Ni la vicepresidenta Cristina Kirchner ni sus cofrades de La Cámpora dan muestras de comprender la brutal incidencia del déficit fiscal y su consecuencia, la inflación, así como sus derivaciones en términos de falta de inversiones, mientras el país se destruye paso a paso. Parecen vivir en otro mundo y, por lo tanto, resulta difícil que entiendan lo inadmisible de las extraordinarias exacciones sobre las actividades agropecuarias.
Tanto aquellos como el presidente Alberto Fernández han hablado, en un momento u otro, de desacoplar los precios internos de los internacionales y de obtener dólares por retenciones. No han explicado si es para atesorar el fruto del trabajo y del compromiso con el país de capitales generalmente argentinos, o para seguir dilapidando dólares como lo han hecho hasta ahora de manera harto alarmante.
Tiempo atrás, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) contestó al primer punto en medio de una polémica sobre el aumento del precio del pan. ¿Desacoplar qué?, se preguntó la entidad, si la harina, proveniente del trigo participa solo del 13% del costo del pan. Era un ejemplo elocuente del error culposo de las autoridades gubernamentales, ya que a esta altura funcionarios serios y responsables deberían poder fundamentar mejor sus discursos y decisiones. Si quieren hablar de desacoplamientos, tendrían que comenzar por preguntarse por qué la inflación de las potencias centrales orilla el 8% anual como consecuencia de gastos extraordinarios por el Covid y la invasión de Ucrania por Rusia, y por qué en la Argentina estará a fines de diciembre por encima del 80%, triste promesa de un récord mundial.
La aplicación de retenciones ha sido la vía por la cual los kirchneristas han pretendido aguar parte del manejo calamitoso que han hecho de la economía. Nada les alcanza, ni nada les alcanzará para cubrir los agujeros en todo lo que administran. Solo saben dilapidar recursos como si esto no tuviera costo para quienes pagan compulsivamente la fiesta irresponsable de tanto espíritu disoluto y, en definitiva, para el interés general de los argentinos.
La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, ha entrado con el pie izquierdo e insistió en tropezar al decir que José Gelbard, padre de las regulaciones y los cepos que terminaron explotando después con el “Rodrigazo”, fue el mejor ministro de Economía. Para quienes no lo recuerdan, Gelbard murió con el carnet de afiliado al Partido Comunista, cuya superestructura secreta de carácter financiero –”El Directorio”– integraba.
Arrancó la ministra con la nefasta intrepidez de anunciar con tono festivo que continuará la política económica en vigor. Difícil saber cómo hará para alinearse con una política inexistente, carente desde los comienzos, en diciembre de 2019, de un programa mínimo, de un rumbo previsible más allá del plan acordado, y poco cumplido, con el Fondo Monetario Internacional para pagar las deudas con él contraídas.
Cuando en 2020 se subieron dos puntos a las retenciones sobre la soja, que ahora son del 33% de su valor, la ministra de Economía afirmó que eso serviría para evitar la sojización extrema de los suelos, en lo cual tenía alguna razón. Se olvidó de decir que sobre los principales sucedáneos de la soja, como las gramíneas –el maíz, el trigo y el sorgo–, ya pesaban y pesan gabelas también excesivas. El jueves por la noche, por la televisión dijo que no aumentarán las retenciones. Eso tiene el valor relativo de sus antecedentes, de lo que han dicho con insistencia el Presidente y la vicepresidenta y del riesgo de que se apliquen al campo exacciones por “ganancias inesperadas” por la guerra. ¿De qué ganancias inesperadas hablan, si no computan las alzas descomunales que ha habido en todos los insumos y tareas agrícolas, aparte del serrucho interminable este año de las commodities agrícolas?
La flamante ministra de Economía ha entrado con el pie izquierdo, al decir que José Gelbard, padre de las regulaciones y los cepos que terminaron explotando después con el “Rodrigazo”, fue el mejor ministro de Economía
Silvina Batakis, cuyo preocupante sprint final como ministra del exgobernador Scioli ha sido desnudado por la diputada María Eugenia Vidal, había dicho en un pasado no tan lejano que las retenciones tienen también que ver con la redistribución de los recursos. ¿De qué habló Batakis? Nadie del kirchnerismo salió a contestar cuando Néstor Roulet, exsecretario de Estado del gobierno de Juntos por el Cambio y productor agropecuario en Córdoba, hizo notar que si ese fuera un problema los recursos ya están por demás redistribuidos. De lo producido en 100 hectáreas, con un rinde de 2,8 toneladas por hectárea, el productor se queda con la utilidad neta de solo el 3,46% de la cosecha.
¿Y el resto? El Estado (nacional, provincias, municipios) se lleva el 56,47%; 38,75% se consume en costos y el 1,32% se derrama en la indispensable actividad portuaria.
Si la flamante ministra necesitara datos de absoluta actualidad, puede informarse en el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. Si los datos no la convencen tiene el derecho de refutarlos. Allí van.
Las retenciones, más la brecha cambiaria u olla a presión cuya tapa por las leyes inexorables de la ciencia está llamada a saltar por los aires si nadie se ocupa de ella, más la suma de otros diecisiete impuestos, determinan que de cada 100 dólares que el productor obtiene por su trabajo e inversiones, 70,5 sean para el fisco. En el caso específico de la soja, 87 dólares sobre 100 corren igual destino. ¿Más datos concretos, ministra?
Como consecuencia de la brecha cambiaria el Estado se queda con alrededor del 50 por ciento de lo que debería corresponder a los productores. Desde la perspectiva de los intereses entrerrianos, el cuadro se desglosa de la siguiente manera: sobre 2072 millones de dólares que el año último fueron al fisco, 816 millones se debieron a la tergiversación del valor real del dólar y 441 millones de dólares a derechos de exportación (retenciones).
Nada alcanza, como decíamos, para satisfacer la voracidad del sector público, tan nulo en devoluciones en infraestructura, educación pública y seguridad urbana y rural, entre tantos rubros aquejados por su incompetencia y desidia manifiestas. ¿Tiene el Gobierno escasez de dólares como se queja incomprensiblemente Cristina Kirchner, evadiendo razones serias sobre las causas? A mayo de este año, la contribución del campo a las exportaciones ha sido del 66% del total.
¿Por qué no comienza el Gobierno por agradecer el empeño y la constante innovación y creatividad consagrados a las actividades agropecuarias? Los aportes del sector por derechos de exportación fueron en mayo de 110.248 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 30% en comparación con abril. El aporte anual de los DEX que se proyecta para 2022, según la Bolsa de Comercio de Rosario, llegaría a 8758 millones de dólares. Nada alcanza. El aporte tributario de las cadenas industriales fue en mayo de 416.390,25 millones de pesos, o sea, 24% más que en abril.
Desde posiciones de alta influencia en la conducción del Estado hasta el nutrido ejército de asesores incorporados al Estado en los dos últimos años, hay demasiada gente que nunca trabajó en la vida. O que trabajó poco. Difícil es, por lo tanto, demandar más prudencia y menos audacia para considerar a la actividad agropecuaria como lo que realmente es: motor de la economía y alimento de las arcas públicas.
Fuente: La Nación
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