Hace pocos días el papa Francisco concedió el estatus de “Asociación Privada de Fieles” de carácter internacional al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), nacido en Buenos Aires en 2017 y formalmente reconocido por el Vaticano en 2019, a pedido de uno de sus fundadores, el magistrado porteño Roberto Andrés Gallardo, a quien ahora le asignó su presidencia para el período 2023-2028. Bajo dependencia de esa asociación, creó el Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo. El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni fue nombrado para integrar su junta académica y fundadora por el mismo período.
De buenos lazos con el Vaticano, Zaffaroni y Gallardo habían participado allí a fines de marzo de una cumbre sobre “Colonialismo, descolonización y neocolonialismo: una perspectiva de justicia social y bien común”, con participación de jueces, académicos y personalidades latinoamericanas.
Como persistente detractor de numerosas gestiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el “militante” juez Gallardo emitió controvertidos fallos como el de suspensión del sistema de vigilancia y reconocimiento facial de prófugos. Fue quien en agosto de 2022 hizo lugar a la acción de amparo que pedía que el jefe de gobierno porteño retirara el vallado y las medidas dispuestas por la Policía de la Ciudad en inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner, medida que le valió una recusación por falta de imparcialidad. Previamente, en 2018, había impedido que se aplicara la reglamentación sobre el uso de armas de fuego por efectivos policiales en la ciudad de Buenos Aires.
Al repasar las actuaciones de tan controvertidos personajes, cabe destacar el público apoyo de Zaffaroni a Cristina Kirchner en las causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta. Llegó a sugerir públicamente, en agosto de 2022, que si ella era condenada, el presidente Alberto Fernández tendría que indultarla, por entender que es objeto de una persecución política. Del mismo modo, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), promovió el indulto del condenado exvicepresidente Amado Boudou.
En su paso por el Poder Judicial, donde fue juez nacional en lo criminal y miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, años antes de ser designado en la Corte Suprema de Justicia, dejó nefastos antecedentes. Basta recordar el escandaloso caso Tiraboschi, en el que el entonces juez Zaffaroni le redujo la pena a un hombre que obligó a practicarle sexo oral a una niña de ocho años, esgrimiendo que lo había hecho mediante un juego y con la luz apagada, lo que convertiría al abuso en menos traumático. Un fallo revelador de una perversa escala de valores.
Una investigación periodística de 2011 detectó que seis departamentos de su propiedad eran utilizados por mujeres que brindaban servicios sexuales. Ricardo Montivero, apoderado de Zaffaroni y quien dijo estar a cargo de su alquiler, fue condenado a pagar una multa por violación a la ley de profilaxis. El exjuez argumentó que él era solo una inocente víctima de lo que consideró una desnaturalización del contrato de locación.
Resulta inexplicable su designación cuando en múltiples ocasiones Francisco se manifestó en contra del tráfico de drogas, cuya legalización defiende Zaffaroni, y en contra de la prostitución y la trata de personas que sufren la indiferencia y el descarte de parte de la sociedad.
Por sus implicancias, tal vez lo más grave de su foja de servicios es su condición de principal impulsor del llamado garantismo –en rigor, abolicionismo de la ley penal– en la Argentina, cuyos graves efectos nuestra sociedad paga a diario en vidas. Demasiados jueces abrevan en esta doctrina, traducida en la libertad de un sinnúmero de detenidos con graves antecedentes que vuelven a delinquir.
A los referidos antecedentes, suficientes para considerar más que cuestionable su mera nominación, se suma la férrea defensa por parte de Zaffaroni de la teoría del lawfare, que hace referencia a supuestas operaciones de manipulación judicial, política y mediática para desprestigiar, enjuiciar y encarcelar a figuras públicas de relevancia. No hace mucho, esta doctrina fue recogida en un discurso público por el papa Francisco, quien afirmó que con la instrumentación del lawfare se persigue “reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario”. Se trata, sin embargo, de una teoría que ha sido utilizada por altos funcionarios, justificadamente acusados de corrupción con categóricas pruebas, para garantizarse impunidad.
Nombramientos de esta índole, que solo pueden traducirse como un respaldo del Papa a la acción de determinados jueces, resultan injustificables y en nada contribuyen a desandar la profunda grieta que padece la sociedad argentina cuando el Santo Padre vuelve a tomar tan clara posición. Se alejan incluso del sentido común, toda vez que el Sumo Pontífice, frente a la agresiva polarización existente, ha insistido reiteradamente en la necesidad de promover liderazgos que pacifiquen y ayuden a superarla.
Fuente: La Nación
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