Si la Argentina deseara recuperar la posición que tenía su economía en el ranking internacional a comienzos de los años cuarenta, debería mantener una tasa de crecimiento anual del 6,1% durante los próximos 20 años. Para lograr esto, a su vez, la inversión en capital productivo debería sostenerse por encima de un 30% del producto bruto interno (PBI). Es un desafío nada fácil para una sociedad que ha transitado por políticas populistas y que ha incentivado el dispendio consumista de algunos de sus ciudadanos y el enorme gasto improductivo de sus gobiernos. La Argentina de la libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal solo está en el recuerdo de los mayores. La altísima presión impositiva reduce hasta anular la capacidad de ahorro de quienes podrían hacerlo. Por otro lado, la inflación pone en ridículo a quienes depositan su dinero a un interés menor que la desvalorización de la moneda. Siendo usualmente el ahorro interno el principal sustento de la inversión en un país, su merma en la Argentina ha dejado para el ahorro externo, o sea la inversión extranjera, un rol importante en la creación de capital y en el crecimiento.
La convocatoria a inversores de otros países está sujeta a condiciones aún más exigentes que las requeridas por empresarios locales. Debe asegurarse que las utilidades puedan ser transformadas en moneda extranjera y que la tasa de cambio no sea discriminatoria. Este riesgo ha sido y es hoy un hecho concreto en la Argentina. El cepo cambiario deja en manos de funcionarios la aceptación de la conversión y, además, al no haber un mercado único y libre, también será arbitrario el tipo de cambio aplicado. Para mayor desaliento del inversor extranjero, no hay suficiente seguridad sobre la remisión de utilidades ni tampoco sobre la repatriación del capital invertido. Nadie accede a entrar en una habitación si sabe que atrás le cierran la puerta y que la llave la retiene quien dispone del poder. Eso se llama inseguridad jurídica.
Nadie accede a entrar si desde el poder no le aseguran que se podrá salir. Eso se llama inseguridad jurídica
La muy elevada presión impositiva es también un dato definitorio para quien tiene que elegir un país de radicación. Este factor juega tanto para extranjeros como para locales. Este abuso fiscal ha sido una característica que se viene arrastrando desde las gestiones presidenciales del matrimonio Kirchner. El impuesto a los bienes personales, que se determina sobre los activos de particulares, incide fuertemente sobre quienes poseen capitales accionarios de manera que ha motivado un éxodo de muchos empresarios hacia radicaciones impositivas más benévolas en Uruguay y Paraguay. Naturalmente, también tenderán a desplazar sus iniciativas de negocios. Por un impuesto que aporta solo un 1,9% de la recaudación, seguramente se sacrifican inversiones que multiplican ese monto.
La relación entre la inversión bruta fija y el PBI alcanzó el 21,2% en los nueve primeros meses de 2022. Es un nivel insuficiente para sostener un crecimiento que mejore la posición de la Argentina respecto del resto del mundo. Dentro de ese bajo nivel, la incidencia de la inversión extranjera ha caído en los últimos tres años. En 2022, la inversión externa directa alcanzó a solo 570 millones de dólares, lo cual significa menos del 1% de la inversión total. En 2019, el último año de la gestión de Mauricio Macri, ese registro fue de 2471 millones de dólares. Esta cifra ya marcaba una tendencia declinante originada en la crisis de 2018, que luego se acentuó con la pandemia.
La inversión es la base del crecimiento y de la creación de empleo. A través de la inversión se incorporan tecnología y competitividad. Este es el factor clave para lograr incrementar la productividad laboral, que es soporte genuino del aumento del salario real. La pobreza solo se vence de esta manera y no mediante planes sociales. Crear las condiciones institucionales y económicas para impulsar la inversión será el desafío más importante de quienes gobiernen nuestro país a partir del próximo 10 de diciembre.
Fuente: La Nación
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