ay ideas que nunca mueren. No porque sean correctas, sino porque resultan irresistibles. El llamado “impuesto a los millonarios” —que hoy intentan imponer con entusiasmo y a escala global gobiernos como los de Brasil y España— pertenece a esa categoría: propuestas que regresan una y otra vez, inmunes a la evidencia, sostenidas más por la seducción política que por la lógica económica.
El argumento es siempre el mismo: los más ricos -se suele decir- deben contribuir más. No en el sentido razonable de un sistema tributario progresivo, que ya existe en la mayoría de los países, sino mediante un gravamen específico sobre el patrimonio, pensado erradamente como instrumento de justicia redistributiva.
La idea suena bien. Demasiado bien. Y precisamente por eso merece desconfianza. Porque detrás de esta formulación aparentemente simple se esconde una concepción profundamente equivocada del funcionamiento de la economía. Se parte de la premisa de que la riqueza es un stock estático, acumulado casi por capricho, y no el resultado dinámico de procesos de inversión, riesgo, innovación y trabajo.
Gravar ese stock como si fuera una reserva inerte equivale, en los hechos, a castigar el proceso que lo generó.
Pero el problema no es sólo teórico. Es empírico, pues cada intento serio de implementar impuestos de este tipo ha producido resultados previsibles: fuga de capitales; relocalización de contribuyentes, erosión de la base imponible y, en última instancia, una recaudación muy inferior a la prometida.
Europa ofrece múltiples ejemplos de este recorrido, donde países que alguna vez adoptaron impuestos patrimoniales terminaron por abandonarlos ante su ineficacia.
Y la Argentina no necesita mirar tan lejos para encontrar confirmación. En su momento, el llamado “Aporte solidario y extraordinario” —una de las tantas variantes locales del impuesto a la riqueza— fue presentado como una herramienta excepcional para enfrentar una situación de emergencia. Su implementación estuvo rodeada de un discurso pseudomoralizante que señalaba a los contribuyentes alcanzados como destinatarios naturales de una carga adicional.
Los países que han logrado reducir la pobreza de manera sostenida lo hicieron fomentando la acumulación de capital, atrayendo la inversión y multiplicando la riqueza
El resultado fue tan previsible como elocuente, pues, lejos de constituir una fuente sostenida de recursos, el impuesto generó litigiosidad, incentivó la reorganización patrimonial fuera del país y reforzó una tendencia que la Argentina conoce demasiado bien: la huida silenciosa del capital y de quienes están en condiciones de generarlo.
Como suele ocurrir, el efecto simbólico fue mayor que el económico. Se obtuvo un rédito político inmediato —la satisfacción de “hacer pagar a los ricos”— a costa de deteriorar, una vez más, la previsibilidad del sistema.
Sin embargo, la propuesta reaparece. Y reaparece envuelta en una retórica cuidadosamente diseñada: desigualdad, justicia y desarrollo sostenible. Palabras nobles que, en este contexto, funcionan como lo que los norteamericanos llaman glittering generalities: conceptos brillantes que ocultan más de lo que explican. Porque la cuestión central no es quién paga más, sino qué sistema permite que haya más para repartir.
Los países que han logrado reducir la pobreza de manera sostenida no lo hicieron castigando la acumulación de capital, sino fomentándola. No penalizando la inversión, sino atrayéndola. No demonizando la riqueza, sino multiplicándola. Y el impuesto a los millonarios invierte esa lógica.
Parte de una intuición políticamente rentable: gravar a una minoría poco simpática para financiar demandas mayoritarias. Pero ignora un dato elemental: en economías abiertas, el capital es móvil. Y, cuando se lo grava más allá de cierto umbral, simplemente se va.
Lo que queda no es justicia. Es menos inversión, menos empleo y, paradójicamente, menos recursos para el propio Estado.
La redistribución sin creación previa termina siendo, inevitablemente, un juego de suma cero
Hay además un componente moral que no debería pasarse por alto. Estas propuestas suelen apoyarse en una narrativa implícita: la de que la riqueza es, en alguna medida, sospechosa y condenable. Que quienes la han acumulado deben ser objeto de una contribución extraordinaria por el solo hecho de haber tenido éxito económico.
Es una forma elegante de decir lo que no se dice abiertamente: que crear valor merece, en el fondo, una sanción. No sorprende, entonces, que este tipo de iniciativas provenga de espacios políticos que, en lugar de preguntarse cómo generar riqueza, se concentran en cómo redistribuirla. El problema es que la redistribución sin creación previa termina siendo, inevitablemente, un juego de suma cero… o peor. Quizá porque estas propuestas no buscan tanto resolver problemas como ofrecer relatos en los que siempre hay un responsable claro -los ricos- y una solución aparentemente sencilla: gravar su patrimonio.
La realidad, como suele ocurrir, es más compleja y menos complaciente. Porque la riqueza no se crea por decreto ni se la redistribuye por ley. Y cuando se castiga sistemáticamente a quienes la crean, el resultado no es una sociedad más justa. Es una sociedad más pobre, con menos inversión, menos empleo y menos oportunidades.
Lo verdaderamente preocupante no es que estas ideas se formulen. Es que se celebren. Porque cuando eso ocurre, en el mejor de los casos, estaremos ante una sociedad insensata que aplaude el castigo a la riqueza… sin advertir que está debilitando la fuente misma de su prosperidad. Y, en el peor, nos encontraremos frente a una sociedad cada vez más pobre que, en nombre de la justicia, terminará administrando su propia decadencia.
Pero si todas estas objeciones resultan ya decisivas en el ámbito de cada país, la iniciativa de trasladar este esquema a nivel global revela una dosis adicional de irrealismo. No solo sería deletérea: sería, en los hechos, impracticable, más allá de la publicidad que puedan recibir sus promotores.
¿Quién decide quién es “rico” en cada jurisdicción? ¿Bajo qué estándares? ¿Con qué mecanismos de fiscalización? ¿Y con qué autoridad efectiva para imponerlos en economías abiertas, con sistemas tributarios profundamente dispares?
La respuesta, hasta ahora, es elocuente por su ausencia. Y, en ese vacío, lo que se anuncia como un avance coordinado de la justicia fiscal corre el riesgo de convertirse en lo que tantas veces ha sido: una ilusión bien presentada y una frustración asegurada que impacta negativamente en toda la sociedad.
Fuente: La Nación
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