Al igual que tras el escándalo provocado por la fiesta llevada a cabo en la quinta presidencial de Olivos en 2020, en abierta violación del aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto durante la pandemia de coronavirus, frente al oscuro negocio con los seguros de dependencias del Estado durante su gestión, el expresidente Alberto Fernández ha vuelto a recurrir a la estrategia del “yo no fui”. Mientras en aquella oportunidad responsabilizó a su esposa, su “querida Fabiola”, por cometer el “error” de invitar a sus amigos a festejar su cumpleaños en Olivos cuando el propio Poder Ejecutivo había prohibido ese tipo de reuniones, ahora, para despegarse de las sospechas sobre un posible negociado, pareció descargar eventuales responsabilidades en su histórica secretaria privada.
El expresidente es investigado por la Justicia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, ante la posibilidad de que haya favorecido a determinados brokers que intermediaron en la gestión de seguros de dependencias oficiales durante su gobierno. “Yo no he robado nada ni participé de negociados”, se defendió Fernández, quien al ser consultado periodísticamente por el papel que pudo haber jugado su secretaria, María Cantero, esposa del broker de seguros beneficiado, Héctor Martínez Sosa, afirmó: “No pedí por nadie; si ella lo hizo, se extralimitó”. Aclaró, igualmente, que no creía que su secretaria hubiera influido para que su esposo terminara apareciendo como uno de los gestores favorecidos con jugosas comisiones como intermediario en contrataciones entre Nación Seguros y otras dependencias del Estado.
Como ya se informó, las sospechas de un gigantesco negociado surgieron tras conocerse que, luego de que en diciembre de 2021 el entonces presidente Fernández ordenase mediante un decreto que todos los seguros estatales debían pasar por la empresa Nación Seguros, en las contrataciones de esas pólizas realizadas por distintas dependencias oficiales aparecían como innecesarios intermediarios gestores con fuertes vínculos con el poder político, quienes se beneficiaron con comisiones que, en algunos casos, superaban el triple de lo que se acostumbraba facturar. Entre ellos, aparecían Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente de la Nación, y Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa. Este último habría cobrado una millonaria comisión por año por el contrato celebrado entre Nación Seguros y la Anses.
Las sospechas aumentaron cuando se advirtió que la relación personal entre Martínez Sosa y el expresidente de la Nación se remonta a más de treinta años atrás, cuando Fernández era superintendente de Seguros de la Nación. Además de una larga amistad, Martínez Sosa aparece como prestamista de Fernández en las propias declaraciones juradas que este presentó como funcionario público. El exjefe del Estado reconoció que, allá por 2008, recibió de Martínez Sosa un préstamo personal de unos 20.000 dólares, que hasta hoy no pudo devolverle. Curiosamente, en las declaraciones patrimoniales de los últimos años, Fernández consignó que esa deuda solo ascendía a 102.240 pesos, sin que sufriera incrementos a lo largo del tiempo, a pesar de la consabida inflación.
El presidente Javier Milei se refirió a la cuestión, durante su reciente mensaje ante el Congreso, y habló de “un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación”, y de “un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares en retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos”.
El extitular de la Anses Osvaldo Giordano advirtió durante su corto paso por el organismo que el acuerdo con Nación Seguros para asegurar el cobro de los créditos otorgados a jubilados resultaba, además, mucho más costoso que los “autoseguros”, por los cuales se les cobraba a los beneficiarios un pequeño porcentaje del préstamo, con el que se conformaba un fondo destinado a cubrir eventuales pérdidas por un fallecimiento. El decreto de Alberto Fernández autorizaba, además, a Nación Seguros a tercerizar el negocio mediante brokers y empresas privadas.
Además de poner fin a estas maniobras que benefician a amigos del poder a expensas de las arcas del Estado, es necesario que desde el Gobierno y la Oficina Anticorrupción se pongan a disposición de la Justicia todos los elementos para determinar las responsabilidades sobre lo que tiene visos de ser otro tan gigantesco como prolongado negociado, mezclado con conflictos de intereses.
Fuente: La Nación
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