Todos los sectores de la economía han sido degradados, de un modo u otro, por el régimen kirchnerista, y pocos pagaron tanto los efectos negativos como el campo. Es entendible, por ende, el alivio perceptible en ese sector de la producción nacional y la expectativa con que asiste a una renovación que llega con promesas de desregular lo que se había regulado hasta lo inaudito. Ha habido trabas burocráticas infinitas; en particular, a la exportación de granos y carnes, en un país que paradójicamente se desespera por la falta de divisas.
La vieja cuestión de las retenciones está presente una vez más en lógicas controversias sobre qué conviene a la nueva administración realizar en aras del interés nacional. Encuentra esta al campo golpeado por muchas razones, entre las que sobresale, por su impacto más reciente, la sequía. No pocos productores la han padecido en tres de las últimas cuatro campañas.
Sus consecuencias se apreciarán este año, en que el Gobierno ingresará por derechos de exportación sobre los productos agropecuarios 4120 millones de dólares. Será un 60% menos que lo recaudado en 2022 por ese concepto, que fue de 9723 millones de dólares. Si a tal situación se suma el estado general de desastre económico en que el nuevo gobierno se hará cargo del poder, se comprenden las manifestaciones de contemporización de voceros agropecuarios ante los primeros anuncios del presidente electo.
Las retenciones a las exportaciones agrícolas y cárnicas no se eliminarán de cuajo, pero estarían sometidas a una reducción gradual. Javier Milei ha dicho que primero habrá que abrir el mercado de cambios y lograr la unificación cambiaria, mientras que doblegar a la inflación insumirá entre 18 meses y dos años.
El campo ha invertido en los peores escenarios, como han sido los de estos últimos lustros. Podría haber aportado bastante más a la riqueza nacional bajo otras condiciones, pero mal podría soportar indefinidamente un cuadro de imprevisión impuesto por las políticas públicas. Necesita que la política restaure el valor de la palabra, esencial en la relación entre el sector privado y el Estado.
Las próximas autoridades cuentan con estudios de entidades como la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, demostrativos de que la disminución de las retenciones sobre la soja, del actual 32% al 21%, y la eliminación inmediata de ese gravamen sobre los restantes productos atenuará el impacto sobre la caja del Estado nacional, hará crecer la recaudación por otros impuestos y generará una mayor actividad económica. Por retenciones sobre la soja el Estado percibirá este año 3443 millones de dólares, y por maíz, que es la segunda cosecha en orden de importancia anual, no más de 461 millones de dólares.
A raíz del clima adverso, el trigo ha descendido del tercero al último lugar en cuanto a lo que el Estado recauda por el tributo que castiga a la actividad agrícola. Hasta es posible que aquella situación se prolongue en 2024, como que aún quedan en la pampa húmeda zonas privadas de suficientes lluvias para recuperar el potencial productivo.
El campo está habituado a lidiar con la naturaleza; lo que no tolera es lidiar con políticos sin palabra.
Fuente: La Nación
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