El director de la radio El Destape, Roberto Navarro, quedó comprendido en la figura que establece el artículo 212 del Código Penal, que reprime con prisión de tres a seis años a quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”. Lo interpretó la doctora Silvina Martínez, de la Asociación Civil Bajo la Lupa, quien sostuvo que los dichos de Navarro no están relacionados con la libertad de expresión, sino con el delito.
Navarro es un periodista militante kirchnerista devenido en empresario gracias a la abundante pauta oficial que recibió y que, según datos del Enacom, ascendió a más de 130 millones de pesos en los últimos dos años, cifra que le permitió hacerse de la frecuencia que fue de Radio El Mundo. Es también quien en 2015 anunció con estridencia en C5N el supuesto triunfo de Daniel Scioli sobre Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de ese año, blooper que se repitió en 2019 con los candidatos del Frente de Todos en los comicios de Mendoza y, en 2021, en los de la provincia de Buenos Aires.
En esta oportunidad, Navarro al comentar el escrache que sufrió el actor Pablo Echarri, responsabilizó del hecho a “los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul”, a quienes acusó de estar generando violencia. “Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo tenemos que hacer para frenarlos. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos”, aseguró.
En forma inmediata, diversos referentes de la oposición política, así como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Fundación LED (Liberad de Expresión + Democracia) repudiaron tales inaceptables declaraciones.
Anteceden a Navarro en la práctica de este nefasto accionar otros dirigentes kirchneristas, quienes, entre otras deplorables acciones, arengaron en 2011 a escupir fotos de diversos periodistas.
Con sus dichos, Navarro ha ido todavía más allá del reprochable escrache: incitó a la violencia sembrando el miedo y pretendiendo silenciar a quienes no piensan como él ni reciben dineros del Estado para militar en favor de una expresión político-partidaria.
La libertad de expresión en un sistema democrático exige aceptar y convivir con diferentes opiniones, pero no es compatible con la actitud amenazante y autoritaria de este periodista, quien desde un micrófono justifica y arenga en forma irresponsable una eventual utilización de la violencia contra la integridad y la labor de sus colegas, alimentando el odio y la división.
Fuente: La Nación
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