El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reveló su intención de ser reelegido al anunciar un ambicioso plan de seis años. Denominado “Seis por seis”, el programa se sustenta en la obra pública para cubrir un vacío de infraestructura: rutas, vías rápidas, viviendas, unidades carcelarias y pavimentación de calles.
Llama la atención, sin embargo, que entre esas metas aspiracionales que se propone cumplir no exista referencia alguna a la necesidad imperiosa de restaurar el funcionamiento del Poder Judicial provincial, y también la confianza en él.
Omite así un aspecto sustancial que no parece ser una prioridad para su programa. Probablemente, una de las razones sea que Kicillof delegó en Cristina Kirchner el manejo de esa área tan sensible, al igual que lo ha hecho el presidente Alberto Fernández en el orden nacional. El gobernador designó a Julio Alak en el Ministerio de Justicia por decisión de la vicepresidenta. Pero Alak está supeditado a lo que resuelvan el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, dos influyentes funcionarios de relación directa con Cristina, aunque en apariencias dependan del ministro.
Pérez Aznar milita en La Cámpora y representa al Poder Ejecutivo bonaerense en el Consejo de la Magistratura provincial, organismo a cargo de la selección de quienes aspiran a ser jueces o integrantes del Ministerio Público. Pellegrini ocupó antes la Secretaría de Crímenes contra la Humanidad en la Procuración General de la Nación, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. Al igual que ella, es miembro de la agrupación Justicia Legítima.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia funciona con cuatro de sus siete miembros, ya que existen tres vacantes por cubrir
El Consejo de la Magistratura bonaerense envió este año al menos 150 pliegos con ternas de candidatos para cubrir alrededor del 20% de los cargos de jueces, camaristas, fiscales, defensores y asesores tutelares que permanecen vacantes en el Poder Judicial. Es uno de los temas que el nuevo jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, negocia con la oposición para resolver la compleja agenda judicial en la provincia de Buenos Aires, para lo cual se viene reuniendo con distintos actores de relevancia.
En el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires confluyen dos esferas de gestión: la Administración de Justicia y el Ministerio Público. La máxima autoridad es la Suprema Corte de Justicia provincial, para nada ajena al fenómeno de los cargos sin cubrir. De hecho, funciona en la actualidad con cuatro de sus siete miembros, y tres vacantes por cubrir.
Por fuera de las previsiones edilicias y de equipamiento, el presupuesto provincial que analiza la Legislatura bonaerense no prevé un incremento de partidas para cargos en el Poder Judicial, excepto la creación de algunos juzgados de familia. Se trata de una decisión contradictoria, pues no contempla la necesidad de otros operadores imprescindibles del sistema de familia, como defensores y asesores de menores.
En este contexto se disparan los índices de litigiosidad en la amplia mayoría de los fueros. Según los datos oficiales, tanto en el de paz como en el de familia el incremento ronda el 50%. En el penal, orilla el 15%. Las cifras también son significativas en el fuero contencioso administrativo. Se presenta de este modo un panorama de más casos y conflictos por atender, con menor número de magistrados. Con dispendios en numerosas áreas, en esta tan sensible no caben recortes de gastos.
El deterioro del nivel salarial es otro dato inquietante. Comparado con el resto de las jurisdicciones (la Nación, las 22 provincias y la ciudad de Buenos Aires), el distrito bonaerense ocupa el decimosexto puesto en esa escala. En algunas categorías, la posición es incluso más baja. Esa caída en los ingresos resiente una función estatal esencial y conspira contra el cumplimiento de principios tutelares básicos impuestos por tratados internacionales, normas constitucionales y legales ligadas a la posibilidad efectiva de acceder al servicio de justicia.
El sistema penitenciario también genera honda preocupación como otro ingrediente de una política carente de objetivos, claramente sustentada en prejuicios ideológicos y doctrinas tan anacrónicas como inoperantes
El equilibrio de poderes, base del sistema republicano, está amenazado en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de este fenómeno y constituye un riesgo palpable. La búsqueda de mejores remuneraciones y condiciones laborales es el principal motivo por el que empleados, funcionarios y magistrados migran a jurisdicciones vecinas y al sistema federal. La intención de trasladar sobre ellos la responsabilidad propia de los poderes políticos deriva también en una sistemática desacreditación del Poder Judicial.
Todos estos datos configuran un grave estado de descomposición institucional que debería alertar a la ciudadanía y a los diferentes sectores sociales, planteando cuánto hay, en sus raíces, de desaprensión, de desconocimiento de la realidad y del manejo de la cosa pública, o de actitud deliberada, con miras a un sistema de jueces militantes con una Justicia asimilada, estructural y funcionalmente, al Poder Ejecutivo.
La gravedad de la situación mantiene movilizado al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, al Colegio de Abogados bonaerense y a la propia Suprema Corte provincial, que presentaron y promovieron mejoras, sin que hayan recibido un adecuado tratamiento.
El sistema penitenciario de resguardo, protección y readaptación de las personas privadas de la libertad también genera honda preocupación como otro ingrediente de una política en la materia carente de objetivos; claramente sustentada en prejuicios ideológicos y doctrinas tan anacrónicas como inoperantes. También en este terreno se revela la ausencia de un plan integral que contemple de manera ineludible los aspectos edilicios, la capacitación del personal penitenciario, el sistema educativo y de readaptación articulado con planes de salida laboral y educativa.
El año pasado el Poder Judicial bonaerense cumplió doscientos años de existencia. Lo que pudo ser una ocasión para celebrar el bicentenario lo encuentra en una franca descomposición derivada de la degradación de su autonomía e independencia con grave perjuicio para el ejercicio de los derechos y garantías de todos los habitantes de la provincia.
Mañana: La degradación de la Suprema Corte bonaerense
Fuente: La Nación
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