Cuando los corruptos vienen marchando

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“La Corte Suprema invadió a los demás poderes del Estado”, sentenció Juan Martín Mena, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), actual viceministro de Justicia de la Nación y alfil de Cristina Kirchner en cuestiones judiciales, ante el reciente fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 que desbalanceó el Consejo de la Magistratura, impulsada por la hoy vicepresidenta.

El juez Juan Ramos Padilla, quien calificó de “delirante y golpista” el referido fallo, impulsa la marcha contra la Corte convocada para pasado mañana. “Sacaremos este poder que afecta la soberanía, el desarrollo y la paz de nuestro pueblo”, amenazó.

El viceministro de Justicia y el juez ignoran que corresponde al Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Ese principio, aplicado por primera vez por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene un siglo y medio de vigencia y constituye uno de los pilares de nuestro sistema republicano.

Los miembros de la Corte no son elegidos ni removidos por regla mayoritaria como los integrantes de otros órganos políticos, explicó el constitucionalista Roberto Gargarella al referirse a la “objeción democrática” que se interpone en la cuestión, justamente para contar con la independencia necesaria para ejercer esa potestad de control de constitucionalidad.

El kirchnerismo más duro impulsa la movilización desconociendo el juicio político como instrumento para remover jueces y lo hace falsamente amparado en la que definen como una demanda social que busca “aumentar el control popular”, evitar que se apliquen “leyes contra el pueblo” y “democratizar la justicia”. El artículo 121 de la constitución cubana establece que los tribunales están subordinados a la Asamblea del Poder Popular y al Consejo de Estado. ¿Será el modelo que buscan imponer al presionar a la Corte?

Nuestra Constitución nacional señala que “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete el delito de sedición”, una figura penal de inusitada gravedad.

Con su violencia acostumbrada y “finos” modos, Bonafini vocifera: “Tenemos que ser muchos, que se note y que les duela; que les moleste”. Lo pregona subida a un tren fantasma de impresentables, desfachatados y sinvergüenzas, muchos de ellos con prontuarios delictivos, conocidos por sus prepotencias y procederes antidemocráticos

La diputada camporista Vanesa Siley y sus pares Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, el embajador Ricardo Alfonsín y organismos de derechos humanos apoyan la movilización.

Roberto Baradel, conductor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, confirmó la presencia de la entidad, pero no todos los gremios asumieron la misma postura. También los muy desacreditados Pablo y Hugo Moyano, que, parece una ironía, se consideran víctimas de persecución judicial, reclamarán la renovación del tribunal. Luis D´Elía y Hebe de Bonafini, que más de una vez cuestionaron a los “gordos “cegetistas, hoy se les unen para “echar a todos los miembros de la Corte”. Con su violencia acostumbrada y “finos” modos, Bonafini vociferó: “Tenemos que ser muchos, que se note y que les duela; que les moleste”. Lo pregona subida a un tren fantasma de impresentables, desfachatados y sinvergüenzas, muchos de ellos con prontuarios delictivos, conocidos por sus prepotencias y procederes antidemocráticos.

El propio presidente Alberto Fernández fijo posición al afirmar que “con la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”. Sin la más mínima autocrítica, el jefe del Estado parece no querer darse cuenta de que, si hay un poder que realmente funciona muy mal hoy, es precisamente el Poder Ejecutivo que él representa.

La institucionalidad peligra. Aquel “vamos por todo” recobra fuerza. La burda arremetida contra el máximo tribunal de justicia del país amenaza con sumergirnos aún más en el oscuro y convulsionado tramo de la historia que estamos atravesando. Que no nos distraigan ni nos mientan más. No a la impunidad, sí a la república

La independencia de los poderes republicanos y el control de constitucionalidad de las leyes siempre será un problema para quienes solo desean gobernar por decreto y burlar a la Justicia. Los dichos del Presidente resultan imperdonables, máxime si se tiene en cuenta que provienen, además, de un funcionario profesor de derecho que se define como democrático.

