Hace diez años, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, expuso en el Senado los fundamentos para expropiar a Repsol el control accionario de YPF. Con la soberbia de la renta sojera y lenguaje de dirigente estudiantil, propuso reemplazar las “viejas recetas” neoliberales de “ajustes permanentes”, por una nueva panacea: el modelo de crecimiento con inclusión social, que no requiere ajuste alguno. ¿La clave? Impulsar el mercado interno fortaleciendo los salarios, para crear un círculo virtuoso de crecimiento sin costo aparente. Según Kicillof, eso se lograría “desacoplando” los precios internos de los internacionales, pagando el Estado una diferencia a los productores para que tengan una utilidad razonable.
Esa “piedra filosofal” para generar riqueza mediante controles y subsidios, valdría tanto para la energía, como para los alimentos. Los argentinos deberían pagar por su comida, su nafta, su electricidad y su gas, solo lo que sus bolsillos permitan. Eso es, los costos internos de producción y no las plusvalías de los mercados internacionales. Un pensamiento cercano al “valor de uso” marxista, frente al “valor de cambio” capitalista. El resultado de ese experimento lo estamos viendo ahora.
Kicillof acuñó una expresión inolvidable, síntesis del pensamiento económico kirchnerista: “seguridad jurídica y clima de negocios, palabras horribles”. Según la militancia, como el Estado no es el problema, sino la solución, la inversión privada solo se requiere cuando y donde el gobierno lo disponga. La seguridad jurídica y el clima de negocios serían exigencias colonialistas para gobernantes genuflexos.
Eugenio Preobrazhenski (1886-1937), padre de la planificación soviética y la transición al socialismo, se anticipó un siglo a Kicillof rebatiendo también “viejas recetas” del capitalismo liberal, al publicar su obra La Nueva Economía (1926). Allí propuso acelerar la industrialización de la URSS con recursos del campo para subsidiar fábricas y al nuevo proletariado. Un Kicillof “avant la lettre”, aunque el ruso no apostrofó de “imbéciles”, “tarados” o “estúpidos” a los liberales de antaño –los marginalistas de la escuela austríaca– como el ministro agravió en el Senado a sus odiados “neoliberales” de hogaño.
La Unión Soviética se desarticuló en 1991, debido a que el marxismo, exitoso como metodología de análisis social, nunca funcionó como sistema económico, por haber ignorado la irreductible persistencia de los incentivos humanos. Al requerir fusilamientos para imponer sus objetivos, Josef Stalin logró una industrialización forzada, pero incapaz de sostenerse en el tiempo. Fue Mijail Gorbachov quien arrojó la toalla, reconociendo que, sin seguridad jurídica ni clima de negocios, no hay crecimiento posible. Sin capitalismo, no hay paraíso.
En China, Rusia, Vietnam, Malasia, Laos, Singapur y varias naciones africanas, donde rigen dictadores que se perpetúan en el poder, la “seguridad jurídica” se logra mediante sujeción a sus reglas autoritarias. Pero en las democracias liberales, donde se respetan los derechos individuales, sociales y humanos, los sistemas económicos no funcionan a punta de fusil. No es posible ignorar el rol de los incentivos en los procesos de inversión y consumo. Las democracias liberales son mecanismos de relojería complejos, con decisiones descentralizadas, que toman en cuenta la “seguridad jurídica” y el “clima de negocios” para coordinar expectativas.
Si se emite dinero sin control, el público se desprenderá rápido de los billetes, acelerando la inflación
Hace ya treinta años que el mundo ha archivado La Nueva Economía de Preobrazhenski y ha reconocido, por las buenas o por las malas, que los incentivos mueven las conductas humanas. Sin embargo, en la Argentina, con el invento del “desacople” para el crecimiento con inclusión social, el kirchnerismo ha ignorado principios elementales, a costa del bienestar general. O sea, haciendo un país para ninguno, mientras lo promete para todos.
Hasta un niño de escuela sabe que, si se obliga a vender más barato, se multiplicarán los compradores, pero desaparecerán los vendedores. Y los productos reaparecerán en el mercado negro, a precios mayores. O cambiarán las marcas, o los tamaños, o las calidades. Nadie regala nada. Y si medran inspectores, se transarán diferencias a través de coimas o favores. Elemental, Watson, dirán sus padres.
Si se congelan tarifas de electricidad aumentará el consumo displicente, pero habrá cortes de luz, porque las distribuidoras no harán inversiones. Si se desacopla el valor de las naftas y el gasoil, faltará combustible para tractores, autos y camiones. Si no hay gas por caída de inversiones “desacopladas”, habrá que importar GNL a precios siderales, y afrontar cortes en las fábricas.
Si se congelan peajes, los conductores se accidentarán por baches y banquinas mal mantenidas. Si se atrasan las cuotas de las prepagas, se reducirán las prestaciones y los pagos a médicos y sanatorios. Si se incrementan el PMO (Programa Médico Obligatorio) y los amparos judiciales, se fundirán las obras sociales, además de las prepagas. Si crecen los impuestos al trabajo y los juicios “para transar”, habrá menos empleo en blanco y mayor informalidad. Si se ofrecen créditos blandos, los tomarán quienes no harían esas inversiones con su propio dinero. Si se subsidia el transporte público, se inventarán trapisondas para cobrar de más, como lo enseñó Ricardo Jaime. Si crecen los planes, se generarán incentivos para no trabajar, mientras se financian “organizaciones sociales” con más poder que ministerios y municipios.
Si el Banco Central desacopla el tipo de cambio y sigue emitiendo, todos demandarán divisas baratas y los exportadores evitarán liquidarlas, dejándolo sin reservas para importar insumos y repuestos. Si se emite dinero sin control, el público se desprenderá rápido de los billetes, acelerando la inflación. Si se absorben los pesos con letras, se esconderá bajo la alfombra una bomba de tiempo inflada con intereses. Si se pretende compensar a jubilados, informales y monotributistas dándoles una pompa de jabón, jamás recuperarán el poder adquisitivo de sus ingresos, sino lo contrario, aunque el “modelo inclusivo” lo predique. ¿No es obvio? Sí, es obvio.
Si los jueces ceden a las presiones políticas, bancos y empresas exigirán ley de Nueva York en sus contratos, en lugar de la ley argentina. Si las ocupaciones de tierras son consentidas por los tribunales, el derecho de propiedad quedará en duda afectando el riesgo país. Si un garantismo ajeno al orden legal es permisivo con el delito, también dañará la seguridad jurídica y habrá menos recursos para educar y emplear a quienes hoy delinquen, impidiendo salir de la trampa social que denuncia esa doctrina. Si se indemniza a quienes se asilaron durante el régimen de Isabel Perón o la dictadura posterior, se armará una industria de especialistas para tramitar pagos en la oscuridad de expedientes reservados, como a Nacha Guevara.
En la crisis actual, los diversos actores del Frente de Todos, como un conjunto de jinetes sin cabeza, se desdicen, se cuestionan y se contradicen. Es indispensable que aprendan cómo funciona una sociedad, para que los incentivos se ordenen en sentido provechoso para el conjunto y no solo para quienes disfrutan de cargos y cajas del Estado, con agendas personales ajenas al descalabro que su ignorancia provoca.
Fuente: La Naciòn
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