Los desafíos de la articulación pública y privada

Imaginar cambios positivos sin comprender las limitaciones que imponen los contextos es ver cómo los sueños se transforman en pesadillas. Agruparse en espacios colectivos sin resignar la propia agenda y los intereses particulares es disfrazar de solidaridad lo que en verdad podríamos definir como simple mezquindad. En lo que hace a la interrelación de espacios públicos y privados hay experiencias y aprendizajes que muestran cómo potenciar la dignidad humana para también alcanzar mejores impactos futuros.

Esa articulación entre lo público y lo privado se basa en virtudes colectivas que permiten que los recursos privados y los presupuestos de los Estados se potencien favorablemente para generar más y mejores bienes públicos -los que son generados por las personas- y proteger los bienes comunes que la naturaleza pone a disposición. Sin embargo, en muchas ocasiones, esa voluntad y capacidad de articulación choca con factores individuales y colectivos tan diversos e irreconciliables que conducen a una colisión de intereses opuestos que, en muchos casos, impiden que la proclamada articulación público-privada potencie el bien común.

Para consolidar un contexto favorable para esta interacción que mitigue y neutralice los efectos negativos, una de las condiciones clave es que quien lidera desde el Estado asuma un claro compromiso poniendo a disposición el enorme poder de la voluntad política. La interacción público-privada encuentra entonces instituciones en las que apalancarse, políticas públicas a las cuales aportar y recursos presupuestarios y logísticos para desarrollarse. De lo contrario, cuando el apoyo del líder político es apenas tibio, el espacio queda acotado exclusivamente a la limitada iniciativa privada. Es lo que ocurre cuando la voluntad política solo llega hasta la foto generando difusión, pero no transformación.

Otro aspecto clave para la construcción del espacio colectivo es que los representantes de las organizaciones sociales y del empresariado posean la calidad humana y la inteligencia social y emocional para construir vínculos de calidad que permitan diseñar agendas colectivas con visiones estratégicas.

La articulación público-privada tiene sentido si la causa por impulsar reviste relevancia estratégica para una organización y solo puede ser alcanzada en conjunto con otros, con la diversidad de actores que integran la sociedad. Para ello, muchas veces se debe salir de la lógica de intentar construir consensos, esto es unificar objetivo y estrategia para alcanzarlo. Esto exige liderazgos de articulación basados en una inevitable resignación de la agenda particular en pos de consolidar la acción colectiva, priorizándola.

En lo que respecta a la construcción de bienes públicos, la articulación público-privada permite que el Estado aporte escala, las empresas calidad y las organizaciones sociales especificidad, para de esta manera, promover que los bienes y servicios públicos cuenten con el mayor estándar de calidad y así puedan impactar en la sociedad, atendiendo la diversidad y complejidad que requieren los contextos -muchas veces hostiles- en los cuales operan las agendas del bien común.

Vale la pena enumerar algunas organizaciones que tienen como interesante práctica institucional precisamente promover articulación público-privada. El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) nuclea a casi cien empresas y fundaciones donantes del país que apoyan financieramente iniciativas que articulan las políticas públicas del Estado con programas desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil. La Red de Innovación Local (RIL) es un espacio destacado de articulación de capacidades de gestión desarrolladas en ámbitos privados que son incorporadas a la gestión de las municipalidades a lo largo y ancho del país. Un tercer espacio de referencia es la Red de Acción Política (RAP), una fundación creada -y en parte financiada- desde la iniciativa privada para capacitar a dirigentes políticos de diversas pertenencias políticas que ocupan distintos roles dentro de los estados nacional, provinciales y municipales en los poderes ejecutivos y legislativos. RAP promueve la amistad cívica, un concepto que permitió que legisladores de diferentes bloques políticos presentaran proyectos de leyes de manera conjunta.

Un mundo colapsado, imprevisible y con reglas de juego que cambian constantemente necesita estadistas en la construcción de bienes públicos; hombres y mujeres de Estado que articulen con el sector empresarial y con los referentes de las organizaciones sociales para garantizar la calidad de esos bienes públicos, porque de ello depende en gran medida mejorar la vida colectiva de las sociedades. Esta Argentina en crisis demanda más y mejores experiencias de articulación público-privada como otra valiosa forma de devolverle cuanto antes a sus habitantes las condiciones de bienestar que nunca debieron perderse.

Fuente: La Nación