Profesores de derecho de todo el país rechazaron la marcha y programaron un encuentro en defensa del máximo tribunal para dos días después. Destacaron la gravedad de que integrantes de los tres poderes del gobierno federal, con el expreso aval del presidente de la Nación, apoyen la iniciativa destituyente en abierta violación de la separación de poderes que fija la Constitución.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la marcha y alertó sobre la gravedad del nuevo ataque al Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó de igual modo los dichos de Alberto Fernández.

Debilitado tras la última derrota electoral, los tiempos del oficialismo se acortan. La confianza en el Gobierno se encuentra entre las más bajas de la década. Cada quien elige sus batallas y la embestida contra Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se hace parecer como prometedora bajo el disfraz de una cruzada en defensa del pueblo, disimulando así su auténtico vil objetivo. El discurso de la vicepresidenta en Honduras culpando a los jueces de ir contra los intereses de la mayoría confirma el rumbo.

Con tensiones que se acrecientan, la certeza respecto de un plan de impunidad para beneficiar a Cristina Kirchner se robustece en la sociedad y el Gobierno evidencia estar cada vez más disociado de la agenda ciudadana. No hay lógica, solo urgencias. La movilización propone un frente superador de las diferencias internas, cuando lo cierto es que sus organizadores solo se parapetan detrás del reclamo de impunidad, rejuntados en una enorme bolsa de gatos. Una muestra de fuerza que –transporte, paga y choripanes mediante– pretenderá convertirse en advertencia –propia del estilo patoteril y mafioso al que adhieren– para una justicia, que deberá pronunciarse en causas sensibles como la del pacto con Irán, Cuadernos, Vialidad, Hotesur y Los Sauces, entre muchas otras.

Les preocupa también que, en el último tiempo, el tribunal supremo exhiba récords de fallos. Al oficialismo, ciertamente, más que nunca le convendría su lentitud. Ochenta son los funcionarios con recursos pendientes por causas de corrupción, involucrados en fallos de alto impacto político y económico. Aguardan también en la Corte nueve recursos presentados por la vicepresidenta, señalada como jefa de una asociación ilícita en varios expedientes judiciales.

Sin número suficiente para remover jueces, sin consensos legislativos para las reformas, solo les resta atropellar e insistir con el tan inconsistente como falaz discurso del lawfare y las acusaciones a la Corte. El pensamiento mágico que les permite reconocer un triunfo en una sonora derrota los conduce también a ilusionarse con que los jueces probos reaccionen a las amenazas y presiones, y simplemente renuncien.

El Gobierno insistirá con seguir introduciendo cambios en las reglas de la institucionalidad para construir un sistema judicial afín, como en la República de Cuba. Una desesperada lucha que se libra en varios frentes. La batalla por el Consejo de la Magistratura debería unir a todo el bloque opositor y será crucial el tratamiento de esa ley en las sesiones extraordinarias que arrancan pasado mañana.

Mientras tanto, la activa mesa judicial kirchnerista integrada, entre otros, por Oscar Parrilli, Eduardo Valdés, Rodolfo Tailhade, Juan Martín Mena y Leopoldo Moreau, aspira también a deshacerse del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y del fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, además de tratar la ley de reforma de la Corte y el pliego del impresentable juez Daniel Rafecas para ungirlo como jefe de los fiscales.

La institucionalidad peligra. Aquel “vamos por todo” recobra fuerza y el tren fantasma que marchará contra la Corte Suprema amenaza con sumergirnos aún más en otro tramo oscuro de difícil retorno en nuestra convulsionada historia. Que no nos distraigan ni nos mientan más. “Democratizar” nunca será instaurar una garantía de impunidad. Está en cada uno salir de la anomia y la comodidad para hacernos cargo activa y mancomunadamente del futuro de la Nación. Exijamos el robustecimiento de las instituciones y defendamos la división y el equilibrio de poderes. No a la impunidad. Sí a la república. Sí a la justicia independiente. Mañana puede ser tarde.

Fuente: La Nación