La decisión de apoyar a Sergio Massa como candidato presidencial de Unión por la Patria ha provocado revuelo dentro del peronismo y de la oposición, pues el corrimiento ideológico que implica pasar del discurso izquierdista de La Cámpora a las convicciones ambidiestras del ministro de Economía, además de la desazón de algunos, ha generado engañosas expectativas empresarias como si el líder renovador pudiese transformarse en el Menem de los años 90.
A diferencia del riojano, que se apoyó en el grupo Bunge & Born para introducir reformas estructurales de apertura económica, privatizaciones y desregulación, Massa tejió una trama de lealtades con sectores que prosperan en simbiosis con empresas estatales y con rentas de privilegios regulatorios. No confía en el mercado, sino en sus amistades. Y si mostrase alguna hilacha menemista, hallará a los legisladores kirchneristas vetando todo desvío de la ortodoxia dictada por el Instituto Patria.
Los leales a Cristina Kirchner se aferran al Plan de Reconstrucción y Liberación Nacional de José Ber Gelbard de hace medio siglo, basado en la transferencia de recursos del campo a la industria, el control de cambios y de precios, el rechazo al capital extranjero, la nacionalización de la banca, el direccionamiento del crédito, la sustitución de importaciones y la selección discrecional de ganadores y perdedores. Axel Kicillof, su heredero intelectual, aborrece la seguridad jurídica, pues cuando el Estado dirige la orquesta, los empresarios solo deben ajustarse a la música que les marca el paso. La única seguridad que importa a sus militantes es la estabilidad en sus cargos con la certeza de sus prebendas.
Massa difícilmente pueda dar vuelta la percepción que el mundo inversor tiene de la Argentina como incumplidora serial. Un desafío que también enfrenta la oposición, dado que es el país más demandado en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversión (Ciadi) por empresas que invirtieron conforme a reglas que fueron incumplidas y por su extenso historial en la justicia de Nueva York, tanto por los sucesivos “defaults” como por la burda expropiación de YPF.
Se necesitará demostrar fuertes convicciones y apoyo político para que los inversores regresen a la Argentina. Y Massa no cuenta con lo uno, ni contará con lo otro. Su permanente cambio de posturas, su afición por la casuística y los remiendos “para llegar” sin devaluar, demuestran que no le importan las instituciones ni la seguridad jurídica, aunque la inflación aumente y la pobreza se multiplique.
Quienes aplauden que haya tomado distancia de los “ñoquis de La Cámpora” a quienes prometió barrer, no lo hacen por esperar cambios, sino porque saben que no cambiará nada. Massa es incapaz de generar credibilidad y, si accediese al sillón de Rivadavia, continuará haciendo peronismo clásico: el “toma y daca” de los regímenes especiales, los privilegios sindicales, las excepciones puntuales, las franquicias sectoriales, los guiños a los amigos y los abrazos a los enemigos.
Como dijo el politólogo argentino Sebastián Mazzuca, profesor de la Johns Hopkins University, en una reciente entrevista de LA NACION: “Cuando se hace riqueza a partir de un decreto, no hay capitalismo ni sustentabilidad”. El único camino sólido y sustentable para el crecimiento es el aumento de productividad de toda la economía, no solamente de los sectores elegidos por el Gobierno. Y ello requiere –además de tener moneda– recuperar el crédito para financiar inversiones que reconviertan el perfil productivo de la Argentina. Es indispensable mejorar la competitividad de todas las actividades para que los costos internos se alineen con los internacionales y podamos encontrar – valga la ironía – celulares y computadoras de Tierra del Fuego en comercios de Bogotá, Lisboa o Estambul, generando divisas y no consumiéndolas.
“Además de riquezas naturales se necesitan instituciones”, continuó Mazzuca. Ni el litio, ni el gas, ni el cobre, ni las energías limpias, ni la soja deben ser tablas de salvación para evitar cambios que perturben el statu quo de un Estado hipertrofiado, provincias mendicantes, empresarios privilegiados, sindicalistas millonarios y políticos clientelistas. Tampoco bastará con anunciar planes de obras públicas o inversiones puntuales sin una reformulación del contexto institucional para que el mercado funcione en forma virtuosa y se aleje de los despachos oficiales.
¿Soberanía verdadera? ¿Desterrar al FMI? Eso solo será factible cuando la Argentina multiplique su PBI per cápita, restableciendo la confianza y los incentivos que atrajeron capitales e inmigrantes luego de la organización nacional. Cuando se reemplace la prebenda y el clientelismo por la competencia, el trabajo productivo y el mérito.
El canciller Santiago Cafiero, al cuestionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señaló la gran asimetría que existe entre nuestro país y los 27 que integran aquella. Pero eso no es un dato de la Naturaleza, sino el resultado de malas políticas públicas, como las de su gobierno. Si se continúa con el modelo actual, solamente nos sentiremos de igual a igual con Haití o Afganistán. En lugar de lloriquear, se necesita liderazgo para que la Argentina se inserte en el mundo de forma competitiva.
Pero esa alternativa es soslayada por el peronismo en todas sus variantes, ya que generar confianza es contrario a su ADN. Allí está, a flor de piel, la incómoda estrofa de la “marchita” que reafirma su natural propensión a ahuyentar el capital, gravar el ahorro y contraponer “la producción” con “los mercados”, ignorando que para producir se necesita atraer profesionales, obtener créditos, instalar plantas, desarrollar proveedores, lograr clientes y tender lazos intangibles para construir reputación. Ello solo puede lograrse con las reglas abiertas del capitalismo democrático y no con negociaciones opacas, como ocurrió con Chevron, con Venezuela o con China.
El debate que abrió la inesperada candidatura de Massa es también un revulsivo para la oposición, enfrentada con la dificultad política de cambiar un país de inmenso potencial, pero paralizado por 80 años de economía cerrada. Soslayar esa anomalía implicaría continuar con las distorsiones del “costo argentino” y su contrapartida, la protección aduanera, las prebendas regulatorias y los subsidios discrecionales. Perpetuarla sería condenar al empresario nacional a la mendicidad y la sumisión política.
Cabe esperar que haya un acuerdo fundamental para unir fuerzas y proponer un camino de reformas profundas que apunten a la competitividad, no como propuesta “economicista”, sino como imperativo ético para mejorar las expectativas de una población que está perdiendo la esperanza de vivir en un país normal.
Fuente: La Nación
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