Disparen contra la Corte

Como planteamos días pasados, en un nuevo intento por salvar a la vicepresidenta de avatares judiciales que comprometen seriamente su futuro –y congraciarse con algunos gobernadores –, el Gobierno envió un proyecto al Senado para elevar de 5 a 25 el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si hoy son cuatro y no cinco sus integrantes ha sido por la renuncia de Elena Highton de Nolasco y porque el Poder Ejecutivo no ha iniciado el proceso para cubrir esa vacante.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lidera este delirante coro, con olvido del lamentable estado del Poder Judicial de su provincia, donde centenares de nombramientos de jueces esperan su definición. Sin ir más lejos, en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hay tres vacantes por cubrir, con lo cual debería inhibirse de opinar en temas que exceden su competencia y comenzar por nombrar los magistrados que la provincia necesita imperiosamente.

Si bien el proyecto presentado por Alberto Fernández no insiste en la peregrina idea de designar a un juez por provincia, en los considerandos ha quedado latente esa necedad.

El absurdo consiguiente está en línea con las expresiones militantes que desconocen los principios republicanos y lo normado por nuestra Constitución nacional, en referencia a que los jueces carecen de legitimidad porque no fueron elegidos por el pueblo.

Es evidente que la división de poderes, verdadera garantía republicana, incomoda notoriamente al partido gobernante. No se trata de que los jueces puedan ser los más votados, ni por el pueblo ni por el conjunto de gobernadores. Se trata de que sean los mejores, los más probos y aptos y, sobre todo, independientes de toda presión externa, pero, en especial, de la de los otros dos poderes del Estado cuya misión es controlar y cuidar que sus actos se ajusten a la Constitución nacional.

Los jueces son designados como lo prevé la Constitución, con acuerdo del Senado y, por ser cabeza de un poder, no admiten dependencias de ningún tipo. Para su designación rige la sola exigencia de la idoneidad.

Este intento de modificar la actual composición del más alto tribunal del país y, de esta manera, licuar su independencia, más allá de los rastreros objetivos que persigue, apunta lisa y llanamente a terminar con la división de poderes.

No hay nada más federal que el Senado, con tres representantes por distrito. Son ellos quienes prestan acuerdo a la designación de los miembros de la Corte. Carecen de sentido las falsas excusas invocadas de falta de federalismo, como también de eventual ausencia de integración femenina.

Pero, además, la Corte ya es federal porque su competencia es la de la Constitución y esta es republicana y federal. Si la preocupación es el origen de las designaciones, basta tener presente que dos de los actuales jueces son santafecinos, uno cordobés y otro se crió en Corrientes. Tampoco son cuestionables los antecedentes de filiación política histórica de sus integrantes, cuando la hubiere.

Para la ciudadanía, está claro ya que no es en razón de su eficiencia o mejora de funcionamiento que surge esta temeraria propuesta de un inmanejable tribunal deliberativo de 25 miembros, sino el afán de dominar este poder, quitándole precisamente su independencia, con la pretensión de someter a quienes tienen el deber de decidir finalmente no solo sobre la vida, la libertad, el honor y las garantías ciudadanas ajustándolas a la Ley Fundamental, sino de velar porque los otros dos poderes no abandonen el cauce constitucional.

Los jueces de la Corte se eligen por su idoneidad y se mantienen por su propio prestigio, honestidad y seriedad, sin sujeción a nada que no sea la Constitución y las leyes, verdadera garantía de su independencia. Valga aquí reiterar el conocido ejemplo del general Bartolomé Mitre quien, cuando accedió a la presidencia de la república, propuso para la Corte a ciudadanos intachables: sus enemigos políticos.

Además del proyecto en sí mismo, habría que analizar dos cuestiones institucionales de gravedad inusitada: la amenaza cursada por los gobernadores y el golpe de Estado que implica este intento de destruir a la Corte Suprema.

El hecho de que gobernadores esgriman el proyecto como amenaza a los actuales ministros de la Corte es prueba de las graves y disvaliosas consecuencias que importa.

Por otro lado el proyecto en el que unen fuerzas con la vicepresidenta Cristina Kirchner, algunos mandatarios provinciales y el Poder Ejecutivo apuntan claramente a desjerarquizar a la Corte hasta hacerla desaparecer.

En vez de estos trasnochados proyectos, urge respetar las instituciones. Solo seremos libres si nos sometemos a la ley. Nuestro país se erige muy por encima de viles intereses, carentes del menor respeto por las normas y decididamente alejados de todo sentido de la oportunidad.

Fuente: La Nación