La política del parche

De la mano de concepciones populistas e intervencionistas camufladas bajo la idea de un Estado presente, a lo largo de los últimos veinte años, nuestros gobernantes se la han pasado intentando resolver problemas crónicos y estructurales tapando agujeros con medidas que solo han incrementado las distorsiones de la economía y agravando todos sus males.

Sobran ejemplos de esta política del parche, pero bastaría con analizar lo que se intenta hacer hoy para disimular la crisis cambiaria, con la multiplicidad de tipos de cambio para diferentes sectores de la actividad económica. O con advertir cómo la extensión de la política de planes sociales iniciada a partir de la crisis de 2001/2002 y de su secuela de recesión y desempleo terminó derivando con el correr del tiempo en más problemas insolubles, en lugar de aportar principios de soluciones.

Esta tendencia no ha hecho más que convertir a las supuestas soluciones en problemas mayúsculos de los que cada vez es más difícil salir.

El tipo de cambio oficial, cuya evolución distó de acompañar el aumento de la inflación con el fin de ser utilizado por el actual gobierno nacional como un ancla antiinflacionaria, se ha transformado hoy en una ficción y en un factor más de distorsión del comercio exterior y de la economía argentina toda.

En las últimas semanas, frente a la desesperación oficial por la pérdida constante de reservas internacionales del Banco Central, se ha buscado de distintas maneras incentivar la liquidación de divisas. Las iniciativas con ese propósito han ido desde su liquidación a un tipo de cambio superior al oficial (el llamado dólar soja) hasta la reducción de impuestos sobre las exportaciones o la posibilidad de disponer de los dólares generados por las ventas al exterior con algo más de libertad.

Los regímenes especiales para que los exportadores posean mayores estímulos para liquidar divisas y así incrementar su oferta han sumado, al menos hasta fines de septiembre, al campo, pero los sectores productivos que quedan fuera de esos esquemas reclaman beneficios similares. Tanto es así que ya se está reclamando un “dólar malbec” para la cadena vitivinícola y no tardarán en sumarse otros sectores a esa demanda. Pero lo cierto es que todos estos regímenes no son otra cosa que parches para paliar las deficiencias de una política económica caracterizada por su sesgo antiexportador y la falta de confianza inversora. Se trata de políticas de corto alcance, que no solo resultan absolutamente ineficientes, sino que además habilitan ventanillas para la corrupción de un Estado que pretende erigirse, una vez más, en árbitro para determinar, sin fundamento alguno, ganadores y perdedores.

La política de parches también se advierte en el supuesto ajuste que encara el ministro Sergio Massa. Mientras se anuncian congelamientos de vacantes en todo el sector público, se consignó que poco antes de que se pusiera en práctica esa medida la vicepresidenta Cristina Kirchner aprobó el ingreso a planta permanente de unas 280 personas en el Senado, al tiempo que las contrataciones de personal en diferentes áreas de la administración pública se multiplicaron. Basta con revisar el Boletín Oficial.

La reducción del gasto público dista de ser lo que se presenta. Por caso, la caída en términos reales que se advierte en julio último en el rubro de bienes y servicios consumidos por la administración pública solo puede explicarse por el diferimiento de pagos, lo cual derivará en el aumento de la deuda flotante, con sus consecuentes punitorios e intereses.

Entretanto, el flamante proyecto de ley de presupuesto 2023 contempla un incremento del 117,2% en programas sociales como Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias.

Se trata de indicadores del fracaso de la política económica del kirchnerismo y de la escasa voluntad oficial por poner en orden las cuentas públicas a través de las tan necesarias reformas estructurales que precisa el país.

Fuente: La Nación