El proyecto kirchnerista para seguir sumando al sistema jubilatorio personas que no cuentan ni con los años de servicios ni con los aportes exigidos por ley representa otro paso más hacia el precipicio previsional por cuya cornisa transita nuestro país.
En esta oportunidad, el sector del bloque oficialista del Senado que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner sostiene que no se trata de una moratoria, sino de un programa para pagar deuda previsional, y que su impacto económico es “casi nulo” para las arcas de la Anses.
Según la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, “todos sabemos que los que este año y el que viene cumplirían 60 y 65 años (en el caso de mujeres y hombres, respectivamente) han atravesado vastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral”. Consideró que “han atravesado la dictadura, la hiperinflación, los picos de desocupación” y que eso les ha hecho dificultoso cumplir con todos los aportes de rigor. Lo que no dice la legisladora es que 15 de esos años –por no contabilizar todos los gobiernos peronistas que se sucedieron desde 1983 hasta acá– lo protagonizaron gestiones kirchneristas que han contribuido decididamente a horadar el sistema laboral legal, sosteniendo y aumentando el trabajo en negro y precario, anteponiendo planes y subsidios al empleo en blanco, y saturando el sistema previsional con la inclusión de más y más jubilados sin aportes previsionales en detrimento de quienes han cumplido con todas sus obligaciones durante al menos 30 años de servicio. A todas luces, un accionar que no ha sido ni inclusivo ni solidario por más que se lo quiera mostrar de esa manera.
El actual método de reparto se financia en alrededor del 60% con aportes genuinos; el resto proviene de ingresos tributarios o de aportes del Tesoro. No será con nuevos impuestos ni con parches como hallaremos una solución a la acuciante situación de nuestro sistema previsional
Se trata, lisa y llanamente, de seguir tensando con este proyecto una cuerda que ya no soporta más estiramientos ni en lo económico ni en lo ético. Mientras miles de jubilados esperan que la Anses acate las órdenes judiciales de reajustes por cobros mal hechos, mientras millones de jubilados reciben un haber mínimo irrisorio que no les permite vivir con dignidad y mientras el Estado hace la vista gorda y permite que continúen las jubilaciones de privilegio como las de Cristina Kirchner, doble beneficiaria que percibe mensualmente unos 3,5 millones de pesos, el oficialismo sigue pensando en parches demagógicos en lugar de abocarse a repensar el sistema en su conjunto para que deje de ser tan injusto como discriminatorio.
Desde 2003 hasta la fecha, se han puesto en marcha moratorias que incrementaron en cerca de cuatro millones el número de beneficiarios de jubilaciones; en su mayoría, personas que jamás habían efectuado los aportes de ley o que lo habían hecho de manera insuficiente. Entre otras excentricidades, se anunció que podrían jubilarse los desocupados y obtener años de aportes “por tareas de cuidado” las mujeres que hayan criado hijos.
No resulta menos criticable el hecho de que el kirchnerismo fundamente este nuevo desaguisado en que el mes próximo vence una ley que dejaría fuera del sistema previsional a unas 500.000 personas a las que, pese a su situación irregular, ya se les había prometido integrarlas. Como si eso no fuera suficiente, debe agregarse que, según los propios dirigentes kirchneristas, este nuevo proyecto ni siquiera fue conversado con el Ministerio de Economía, lo cual implica admitir que importa más la puja interna dentro del Gobierno, que especula con medidas efectistas dirigidas a captar votantes, que hallar soluciones sustanciales para problemas estructurales que condicionan gravemente el porvenir de todos los argentinos por igual.
Como hemos dicho recientemente desde estas columnas, la inviabilidad presente y futura del sistema previsional es cada vez más evidente y se hace imprescindible encarar una profunda reforma que, por ejemplo, tenga en cuenta el aumento de la edad jubilatoria y su equiparación entre mujeres y hombres. Hemos pasado de contar inicialmente con cuatro aportantes activos por cada jubilado a apenas menos de dos en la actualidad. Ello, sumado al aumento de la esperanza de vida, también impone generar mecanismos de ahorro y capitalización que impidan que el sistema colapse.
El actual método de reparto se financia en alrededor del 60% con aportes genuinos; el resto proviene de ingresos tributarios específicos o de aportes del Tesoro. No será con nuevos impuestos, ni haciendo uso de la política de la sábana corta, ni con más parches como hallaremos una solución a este tan acuciante como delicadísimo problema. Es hora de dar la verdadera discusión, la que impida que caigamos sin más trámite en el fondo del precipicio.
Fuente: La Nación
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