El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta con tres secretarías y seis subsecretarías, donde trabajan 1004 empleados y 211 asesores con un presupuesto de 17.000 millones de pesos. Desde su creación, en diciembre de 2019, fue tomando un empleado por día (incluyendo domingos y feriados) aunque solamente 15 funcionarios entraron por concurso público, violando lo dispuesto por la ley 25.164. Ese aluvión de designaciones por excepción es un signo inequívoco del propósito político de utilizar esa nueva estructura para acoger militantes, amigos y parientes.
No está en duda la importancia de cerrar la brecha entre los sexos ni de prevenir la violencia contra las mujeres ni de educar con perspectiva de género ni de formar a la población en igualdad y diversidad. Lo que está en duda es si un país conducido a los niveles más abyectos de pobreza e indigencia por una coalición irresponsable puede gastar esas sumas de dinero en provecho de quienes ahora ostentan esos cargos y de quienes son contratados para ejecutar programas pagados con inflación.
Si la sociedad argentina quiere un gran abanico de prestaciones públicas para “comer, educar y curar” en forma gratuita y eficaz, ampliando el radio de giro del compás presupuestario, debe achicar el gasto de la política, aceptar reformas estructurales y recrear la confianza
Los organismos del Estado no son compartimentos estancos y cada centavo que se asigne a uno debe medirse con igual vara de creación de valor que a los demás. Hay una jerarquía de necesidades que van de mayor a menor. Los países más pobres solo pueden dedicar recursos a lo mínimo y crean ministerios de nombres larguísimos como advocaciones para que el cielo provea lo que el desgobierno les niega. El Ministerio de las Mujeres parece un caso similar al Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, de Venezuela, o al Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, de Afganistán.
A medida que los países prosperan, ministerios de nombres más escuetos incorporan nuevas prestaciones preservando la visión de conjunto para que los fondos públicos se asignen con igual criterio, al priorizar lo primordial y diferir lo secundario.
El amplio mapa de deseos argentinos es extenso y ocupa toda una mesa de trabajo, pero en el centro se encuentra clavado un compás que traza el círculo de las verdaderas posibilidades. Allí figuran campañas de salud, programas educativos, becas para científicos, inversiones ambientales, atención a grupos vulnerables, acompañamiento escolar, enfermedades costosas, discapacidades, pueblos originarios, internet en áreas postergadas, inclusión para discapacitados, informatización de escuelas, planes de viviendas, combate del narcotráfico, radarización de fronteras y tantísimas otras acciones en letra grande y en letra chica. Sin embargo, muchísimos de esos anhelos quedan fuera del trazo del compás presupuestario, cuyo radio de giro se ha ido reduciendo en proporción inversa a la del crecimiento del déficit fiscal, la emisión monetaria y la pauperización colectiva.
En materia de viviendas, después de 30 años de peronismo en la provincia de Buenos Aires y 25 años en la Nación, cinco millones de personas se hacinan en 4400 villas de emergencia y asentamientos en todo el país, sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo. La mayor parte habita en el conurbano bonaerense. En cuanto al agua potable, un 15% de la población no tiene acceso a una red pública y la mitad carece de cloacas.
Son muchísimas las necesidades colectivas y solo pueden satisfacerse en la medida que haya crecimiento, basado en la inversión privada, para que el Estado cuente con recursos genuinos. Hemos señalado en estas columnas que “al Estado hay que merecerlo”. Si la sociedad argentina quiere un gran abanico de prestaciones públicas para “comer, educar y curar” en forma gratuita y eficaz, ampliando el radio de giro del compás presupuestario, debe achicar el gasto de la política, aceptar reformas estructurales y recrear la confianza. En el presupuesto 2023 se ha reducido el 15,5% las partidas para educación porque el populismo ha tocado el fondo de la olla. En el país de las vacas gordas o granero del mundo se pasa hambre: la mayoría de los adultos y los niños en hogares con ingresos de hasta 60.000 pesos mensuales saltean una comida.
En ese contexto, no es serio que exista un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con cargos y remuneraciones similares a otras estructuras que gestionan la salud, la educación, la seguridad o las relaciones exteriores. Por ejemplo, en las posiciones superiores de esa cartera existen dos secretarías: la de Políticas contra la violencia por razones de género y la de Políticas de igualdad y diversidad. Bajo la primera, una Subsecretaria de abordaje integral de las violencias por razones de género y otra de Programas especiales contra la violencia por razones de género. En cuanto a la segunda, está secundada por una Subsecretaria de Políticas de igualdad y otra Subsecretaria (como era previsible) de Políticas de diversidad. En los niveles inferiores del organigrama proliferan cargos de altísimo nivel, como directoras nacionales, con funciones que carecen de iguales responsabilidades que sus equivalentes en los ministerios de Salud, Educación, Interior, Justicia o Relaciones Exteriores. El autor de las misiones y funciones debió inventar programas para darles ocupación y gastar cifras que bien desearían aquellas otras jurisdicciones, sujetas a la poda subrepticia de Sergio Massa.
En tiempos de crisis, la joven ministra Ayelén Mazzina podría hacer lo que omitió su predecesora. En un acto de modestia personal, sensibilidad social y respeto por lo público, debería proponer una reducción drástica de su propia estructura, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Desarrollo Social, para que su colega Victoria Tolosa Paz coordine desde allí acciones con provincias y municipios. Una forma austera y adecuada a los tiempos que corren para cumplir con los objetivos del Ministerio de las Mujeres. Por lo menos, como repliegue táctico hasta que la Argentina alcance los niveles de Noruega, objetivo que se fijó Alberto Fernández al comienzo de su gestión y que seguramente logrará cuando lo dejen gobernar.
Es obvio que el kirchnerismo se opondrá a esa medida, pues apostó a un mal entendido feminismo y a otros ruidosos y minoritarios colectivos identitarios, según surgió del censo, para construir poder. Los estudiantes, los enfermos y los jubilados carecen de gravitación en las urnas y en las calles. La educación, la salud y la tercera edad ocupan un lugar inferior en la jerarquía ética del Instituto Patria que solo busca la impunidad de la vicepresidenta. Entretanto, prefiere mantener su relato y la ilusión feminista aunque la inflación sumerja a todos y todas en las aguas oscuras de la miseria creciente.
Fuente: La Nación
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