El conflicto diplomático surgido a raíz de la sorprendente fuga de María de los Ángeles Duarte, exministra de Rafael Correa condenada por corrupción, de la embajada argentina en Quito, donde estaba asilada, se ha transformado en un verdadero escándalo que pone en riesgo las amistosas relaciones entre la Argentina y Ecuador.
La sigilosa huida, informada por el canciller Santiago Cafiero al gobierno de Guillermo Lasso, tuvo como destino Caracas y provocó la justificada indignación del gobierno ecuatoriano, que declaró persona no grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, y le dio dos días para abandonar el país. Apenas conocida esa decisión, el canciller Cafiero dispuso lo mismo con el embajador ecuatoriano en la Argentina, Xavier Monge Yoder.
Cabe recordar que María de los Ángeles Duarte había sido condenada en tres instancias judiciales y en dos gobiernos distintos a ocho años de prisión por el delito de cohecho, que es imprescriptible según la Constitución de Ecuador. En las investigaciones se determinó, entre otras cuestiones, el reparto de unos 14 millones de dólares provenientes de empresas de obra pública, entre ellas, Odebrecht.
A pesar de estos antecedentes fue decisiva la reunión entre Cristina Kirchner y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, mantenida en el Senado. En esa ocasión, Correa –prófugo de la Justicia de su país por un caso de corrupción– le pidió a la vicepresidenta que la Argentina le concediera asilo político a María de los Ángeles Duarte, solicitud que fue refrendada por la expresidenta y dirigida al canciller Cafiero.
La exministra ecuatoriana estuvo alojada desde agosto de 2020 en la embajada argentina en Quito en calidad de huésped hasta que el presidente Alberto Fernández le concedió el asilo político. Desde entonces, el gobierno de Lasso siempre se negó a otorgarle un salvoconducto para que pudiera salir del país.
Hasta el momento no se han podido determinar las circunstancias en las cuales la exministra Duarte se fugó de la embajada argentina. El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en referencia al proceder de los funcionarios de la embajada argentina, afirmó ante la Asamblea Nacional que “en el mejor de los casos hubo negligencia y en el peor de los casos hubo complicidad”.
Además, reveló que el embajador Fucks se negó a entregar los videos de las cámaras de seguridad, los libros de ingreso y otra documentación que pudiera ayudar en la investigación sobre el momento y el modo en que escapó la exministra de la residencia.
El ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, sostuvo que, unos días antes de la fuga, el ministro consejero de la embajada argentina, Adrián Biotti, le pidió a la policía, que rodea el edificio como medida de seguridad, que se alejara de la zona y dejara de hacer el registro de los autos que ingresan y salen de la sede diplomática.
La embajada argentina en Quito tampoco sabe –o dice no saber– cómo salió Duarte de la sede diplomática. Uno de los supuestos que se manejan desde Ecuador es que Duarte pudo haberse ocultado en un auto con patente diplomática, que permite libre circulación y no puede ser requisado por las autoridades.
Tanto cerca del canciller Cafiero como del embajador Fuks negaron tajantemente las palabras de Holguín y de Zapata. El funcionario argentino expulsado acusó al gobierno de Lasso de mentir para tapar su responsabilidad en la huida.
Rafael Correa, apoyado por sus aliados de la Patria Grande, sostiene que María de los Ángeles Duarte, al igual que Lula o Cristina Kirchner, es víctima del lawfare. En el episodio que concluyó con la furtiva huida de la exministra, quedó expuesto el funcionamiento de un tipo de diplomacia en la región que se activa para asistir a una cofradía de condenados por corrupción a quienes se tilda de “perseguidos políticos”.
Es de esperar que este lamentable y dudoso hecho sea aclarado con total transparencia para dejar a salvo el buen nombre de quienes hayan sido ajenos a cualquier maniobra que hubiera contribuido a la fuga de Duarte y castigar con todo rigor a quienes hayan sido los responsables de haberla facilitado.
Ello no solo permitirá restablecer sin fisuras las relaciones entre la Argentina y Ecuador, sino que también despejará cualquier duda acerca de la utilización de las embajadas argentinas como guaridas para corruptos y delincuentes.
Fuente: La Nación
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