La escalada de violencia en Ecuador no se detiene. Al atentado contra el fiscal César Suárez, que investigaba el asalto al canal TC Televisión, y al reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, se suman más muertes.
Ya son 6626 personas las detenidas durante los 30 días que siguieron a la declaración, por parte del Gobierno, de un conflicto armado interno contra el crimen organizado. Del total de detenidos, 241 fueron arrestados por presunto terrorismo, según se desprende del último balance diario del gobierno ecuatoriano publicado sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional. Unas 22 bandas han sido consideradas grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Las fuerzas del orden decomisaron también cerca de 47 toneladas de drogas y cientos de miles de dólares en efectivo.
No debe olvidarse que buena parte de la responsabilidad en este auge del narcotráfico corresponde al prófugo expresidente Rafael Correa. Fue él quien dio carta blanca a los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) con el objeto de que instalaran un campamento dentro del país donde se dictaban cursos de explosivos, de proselitismo político y adoctrinamiento comunista a jóvenes de países de América.
Las bandas narco no solo pelean por cuantiosas utilidades o por rutas privilegiadas. Buscan espacios en la estructura del poder. La infiltración del crimen organizado ha sido profunda y diversificada.
La Operación Metástasis, puesta en marcha por la fiscal general, Diana Salazar, provocó la captura de personas señaladas por vínculos con el crimen organizado y es considerado el proceso más grande de la historia en contra de la corrupción y el narco. Este operativo desnuda la radiografía de cómo el narcotráfico tomó las instituciones del Estado para operar con dinero mal habido en instancias judiciales y políticas. La red de corrupción estaba conformada por jueces, agentes fiscales, abogados, policías y funcionarios judiciales y penitenciarios.
Un juez, un exasambleísta, una exfiscal provincial, una excomisionada para la pacificación de las cárceles y otras nueve personas quedaron involucradas en la investigación. Los 13 procesados fueron descubiertos cuando las autoridades avanzaron en la revisión de los teléfonos celulares de Leandro Norero, cabecilla de una red criminal con conexiones con altos funcionarios judiciales, de la policía, del sistema penitenciario y políticos, que fue asesinado el año pasado en una reyerta de presos dentro de una cárcel ecuatoriana.
Ecuador es víctima de un fenómeno delictivo continental. Su destino puede afectar inevitablemente la seguridad regional. Daniel Noboa y su gobierno no deben quedar solos frente al desafío. La solidaridad, el apoyo de la comunidad internacional, la inteligencia compartida, la coordinación de esfuerzos y el intercambio de mejores prácticas son esenciales para combatir un problema que no reconoce límites.
Fuente: La Nación
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