Recientemente trascendió que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tendría en estudio un pedido formulado por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat) para que se le otorgue espectro en la banda de 3,5 GHz. Según la información que circula en el sector, aquel ente nacional tendría en evaluación un plan para dar curso a dicha solicitud. Se plantearía atribuir la banda de 3600-3700 MHz para servicios de 5G y asignárselos a Arsat en el orden nacional durante 20 años.
El proyecto dispondría asimismo que la empresa estatal utilice esas frecuencias para la adopción de la tecnología 5G en la industria y el sector público nacional, provincial y municipal, además de la posibilidad de firmar convenios con cooperativas y con pequeñas y medianas empresas (pyme). Según trascendió también, el pliego para el futuro concurso de otras tres bandas para los servicios de 5G contemplaría que, en caso de quedar vacante algún lote, este podría adjudicarse a la Arsat.
Hasta ahora, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA –tal su nombre legal– se había mantenido esencialmente como una firma mayorista. De prosperar este proyecto, entrará en competencia con el resto de las empresas de telecomunicaciones, particularmente con las móviles. Sin embargo, carente de financiamiento legítimo, lo hará del único modo que saben hacerlo las empresas estatales: con subsidios directos o implícitos.
No deja de levantar suspicacias, entre otros muchos aspectos, la posibilidad de que la firma de convenios con las pymes pueda derivar en adjudicaciones indirectas a particulares por parte de la Arsat
En este caso, mientras sus competidoras deberán adquirir el espectro a título oneroso, la Arsat lo recibe gratis. Si fuera una sociedad anónima con propósitos comerciales, la Arsat debería regirse por las mismas reglas que sus competidoras. Por otra parte, si el Estado debe acudir a formas propias del derecho privado, es un claro indicio de que estamos frente a tareas que no son propias de él.
Cabe preguntarse de dónde saldrán los recursos para el despliegue de la red, que requiere de cuantiosas inversiones, sin que se conozca hasta ahora que exista un plan de negocios sustentable.
Lo más probable es que, de llevarse a cabo esta aventura, se termine generando otro innecesario aumento del gasto público, que, una vez más, deberemos subsidiar todos los argentinos, usemos o no sus servicios, como sucede con la deficitaria Aerolíneas Argentinas, por citar un solo ejemplo.
La Arsat, una sociedad comercial con fines de lucro, no sería una empresa viable si no fuera por los aportes del Estado nacional, que en un país empobrecido como la Argentina podrían tener mejor destino.
Tampoco se justifica este proyecto en la presunta inexistencia de iniciativas privadas para satisfacer esas necesidades de comunicación, ya sean las del propio Estado o de los particulares, más ligada a la situación actual del país que a otra cosa. En la actualidad, las tres empresas de telefonía móvil existentes deben cubrir con la tecnología 4G toda localidad de más de 500 habitantes y los principales corredores viales del país.
Cabe señalar que, para llegar donde el mercado no puede hacerlo por falta de incentivos económicos, se encuentra el fondo del servicio universal, cuya administración debe ser mejorada y transparentada, como ya se ha comentado en este espacio editorial.
Tampoco deja de levantar suspicacias la posibilidad de que la firma de convenios con pequeñas y medianas empresas y cooperativas, pueda derivar en adjudicaciones indirectas a particulares de este valioso espectro, por intermedio de la Arsat. Eventualmente, ello ocurriría en absoluta violación de principios de concurrencia y publicidad que deben orientar cualquier adjudicación de recursos estatales y, con más razón, si son escasos. Algún fiscal debería investigar, además, si este proyecto no resulta violatorio de la ley por la que se estableció el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno.
A tono con la sinuosa trayectoria del ministro-candidato presidencial, a quien reportan las autoridades del sector, este proyecto mezcla el estatismo perimido de los que añoran a la vieja Entel con el tan harto conocido como nefasto capitalismo de amigos.
Fuente: La Nación
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