Al gran pueblo argentino, ¿salud?

Como la cuestión de fondo no está zanjada en el ámbito político, cada tanto se actualizan los debates que abordan la gratuidad de la educación universitaria y la atención sanitaria para los extranjeros mientras se demora su eventual tratamiento en el Congreso.

En julio último, supimos del fallecimiento de un docente salteño arrollado por un camión en Cochabamba, Bolivia, a quien se le negó atención médica por carecer de dinero local, al igual que a un turista neuquino accidentado en Oruro que falleció a las puertas de un hospital en septiembre sin ser atendido. A raíz de un ACV, en Tarija, ciudad boliviana distante una hora de la frontera, una docente oriunda de Río Negro debió abonar 200.000 pesos diarios en la clínica privada en la que se internó hasta que se logró su traslado por tierra a Orán, Salta.

Siendo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales había denunciado que el acuerdo “de cooperación” en materia de salud firmado en 2019 entre la Argentina y Bolivia, vigente por cinco años, no se cumplía, tal como se verifica en la realidad. El Senado salteño, en septiembre pasado, envió una manifestación al consulado de Bolivia para pedir su inmediata revisión.

Jujuy, Misiones, Chaco y Formosa son las provincias más afectadas por el incesante flujo de extranjeros que cruzan la frontera para atenderse. Si tomamos las cifras de 2017, por ejemplo, del Hospital Pedro Uro, en La Quiaca, de las 28.000 personas atendidas, alrededor de 26.000 tenían documento argentino, 1848 eran bolivianas y 235, de otros países. Cuando el hospital público de alguna provincia atiende a argentinos con cobertura nacional, sindical o provincial, la institución puede aplicar convenios de recupero; no así cuando provienen de otros países.

Aunque parezca una obviedad, las prestaciones sanitarias que en la Argentina muchos consideran “gratuitas” solo lo son para el acceso, porque siempre tienen un costo para el Estado, soportado con el dinero de los contribuyentes.

El gasto sanitario se incrementa año tras año y el sistema cruje. Para resolver esta espinosa cuestión, habrá que apelar tanto a la sensatez como al coraje, pues se trata de decisiones consideradas políticamente incorrectas

En la Unión Europea, cualquier ciudadano de un país de la comunidad cuenta con una “tarjeta sanitaria” gratuita para ser tratado en hospitales públicos en igualdad de condiciones respecto de los locales. En la aldea global, los seguros de viajeros son un instrumento cada vez más exigido por numerosos países para permitir el ingreso y asegurarse el cobro de las prestaciones sanitarias. Vale señalar que, entre nosotros, en este terreno, a los residentes los asisten los mismos derechos que a los nacidos en el país.

Numerosos pacientes –algunos con doble nacionalidad, pero que viven muchas veces en países limítrofes–, mayormente de sectores sociales medios, se tratan tanto por enfermedades crónicas como por otras patologías. Esto incluye cirugías programadas –desde estéticas hasta trasplantes–, prestaciones odontológicas, pediátricas o del área neonatal y también prácticas de diagnóstico por imágenes, huyendo de la precariedad y los aranceles que deben pagar en su país y asegurándose la mejor atención que nuestros profesionales garantizan. Pocos casos son por emergencias.

Cuando se trata de partos, se suma otro ingrediente, ya que, según nuestras leyes, sus hijos recibirán el DNI y la nacionalidad argentinos sin considerar el lugar de residencia de la madre y podrán beneficiarse de planes, subsidios, escolaridad y atención sanitaria de por vida aunque vivan fuera de nuestro país. A diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde una ciudadana extranjera que da a luz puede optar por darle también la nacionalidad propia.

Durante la reciente campaña electoral, ante la falta de reciprocidad sanitaria de otros países con la Argentina, los integrantes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, habían pedido exigir el pago y terminar también con los tours sanitarios de extranjeros. Al ritmo de un tipo de cambio muchas veces favorable, estos paquetes de 24 o 48 horas para atenderse gratuitamente en nuestros hospitales públicos brindan rédito económico a sus organizadores y pérdida para muchas de nuestras instituciones. Tantas que algunos centros estatales de autogestión empezaron a instrumentar el cobro a ciudadanos de otros países para recuperar gastos, e incluso judicializan casos.

El diputado bonaerense Nahuel Sotelo (La Libertad Avanza), actualmente al frente de ese bloque, había propuesto en 2022 que los extranjeros no nacionalizados que concurrieran a hospitales bonaerenses pagaran los gastos, con tasas retributivas o aranceles a fijar por el Poder Ejecutivo. Si se trataba de urgencias, la provincia arbitraría los medios para cobrar a posteriori a las personas o a sus seguros médicos, como ocurre en muchos otros países. Su propuesta, destacaba, no venía a conculcar derechos en el acceso a la salud, sino a arbitrar las formas para cubrir el gasto ocasionado.

Reducir el gasto público es un imperativo, por lo que encontrar mecanismos razonables de compensación o asistencia recíproca entre países dista de constituir un proceder xenófobo, como muchos insisten en hacer creer

Ante el caso viralizado del médico de guardia del Hospital Argerich increpado por pacientes bonaerenses, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que se haría el esfuerzo por priorizar al ciudadano de la Capital Federal.

Federico Mangione, ministro de Salud de Salta, anunció que su provincia buscará cobrar por la atención a extranjeros y también a pacientes de otras provincias porque –dijo– “cada uno tiene que cuidar los recursos de su ciudad”. Si bien destacó que ante riesgo de vida se atenderá a todos los pacientes, remarcó los abusos en los requerimientos de atención al citar casos de Bolivia, desde donde vienen a vacunarse contra el dengue o a recibir tratamientos contra el cáncer.

La crisis económica aumentó en un 20% las consultas en los hospitales públicos mendocinos. Una controvertida iniciativa presentada en la Legislatura establece a la salud como política de Estado y propone 26 proyectos para garantizar las prestaciones. Uno de ellos incluye cobrarles la atención a quienes conduzcan en estado de ebriedad o tengan incompleto el calendario de vacunación. “No pueden los contribuyentes hacerse cargo de los problemas de salud de alguien que deliberadamente cometió un delito que incrementó el riesgo en su salud”, señala el proyecto.

El gasto sanitario se incrementa año tras año y el sistema cruje. Para resolver esta cuestión habrá que apelar tanto a la sensatez como al coraje, pues se trata de decisiones consideradas “políticamente incorrectas”. Reducir el gasto público es un imperativo, por lo que encontrar mecanismos razonables de compensación o asistencia recíproca entre países dista de constituir un proceder xenófobo, como muchos insisten en considerar, convencidos de que la demagogia a costa del Estado puede seguir siendo un camino.

Este debate tampoco puede esperar y, más allá de lo que resuelvan algunas provincias, nuestros legisladores deben encontrar la mejor alternativa posible para plasmarla en una ley nacional. Continuar dilatando el abordaje de estos temas solo atenta contra el derecho a la salud de los propios argentinos, quienes sostienen con sus impuestos un sistema público desbordado por una demanda creciente, pagando salarios de miseria, con instalaciones sin el debido mantenimiento, sin insumos y cronogramas de atención tremendamente limitados. De seguir así, y parafraseando el Himno, deberíamos preguntarnos: al gran pueblo argentino, ¿salud?

Fuente: La Nación