Contra lo que suele suceder, el número de funcionarios de las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández que permanecen en la flamante administración de Javier Milei supera lo esperado.
Nada habría de criticable en esa perseverancia de los involucrados por mantenerse en posiciones públicas o en exteriorizar una presunta vocación innata por servir de tal manera los intereses generales de la sociedad. Lo que genera dudas es la contradicción entre la continuidad en altos cargos –algunos de relevancia clave– de tantas personas y el anticipo de Milei de que haría tabula rasa con la casta política. Es posible que entre quienes han cruzado de aquella forma el Rubicón haya algunos especialistas en materias intrincadas, al punto de que sustituirlos fuera una tarea más que ardua, imposible con los flacos cuadros propios. Seguramente hay coincidencias en la sociedad respecto de que conservar a Daniel Scioli en Brasilia no ha obedecido a la voluntad de evitar la pérdida de un experto en temas diplomáticos a la altura de Luis María Drago o, en términos más modernos, de Carlos Ortiz de Rozas. Habrá de aceptarse, en todo caso, que si el viejo deportista náutico ha logrado colocarse por encima de diferentes rispideces entre la Argentina y Brasil durante el período de Jair Bolsonaro y, ahora, de Luiz Inacio Lula da Silva, ha sido tal vez mientras la cancillería argentina se toma algún tiempo más para ponerse en forma en consonancia con las directivas de la Casa Rosada. Después se verá, teniendo en cuenta las grandes tradiciones de nuestra relación diplomática con Brasil. En sucesivas épocas se impusieron en la embajada argentina nombres de la significación de Felipe Espil, Carlos Muñiz, Mario Amadeo y Oscar Camilión, entre otros.
No está mal, tampoco, que haber retenido en los albores de la administración de Milei algunas figuras de gobiernos kirchneristas sea una manifestación pragmática del objetivo de obtener consensos tan indispensables para la gobernabilidad del país. Como tampoco ha estado nada mal el anuncio del Presidente, y de alguno de sus adláteres, de que no es un propósito del flamante oficialismo perseguir a nadie por haber sido parte del gobierno derrotado en las urnas. Más todavía, se hizo saber que las causas por corrupción abiertas contra figuras emblemáticas del kirchnerismo –y, en algunos casos, con sentencias apeladas y, en otros, firmes– deberán correr por los cauces naturales de una Justicia libre en las decisiones e independiente respecto de las políticas que prevalecen en otros poderes.
Si esos son los principios que están en vigor, bienvenidos; han sido siempre los nuestros. De todas maneras, deberá hacerse notar al Presidente el estado de prevención existente en una franja considerable de la sociedad que terminó votándolo, a raíz de los acuerdos, llamémoslos inconcebibles desde la experiencia política, de los que La Libertad Avanza participó en la gestación de listas de candidatos en los comicios pasados. En el Senado bonaerense está el ejemplo vivo de Sergio Vargas, un exfuncionario adscripto al massismo y próximo a Guillermo Michel, hasta hace días director de la Aduana. Vargas ha formado ahora su propio bloque.
Ha habido en danza nombres inobjetables, como el del exembajador y secretario de Estado, Guillermo Nielsen, designado para representar a la Argentina en Paraguay, o el de Marco Lavagna, ratificado en su posición como titular del Indec. Pero junto a los nombres de quienes han cambiado de funciones públicas o han sido ascendidos desde el 10 de diciembre en Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Minería, la Superintendencia de Servicios de Salud, la representación argentina ante el BID o la presidencia del Correo Argentino, entre otros cargos, se aparea una pregunta inevitable: ¿toda esta carrada de figuras está debidamente consustanciada con la voluntad de erradicar la corrupción de la administración pública? ¿Apuestan ellos a lograr en el manejo de los negocios del Estado un grado de eficiencia que ha estado por completo ausente en los tejes y manejes de Néstor y Cristina Kirchner y su torpe sucesor Alberto Fernández?
La exorbitancia de lo que trascendió que se atrevió a pagar con su mujer por la despedida de fin de año en un hotel de lujo en Madrid –minimizado por su entorno, que solo busca justificarlo– lo coloca nuevamente en un rango aparte. Su desparpajo ofende una vez más a los argentinos que querrían ver su rendición de cuentas ante la Justicia.
Si el representante del Estado se abstendrá de intervenir en punto a la impugnación ante la Justicia del cobro de dos pensiones por 15 millones de pesos, o suma aproximada, por parte de la exvicepresidenta. O si el Estado, en dirección opuesta a lo resuelto por el anterior gobierno nada hará a fin de restaurar las facultades de querellar de la Oficina Anticorrupción, según denunciaron la diputada Graciela Ocaña y la exdirectora de la Unidad de Información Financiera durante la época de Macri, María Eugenia Talerico, son cuestiones dignas de tenerse en cuenta. Son hechos que dejan la puerta abierta a suspicacias sobre negociaciones realizadas a espaldas del interés general y de la esperanzada ilusión ciudadana de que las prácticas políticas mejoren radicalmente de aquí en adelante.
Se necesitaban tripas especiales para trabajar cuatro años, o más, al lado de los personajes más nefastos que recuerde la historia política argentina. Tengamos la prudencia, como decía Mitre, de que la historia se haga cargo del pasado y dejemos en ese tema lo que deba decirse a la conciencia de cada uno.
Estemos, de todos modos, atentos a que nada manche el ejercicio de una administración que podrá equivocarse en más de un asunto y, sin embargo, conservará, hasta que no se demuestre algún desvío doloso o de grave culpabilidad, el derecho humano al error. Para que ese derecho no corra el riesgo de desnaturalizarse por malas interpretaciones, el Gobierno deberá realizar una permanentemente tarea pedagógica sobre los fundamentos de sus objetivos.
Una prueba en ese sentido sería que explique claramente, por ejemplo, por qué alardea de la voluntad de acabar con todos los privilegios inadmisibles en el país y deja intacta a la industria más privilegiada de la Argentina, la que está asentada en Tierra del Fuego. ¿O no?
Fuente: La Nación
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