Bienes de la corrupción: devolver lo robado a la sociedad

Una de las formas de desbaratar a las organizaciones criminales es desarticular y recuperar su principal objetivo: las ganancias.

A lo largo de los años, se han establecido distintas estrategias para terminar con este flagelo. Por ejemplo, una vieja ley de 1974 dispuso la custodia y disposición de los bienes que son objeto de secuestros de causas penales; un decreto de necesidad y urgencia de 2019, suscripto por el entonces presidente Mauricio Macri, determinó que la Justicia puede disponer la extinción de dominio sobre bienes cuya legítima adquisición no pueda ser demostrada, y la propia Corte Suprema creó en 2013 una base de datos de bienes secuestrados y decomisados a partir de las informaciones suministradas por las cámaras federales de todo el país.

¿Dónde radica entonces el problema si ya existen varias disposiciones al respecto? Básicamente, en que faltó sistematizar debidamente los datos, crear registros públicos facilitando los entrecruzamientos de información y agilizar los procesos de decisión sobre el destino de los bienes mal habidos, pues no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales del país. Además, la realidad da cuenta de que se ha multiplicado geométricamente el número de bienes secuestrados, pero sin un sistema racional de administración, con una porosidad normativa que ha derivado en procesos pocos transparentes y hasta en abusos de poder.

La realidad da cuenta de que se ha multiplicado geométricamente el número de bienes secuestrados, pero que no hubo un sistema racional de administración y que la porosidad normativa ha derivado en procesos poco transparentes

Precisamente, esos fundamentos son los que recoge el flamante proyecto de ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados, presentado recientemente en el Congreso Nacional. “En momentos en que la violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, se impone la necesidad de realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a estos casos”, sostienen los impulsores de Bien Restituido, la iniciativa financiada por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementada por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, para cuya elaboración trabajaron numerosos jueces, fiscales, con el aval de más de 50 organizaciones de la sociedad civil.

Entre los principios rectores del proyecto de ley figuran:

* provechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado: activos como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros .

* Transparentar la cantidad y la gestión de esos activos.

* Desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados.

Garantizar el cuidado de los bienes para preservar su valor, tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales.

Valuar, cuidar y disponer de lo robado por las organizaciones criminales debe ser parte de un trabajo serio y sostenido, sin más pérdidas de tiempo que terminen dañando o inutilizando esos patrimonios

* Poner su gestión a cargo de una agencia autosustentada y especializada. Identificar con un logo de la agencia por crearse a los bienes que sean reutilizados socialmente, pudiendo en las campañas de difusión dar participación a las víctimas de delitos y a las organizaciones que las representan.

* Crear un registro nacional y público que deberá ser actualizado regularmente.

* Subastar aquellos bienes cautelados o decomisados que por su naturaleza generen un gasto de conservación, especialmente oneroso, o si se trataren de cosas perecederas.

* Vender como desechos aquellos cuyo deterioro sea irreversible. O destruirlos bajo resolución fundada.

* Crear una comisión bicameral del Congreso para supervisar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales y reglamentarias vigentes.

Se considera que los activos actualmente en manos de la Justicia están valuados en más de 100.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no solo valor económico, sino también simbólico.

Un ejemplo de los últimos años respecto de qué es lo que se puede hacer con este tipo de bienes lo constituye el yate del condenado Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante el kirchnerismo, entregado a la Prefectura. Además de los patrullajes y controles, esa fuerza de seguridad aprovechó el equipamiento tecnológico de la nave –con radares, sondas y sensores de última generación– para capacitar cadetes en los institutos de formación en Zárate.

Más tarde, en 2021, dos aviones que pertenecieron al seudoempresario Lázaro Báez, también condenado, fueron vendidos en una subasta pública por el Estado en poco menos de 30.000 dólares y adquiridos por una empresa de taxis aéreos. Usados y en buenas condiciones, el valor de ambos hubiera superado el millón de dólares. Quienes se quedaron con ellos justificaron haber pagado tan exiguo monto en que se encontraban en muy mal estado, al punto que fueron ofrecidos a una fuerza de seguridad que los rechazó tras entender que no podían volar y era muy caro reacondicionarlos. El proyecto de ley Bien Restituido busca que el producto del dinero de la corrupción no quede inutilizado y pueda tener un fin social.

Cabe aclarar que el Congreso adeuda desde hace años una nueva norma de este tipo. Los incompletos avances registrados en materia parlamentaria durante la presidencia de Macri se estancaron por el sistemático entorpecimiento practicado por el kirchnerismo, con muchos dirigentes propios seriamente comprometidos judicialmente en resonados casos de corrupción. El mes pasado, la diputada Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) volvió a presentar, actualizado, aquel proyecto de 2017 que había obtenido la sanción de la Cámara baja sobre extinción de dominio y repatriación de bienes.

El paso adelante más próximo en este tema lo produjo la provincia de Mendoza al sancionar hace pocos días la ley de extinción de dominio provincial para que los bienes obtenidos por el Estado en juicios vinculados a la corrupción pasen directamente a las escuelas estatales. La norma modifica el artículo 210 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario local y busca agilizar la recuperación de activos ilícitos, enfocándose precisamente en beneficiar a estudiantes mendocinos.

Volver a poner el tema en agenda reabre la tan necesaria como urgente discusión sobre la necesidad de establecer un nuevo sistema de administración y disposición racional, efectivo y transparente sobre los bienes decomisados a la corrupción y al narcotráfico. El ejemplo más claro del financiamiento criminal lo representan las sangrientas bandas delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes en Rosario. A pesar de que sus principales cabecillas están presos, siguen contando con dinero y bienes suficientes para seguir manejando el delito desde las cárceles.

Establecer procesos eficientes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado, permitirá que la comunidad empiece a recuperar lo que vilmente se le ha quitado.

Fuente: La Nación