El gobierno de Javier Milei deberá enfrentar numerosos desafíos no exentos de riesgos. Intentar sacar al país de la profunda crisis en la que se encuentra no será sencillo ni mucho menos rápido. Esa situación es conocida por todos: los que lo votaron y los que no. Si asegurar la gobernabilidad constituye siempre un objetivo primordial, debe serlo aún más cuando el clima social pasa por un momento tan delicado como el que atravesamos, con más del 44% de la población sumida en la pobreza, una inflación tan desproporcionada como dañina, creciente inseguridad y hartazgo ciudadano.
En ese contexto, resultan preocupantes las amenazas de cierta dirigencia política, sindical y de organizaciones sociales dirigidas al nuevo gobierno, al punto de desearle que le vaya mal y de advertirle que “tendrá un crédito corto” –es decir que no ejercitarán la infinita paciencia que le dispensaron a la desastrosa gestión de Alberto Fernández–, augurándole una gestión efímera, como si ello no nos fuera a afectar gravemente a todos por igual.
Desde antes de que Milei derrotara a Sergio Massa en el balotaje, varias organizaciones sociales, sindicatos y movimientos piqueteros han venido advirtiendo sobre movilizaciones y bloqueos de calles en reclamo de supuestas pérdidas de derechos en caso de imponerse el dirigente libertario. Las primeras ya tienen fecha: el 20 de este mes.
A pesar de su catastrófica gestión, Alberto Fernández no debió enfrentar ni una sola huelga general en cuatro años de desgobierno
No parece haber apaciguado a esos sectores, hasta el momento, que Milei haya aclarado que sostendrá la red de asistencia para los más necesitados; que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “tendrá la billetera abierta” para atender necesidades sociales impostergables y que no habrá conculcación de derechos. Está claro cuál es el punto que más irrita al piqueterismo vernáculo: que el nuevo gobierno se muestre decidido a controlar las partidas presupuestarias destinadas a ayuda social, a transparentar el proceso y eliminar la intermediación parasitaria en la asignación de programas con vistas a la eficiencia en el reparto de fondos asistenciales. Es decir, solo les preocupa perder el manejo del dinero con el que someten a tantas personas en situación de indignidad social mientras ellos mantienen sus privilegios, en lugar de garantizar que la ayuda llegue a la gente en tiempo y forma.
No deberían perder de vista quienes apuestan al fracaso de la nueva gestión que si algo no se le puede achacar a Milei es que haya disimulado su intención de hacer profundos ajustes para terminar con el despilfarro y la corrupción enquistados en el poder. Lo ha dicho hasta el cansancio y esas reformas fueron apoyadas por la mayoría de un electorado. Esas voces deberían ser atendidas, entre otros muchos dirigentes, por opositores, cegetistas y piqueteros incendiarios que proclaman la resistencia al nuevo gobierno aun antes de conocer qué medidas darán carnadura a sus propuestas.
Una reciente encuesta realizada por la Universidad Austral a partir de la evaluación de la cantidad de paros generales que se sucedieron desde 1983 confirma algo que ya se sabía: las centrales obreras han sido siempre muy condescendientes con los gobiernos de signo peronista. De 42 paros nacionales, 26 se concentraron en tres presidentes: Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. De los peronistas, se le hicieron 8 a Carlos Menem, a lo largo de dos mandatos; 2 a Eduardo Duhalde; 1 a Néstor Kirchner, y 5 a Cristina Kirchner en sus dos presidencias. La novedad absoluta es que, a pesar de su catastrófica gestión, Alberto Fernández no debió enfrentar ni una sola huelga general en cuatro años de desgobierno.
Sería tan oportuno como deseable que quienes desde distintos sectores buscan sembrar el caos comprendan que no habrá salvación para unos pocos sin el trabajo y el genuino compromiso de todos.
Fuente: La Nación
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