El decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei dispone la autorización al Poder Ejecutivo para la cesión total o parcial de las acciones de Aerolíneas Argentinas a sus empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. La decisión de privatizar esta empresa formaba parte de los anuncios preelectorales del actual presidente y confirma ahora que el procedimiento elegido es el de la cesión a sus trabajadores, sin reclamar un pago por ello, con un procedimiento de prorrateo que deberá aún precisarse. Se ha elegido un camino de menor resistencia política y sindical en la presunción de que la compañía no tiene un valor positivo considerada como empresa en marcha. A la vista de los pésimos resultados históricos, es muy probable que ese sea el caso. La privatización debería justamente mejorar el desempeño operativo y económico. Solo queda la duda de la capacidad de conducción eficiente de una empresa cuyos accionistas son, a la vez, sus empleados.
El intento de sancionar una ley promovida por Máximo Kirchner, quien exigía la aprobación del Congreso para la privatización de la empresa de bandera, fue el último estertor de un kirchnerismo amante del estatismo corrupto y prebendario
La privatización de Aerolíneas no solo persigue reducir millonarios subsidios. Hay una razón conceptual de peso. No es una función del Estado ocuparse de transportar comercialmente personas o cargas por vía aérea. Tampoco es una cuestión vinculada con la soberanía del país –como el relato kirchnerista pretendió imponer– ni se trata de un servicio social que merezca un manejo directo ni el aporte de fondos ni recursos humanos que puedan ser aplicados al mejor cumplimiento de las funciones indelegables del Estado. El remanido argumento de la necesidad de una empresa de bandera ya ha perdido vigencia y, en todo caso, si existiera ese rol puede ser delegado en una empresa privada. El país de mayor actividad aerocomercial en el mundo, los Estados Unidos, no tiene una empresa aérea de bandera ni tampoco estatal. Canadá, el Reino Unido, Australia, Japón, Corea, Irlanda, Brasil y Chile, que tienen empresas aéreas identificables con su país de base, han privatizado totalmente su capital. En otros casos como España, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca e Israel, sus principales compañías aéreas son de control privado, pero aún con participaciones estatales minoritarias. Solo se encuentran empresas controladas por el Estado en los países menos desarrollados y en los socialistas.
Así como la tendencia observada en el mundo ha sido la de la privatización de las compañías aerocomerciales, paralelamente ha sido también creciente la desregulación de los mercados de ese servicio. Son muchos los países que han adoptado la política de cielos abiertos removiendo las restricciones tradicionales adoptadas por el Convenio de Chicago de 1944. Las denominadas libertades del aire surgidas de ese convenio están sujetas a acuerdos que no siempre incluyen la Quinta Libertad, que es la que permite embarcar y desembarcar pasajeros y cargas dentro de dos puntos de un país distinto al de pertenencia de la empresa aérea. Esta restricción de la competencia perjudica a los usuarios en beneficio de las compañías aerocomerciales. Muchos países que se resistieron a la desregulación hoy disfrutan de los beneficios de una política de cielos abiertos. Acertadamente el presidente Milei dispuso en el DNU sustituir el artículo 3 de la ley 17.285 por el siguiente: “El despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves es libre en el espacio aéreo argentino”. Las regulaciones se referirán fundamentalmente a la seguridad. Los permisos de vuelo no deben imponer tarifas, permitiendo operar a las empresas low cost que cumplan exigencias de seguridad, con tarifas más bajas por costos reducidos, austeros servicios a bordo y alta eficiencia en tierra.
Los indicadores de eficiencia de Aerolíneas han resultado ser muy pobres comparados con otras compañías
Luego de su reestatización en 2008, la conducción de Aerolíneas Argentinas presionó por restringir la competencia a sus vuelos de cabotaje con éxito de parte de la administración kirchnerista hasta que la presidencia de Mauricio Macri habilitó empresas low cost y puso en uso civil y comercial el aeropuerto de El Palomar. La participación de estas empresas ha crecido y alcanzado actualmente un 35% en los vuelos domésticos. Ello ocurre a pesar de que en 2020 se suspendió de modo cuestionable la utilización de El Palomar, que les permitía reducir sensiblemente sus costos.
Los indicadores de eficiencia de Aerolíneas Argentinas son muy pobres comparados con otras compañías. Desde su reestatización en 2008, Aerolíneas ha tenido pérdidas que hasta 2022 fueron cubiertas con aportes del Tesoro. El máximo déficit correspondió al tiempo de la pandemia, durante 2020 y 2021 con 654 y 439 millones, respectivamente. El último balance publicado, cerrado el 30 de junio pasado, muestra un resultado negativo de 48 millones de dólares solo para el primer semestre del año último. Ello significó una reducción del 61% comparado con el mismo período de 2022. Esta mejora se debió principalmente a un crecimiento del 24% de las ventas. Recientemente la empresa anunció que espera una ganancia para todo 2023 de 32 millones de dólares. Esto significaría que, en el segundo semestre, logrará un llamativo resultado positivo de 80 millones. En el mismo comunicado informó que tomó un préstamo de 100 millones de dólares, en pesos dollar linked garantizados por activos, a tres años con 3% de interés, amortizado en seis cuotas semestrales. Este préstamo fue aportado por un fideicomiso organizado por BICE Fideicomisos SA, subsidiaria del oficial Banco de Inversión y Comercio Exterior. La mitad del fondeo provino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, o sea, del mismo Estado. La devaluación del 11 del mes pasado impactó directamente en esta deuda respaldada por aeronaves y otros activos. El nefasto presidente de la empresa en ese entonces, Pablo Ceriani, afirmó engañosamente: “Gracias a esta operación, anunciamos que Aerolíneas no solicitará ni recibirá fondos del Estado nacional en 2023″. No concuerda esta afirmación con haber logrado un resultado positivo. El préstamo fue expuesto por la empresa como un ingreso corriente y no como una deuda, como contablemente debería ser. Otra mentira más del relato kirchnerista.
El rol del Estado será el de controlar la aplicación estricta de normas de seguridad aérea y no el de proteger costosas ineficiencias que terminamos pagando todos los argentinos
El fallido intento de sancionar una ley promovida por el diputado Máximo Kirchner pretendía exigir la aprobación del Congreso para la privatización de Aerolíneas. Fue el último estertor de un kirchnerismo amante de un estatismo prebendario que copó con sus cuadros militantes la conducción de la empresa. La plausible decisión del nuevo gobierno de una política de cielos abiertos permitirá la competencia y la adaptación de servicios aéreos de baja densidad y reducido costo para cubrir itinerarios que tanto reclama el interior del país.
La designación por parte del flamante gobierno de Fabián Lombardo como nuevo presidente y gerente general de Aerolíneas es una muy buena señal. Lombardo se desempeñaba como director comercial de la empresa, un profesional destacado, con una labor impecable, de larga experiencia en el área y no como sus improvisados antecesores que tanto mal les han hecho a la compañía y al país.
Es de esperar que pueda desmalezar el camino de tantos años de decadencia y militancia inoperante. Le espera un trabajo muy difícil, pero tiene pergaminos y agallas suficientes como para llevarlo adelante.
Fuente: La Nación
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