La intención del gobierno de Axel Kicillof de volver a modificar la ley que pone topes a la reelección de los intendentes reaviva peligrosamente el nefasto hábito de intentar garantizarse la perpetuidad en el ejercicio de cargos públicos.
Según trascendió, representantes de Kicillof en la Legislatura provincial están dispuestos incluso a ceder a la oposición puestos en la Corte bonaerense con tal de conseguir los votos que le faltan al oficialismo para modificar la ya vapuleada ley 14.836.
Se trata de la sabia norma que en 2016 dispuso que los intendentes duraran en sus funciones cuatro años con la posibilidad de una sola reelección consecutiva, pudiendo aspirar a volver al poder luego de transcurrido un intervalo equivalente al de un mandato.
La ley fue sancionada durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, a quien dirigentes de su propio sector político acusaron de haberla reglamentado de manera defectuosa. Sucede que el decreto de Vidal, de 2019, sostenía que el tope reeleccionario abarcaba a quienes habiendo sido elegidos para un segundo mandato consecutivo hubieran “ejercido por más de dos años, continuos o alternados”. Eso llevó a que muchos intendentes de signos políticos variopintos renunciaran o pidieran licencia antes de cumplir un bienio en el cargo, de modo que no se les pudiera contabilizar como un primer mandato, violando así la propia norma al procurarse en los hechos la posibilidad de una tercera e indebida elección consecutiva.
Parte de la política, que es sumamente lerda para resolver los problemas de los ciudadanos, pero rapidísima para legalizar sus privilegios, prebendas y canonjías, quiere redefinir este tema cuanto antes, cueste lo que cueste
En 2021, la Legislatura volvió sobre el tema tratando de encarrilar la situación en cuanto a poner límites estrictos se refiere. Se modificó la ley para aclarar que el tope era de dos períodos consecutivos “sin importar que el cargo haya sido ejercido total o parcialmente”. Sin embargo, se dispuso que, en lugar de considerar primer período el transitado desde 2017, como figuraba en la norma original, también se tuviera en cuenta como primero el iniciado en 2019, con lo que algunos intendentes pasaron a desempeñarse por más de los ocho años permitidos de forma continua. Del tramposo artilugio salieron beneficiados tanto candidatos de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio.
Cuando la norma bonaerense fue sancionada en 2016, al voto positivo de los legisladores macristas para limitar las reelecciones consecutivas se sumaron los del sector de Sergio Massa. Habrá que ver qué peso político tendrá la representación parlamentaria del excandidato presidencial perdidoso a la hora de sumar avales en caso de llegar a tomar más impulso la arremetida de Kicillof y en qué nivel de acercamiento o de confrontación se hallará su asociación con el gobernador y con el legislador nacional Máximo Kirchner. Hoy, más de la mitad de los diputados de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires pertenecen al Frente Renovador y diez de ellos concluyen su mandato el año próximo.
Parte de la política, que es sumamente lerda para resolver los problemas ciudadanos, pero rapidísima para legalizar sus privilegios, prebendas y canonjías, quiere redefinir este tema cuanto antes, cueste lo que cueste. Sin dudas, se está pergeñando otra escandalosa maniobra en la provincia de Buenos Aires. Y no habría que descartar que la intención final sea la reelección indefinida, como tienen Formosa y Santa Cruz, un nefasto mecanismo que termina instaurando feudos donde debería haber alternancia en el poder. Cabe esperar que en Santa Cruz, donde los ciudadanos decidieron terminar con la hegemonía del kirchnerismo, el gobernador Claudio Vidal impulse la derogación de la reelección indefinida. Distinto es el caso de Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán actúa como arbitrario amo y señor desde hace 29 años en forma ininterrumpida, un auténtico escándalo sobre el cual debería expedirse la Corte Suprema de Justicia.
Los cálculos especulativos pueden resultar densos y complicados, pero son necesarios para entender –nunca justificar– el ingente esfuerzo de cierta parte de la dirigencia política por hacerle honor a la vieja frase “hecha la ley, hecha la trampa”.
Fuente: La Nación
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