusticidad y escasa preparación de la que dan cuenta las fuerzas de seguridad.
El resultado es que Rosario, una ciudad que suma profundas cicatrices de violencia de manera permanente y dolorosa, ya no sabe qué blindar. Todo puede ser blanco de disparos: canales de TV, cárceles, tribunales federales y provinciales, el Centro de Justicia Penal, escuelas, casas, negocios…
El fenómeno de balear a mansalva comenzó a fines de mayo de 2018, cuando el jefe de Los Monos fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº 7, en Resistencia, por orden de la Justicia Federal. El líder narco pensaba que se complicarían sus negocios porque –en teoría– iba a estar sometido a mayores controles en esa unidad penitenciaria. Ordenó atacar las casas de los magistrados provinciales y los edificios de la Justicia chaqueña, entre ellos el Centro de Justicia Penal. En septiembre de 2021, fue condenado a 22 años por tramar siete de los diez ataques.
Desde ese momento quedó en claro que, con poca logística y dinero –un “soldadito” en moto, armado con una pistola y sin necesidad de tener demasiada puntería–, podía causar mucho daño al Estado y sembrar terror. Ese método se extendió a otras organizaciones criminales y el mensaje “con la mafia no se jode” se transformó en un lema que se puede usar también para obtener dinero, por ejemplo, mediante extorsiones. Estos fenómenos criminales se multiplican cuando el Estado no logra poner límites.
Durante casi dos años, la fachada vidriada del Centro de Justicia Penal estuvo cercada por fuerzas federales y por vallas similares a las que se instalaron en tres comisarías de Empalme Graneros y Ludueña. La postal pasó a ser algo natural en el barrio.
Con las comisarías ocurrió algo similar. Se modernizaron los frentes de algunas durante la gestión del Frente Progresista y se decidió instalar paredes de vidrio de gran resistencia. ¿Quién iba a pensar que las sedes policiales también iban a ser baleadas?
Pullaro mostró valor y decisión al intervenir los pabellones de alto perfil en las cárceles. Lo atestiguan las amenazas que enfrenta. Su objetivo de poner límites a los grupos narco será una tarea compleja frente a un Estado corroído, desentendido y muchas veces cómplice de los delincuentes. Al asumir, había solo 18 patrulleros disponibles en Rosario y más de 200 autos fuera de servicio agolpados en galpones de la Jefatura de Policía.
Es imprescindible reforzar la inversión en seguridad, pero también manejar los recursos de manera eficiente en este momento de contracción del gasto. Cuenta para ello con el apoyo de una ciudadanía que demanda urgentes medidas para recuperar su tranquilidad.
Fuente: La Nación
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