La decisión presidencial de incluir en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzaron anteayer y se extenderán hasta el 31 del mes próximo, la sanción de la ley que instituye la boleta única de papel constituye un paso trascendental en función de la transparencia del sistema electoral.
Desde estas columnas hemos abogado sistemáticamente por esa modificación del Código Nacional Electoral, pues se trata de un sistema que ha demostrado su eficacia en las diversas provincias y municipios que la utilizan en el país en reemplazo de la tan cuestionada lista sábana, un instrumento obsoleto, que se presta a innumerables manipulaciones ilegales. El éxito de la boleta única de papel se evidencia también en la innumerable cantidad de países que la han incorporado.
El sistema que el Presidente propone convertir en ley –que cuenta con la aprobación de Diputados desde 2022, pero aún no fue debatido por el Senado– se vio reforzado ayer con una serie de disposiciones contenidas en la ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, titulada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Dispone, entre otras cuestiones electorales, de exclusiva competencia del Parlamento, la derogación de las PASO, cambios en la forma de financiamiento de los partidos políticos e inhabilitaciones para ser candidatos a cargos electorales en elecciones generales, entre otros, a quienes desempeñan cargos directivos o fueron apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, la ciudad de Buenos Aires, municipalidades, entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
Urge asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado ni por la confusión a la hora de determinar el voto ni por la sustracción de material electoral ni por ninguna otra artimaña política
Respecto de la boleta única de papel, un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito de una forma abreviada y en que el votante marca el candidato de su elección sin tener que optar entre una enorme cantidad de papeletas de las distintas fuerzas que compiten en comicios, viene siendo reclamada por la propia Cámara Nacional Electoral desde 2007. Ese pedido, al que se suman numerosas organizaciones de la sociedad civil, resalta la importancia de “asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida”.
¿Qué otros beneficios implica adoptar la boleta única de papel? Además de permitir votar de forma simplificada, facilita la comprensión de la oferta electoral, garantiza la transparencia, anula la posibilidad del robo de papeletas y permite el ahorro de gigantescas sumas de dinero en gasto de papel, tinta, impresión y distribución y, por ende, preserva el ambiente.
El inestimable avance de su incorporación debería ser completado por una tan clara como estricta norma denominada “ley de ficha limpia”, que además de lo citado prohíba presentarse como candidatos a quien tenga una condena confirmada. Parte de la entonces oposición parlamentaria había conseguido avanzar en ese debate en 2022, pero dejó caer el tema basada en una presunción falsa: creer que la ley le iba a dar oportunidad a Cristina Kirchner para denunciar una supuesta proscripción. Finalmente, en mayo de este año, la vicepresidenta rechazó candidatearse y el país en su conjunto perdió otra oportunidad histórica.
Como hemos afirmado en un reciente editorial, así como suele decirse que el Congreso no debería ser nunca un aguantadero de condenados amparados en sus fueros, las boletas de candidatos tampoco deberían ser una bolsa donde esconder a delincuentes.
Esperemos que al no ser 2024 un año electoral, nuestros legisladores no pongan excusas para volver a trabar proyectos que apuntan a la transparencia electoral y a la lucha contra la corrupción: dos pilares fundamentales de la democracia.
Fuente: La Nación
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