Según la tradición, los días anteriores al 29 de mayo de 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, ante la irreversibilidad del desenlace, sus gobernantes optaron por ignorar el peligro discutiendo acerca del sexo de los ángeles. Como en tiempos griegos se llamaba Bizancio, a esos debates se los llama bizantinos.
La fecha de la definición electoral, cuando rige la veda más estricta, es también una oportunidad para dedicar unas líneas a otra cuestión bizantina, mientras esperamos su resultado. Según augurios de los expertos, sea cual fuere el resultado, no nos depara un futuro mejor que al Imperio Romano de Oriente.
En la Argentina ha perdido interés público la estabilidad económica frente a la afición por obtener derechos y al temor por la privación de los obtenidos. Se habla de derechos como emanaciones angélicas cuya sola sanción asegurase sus objetivos. Para muchos, son trofeos que coronan años de luchas y movilizaciones. Para otros, divisas que hacen visibles situaciones particulares, ignoradas hasta entonces. Pero los derechos no flotan en el vacío, como los ángeles bizantinos, sino que requieren de sustento material para hacerlos efectivos y tienen impacto sobre las conductas, pues crean nuevos incentivos, virtuosos o perversos, hacia fines no previstos por sus impulsores.
Todos los sectores productivos, los grupos sociales y las minorías reclaman tratos particulares más equitativos que los resultantes del orden vigente. Son aspiraciones plausibles, pues no siempre los esfuerzos son reconocidos, ni los infortunios de la vida son repartidos con equidad. Pero la creación de derechos, con la sola letra escrita, no puede alterar el orden natural, ni lograr que sean otros países quienes los sufraguen. Es siempre una cuestión entre argentinos y, como somos pícaros, tan pronto se hace la ley, surge la trampa. Si se instituyen nuevos organismos y partidas presupuestarias para hacerlos valer, es indispensable contar con recursos suficientes y blindarlos de los desvíos que siempre acechan cuando la moral pública está debilitada.
Si la política se apropia del Estado para dar empleos a militantes y contratos a simpatizantes, los incentivos perversos desnaturalizan las buenas intenciones y mucho se pierde en extensos organigramas dejando poco a los beneficiarios finales. Por cada nuevo derecho surgen especialistas en “desplumar” al Tesoro –o al prójimo– logrando extender coberturas, inventando excepciones y alterando prioridades. Al final, su alcance dependerá de incisos, dictámenes y aclaratorias conforme a los lobbies más exitosos.
Muchos de ellos se encuentran en plena vigencia, como el matrimonio igualitario, las leyes de adopción, la legalización del aborto, la identidad de género, la patria potestad compartida, el cupo femenino para cargos electivos. el llamado “voto joven”, los regímenes de personal doméstico, de los pueblos originarios o de trata de personas. Y quienes han interrumpido un embarazo, obtenido una nueva identidad o contraído un matrimonio igualitario, consideran esos logros como partes fundamentales de sus planes de vida, pero requieren de un sustento material mínimo para hacerlos realidad. Al amanecer del día siguiente, necesitan ingresos regulares y suficientes para alimentarse, abrigarse y sanarse. Para sostener su autoestima, consolidar vínculos y proyectar para el futuro.
¿De qué sirven la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, la jubilación sin aportes, la ley de amas de casa, la gratuidad universitaria, la estatización de las AFJP, las inversiones en ciencia y tecnología, las coberturas sanitarias obligatorias y la miríada de programas sociales, si el Estado se encuentra en quiebra, el Banco Central sin reservas y la emisión monetaria en niveles récord?
Es inútil crear derechos por doquier a sabiendas de que carecerán de vigencia si no hay moneda ni se alienta la inversión. Serán huecos al nacer si se desprecian la seguridad jurídica, el mérito y el esfuerzo
De nada vale declarar que “la energía es un derecho humano”, como lo son el alimento, la vivienda, la educación y la salud, si estas también se encuentran fuera del alcance de quienes menos tienen. Es inútil crear derechos por doquier a sabiendas de que carecerán de vigencia si no hay moneda, ni se alienta la inversión. Serán huecos al nacer si se desprecian la seguridad jurídica, el mérito y el esfuerzo.
Un país que aspira a brindar mejor educación, ofrecer medicamentos para enfermedades no frecuentes, ocuparse de las personas con discapacidad, otorgar becas, reinsertar a los excluidos, reeducar a los adictos, reconvertir las villas o prevenir los abusos de género no puede darse por satisfecho con la sanción de leyes angelicales.
Es necesario financiarlas con un flujo constante y creciente de riqueza, dejando la estrategia extractiva como recurso suplementario. Sin capitalismo democrático y genuino, la Argentina será un campo yermo propicio para la expropiación fiscal y su consecuente asalto político, sindical y corporativo.
Debe existir armonía entre la creación de nuevos derechos y el respeto por los derechos alberdianos o individuales, de rango constitucional, que configuran las vigas maestras de toda la estructura económica de la sociedad. Poco o nada valdrán los nuevos derechos si nuevas angustias aquejan a sus beneficiarios. De nada valen, si sus condiciones de vida empeoran cada vez más. Si no tienen empleo, ni vivienda, ni ingresos suficientes para alimentarse, ni para mantener a sus familias.
El Estado otorga derechos, pero el mercado debe proveer los recursos para hacerlos posibles o para no malograr su disfrute. Y el mercado solo funciona donde existen derechos de propiedad, se respetan los contratos y rige la seguridad jurídica, con división de poderes e independencia del Poder Judicial. Cuando esas condiciones no existen, la Casa de Moneda convierte los nuevos derechos en papeles sin respaldo.
Los países escandinavos han construido sus sistemas igualitarios sobre la base de economías que funcionan y cuya prosperidad material permite sufragar derechos de segunda y tercera generación. Allí no hay inflación ni corrupción política; los funcionarios son austeros y, los tribunales, independientes. En Cuba y Venezuela, países totalitarios que desde aquí nuestros gobernantes miran con cariño, la carencia de derechos individuales ha convertido en letra muerta las rimbombantes declaraciones de sus respectivas constituciones, por carecer de empresas privadas, únicas fuerzas capaces de generar riqueza verdadera.
Corresponderá al nuevo gobierno posibilitar que las personas comunes, las más humildes, puedan progresar, trabajar, capacitarse, acceder a la vivienda y a una buena educación para sus hijos. Vivir con seguridad, trasladarse en medios públicos confortables y disfrutar de cosas simples, como el agua corriente, la electricidad y las cloacas en sus propias casas. Y para quienes ahora reivindican sus nuevos derechos, que puedan disfrutarlos de verdad y sin angustias materiales. En ese momento, dejaremos de debatir acerca del sexo de los ángeles y haremos de los derechos, clásicos y recientes, una realidad.
Fuente: La Nación
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