Finalmente, el gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), aprobó el llamado a licitación para la adjudicación de frecuencias para el denominado Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (Stefi). Se trata, más allá del acrónimo que se asemeja al nombre de una destacada tenista alemana, de avanzar en la licitación prometida para el primer trimestre de este año de servicios de acceso inalámbrico fijos y móviles que hagan uso de la tecnología 5G. A la vez, se resolvió en forma directa y gratuita adjudicar frecuencias a la empresa estatal Arsat para el mismo fin. Si bien ambos procesos tienen su individualidad, se encuentran íntimamente vinculados por tratarse de la asignación de frecuencias para un mismo servicio y una misma tecnología.
A diferencia de otros procedimientos llevados a cabo durante los últimos años, incluso por este mismo gobierno, ni el dictado del reglamento del Stefi ni el pliego ni la adjudicación a la Arsat fueron precedidos de una consulta pública como ordena el decreto 1172/2003. Una adjudicación de este recurso a 20 años debió haber estado sometida a consulta pública para darles la oportunidad de ser tenidos en cuenta a todos los interesados.
Ambas decisiones fueron precedidas por una sorpresiva suspensión de la reunión de directorio en la que se consideraba el pliego, tras un llamado presidencial para pedir la postergación. Tres días después, quedó una vez más en evidencia el papel decorativo de Alberto Fernández ante el ministro-candidato Sergio Massa.
El Enacom avanzó con el voto en contra de los directores de la oposición respecto de la licitación llevada adelante con el manifiesto propósito de intentar arrimar algunos recursos a la caja del Estado. Claramente, el Gobierno no prioriza la conectividad ni la rápida adopción de esta tecnología, sino que prima en él la necesidad de nutrir de dólares las alicaídas reservas del Banco Central o pesos (se puede pagar al tipo de cambio oficial) para el “plan platita elecciones 2023″.
La expectativa del oficialismo, hecha trascender desde 2022, respecto de que la subasta aportara 1400 millones de dólares se ha visto ahora reducida considerablemente. Entre otras cuestiones, como producto de la brecha entre los dólares financieros y el oficial.
El ajuste se da por el lado de la inversión, que para el primer año solo prevé la instalación de una antena con tecnología 5G en capitales de provincia y en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, algo que parcialmente ya cumplen varias compañías. Al cabo de siete años solo se exigirá una antena en localidades de 30.000 habitantes, y una cada 20.000 habitantes en las localidades mencionadas. Una antena puede significar una inversión de unos 80.000 dólares y el pliego, a tenor con una tendencia moderna, permite compartir la infraestructura por lo que la inversión para cada compañía podría limitarse a un tercio del total necesario para cumplir con tan exiguas metas.
Para tomar una referencia, basta con mencionar que la licitación de 2G y 4G llevó estas tecnologías a las localidades de 500 habitantes. Postergar la conectividad es la lógica consecuencia de haber priorizado las necesidades de caja a contramano de lo que hacen los países de la región, como Brasil, Chile o Colombia, que, en lugar de dinero, anteponen las inversiones en infraestructura. No se trata de llevar 5G a cada rincón de la Argentina, pero sí de aprovechar la licitación para mejorar la cobertura territorial y poblacional, eventualmente con otras tecnologías.
Se ratifica así tácitamente el malogrado decreto de necesidad y urgencia 690/2020, que permite al Gobierno controlar los precios de este futuro servicio.
Una mención aparte merece la adjudicación a título gratuito a la sociedad comercial estatal Arsat –también rechazada por la oposición– de un lote de frecuencias para 5G con el objetivo de desarrollar un “plan estratégico de conectividad federal” que no existe o que, si existe, nadie conoce. Ello ya mereció la crítica desde este espacio editorial por el intento de crear una nueva Entel, compitiendo de forma desleal e innecesaria con el sector privado y que seguramente solo incrementará el déficit público o dará lugar a negocios inconfesables con empresarios amigos del poder. Nada impide que la empresa Arsat se “asocie” a su libre arbitrio con terceros para que, en definitiva, sean estos quienes desarrollen ese “plan estratégico” sin pasar por una licitación onerosa como habrán de hacerlo quienes se presenten a competir. Por otra parte, esta iniciativa ya fracasó en dos ocasiones durante 2012 (decreto 2671) y 2015 (ley 27.207). Además, en una maniobra rayana en la extorsión, se plantea que los lotes que hipotéticamente quedaran vacantes en el concurso convocado podrían ser adjudicados también a la Arsat.
El nuevo pliego y la adjudicación directa a esa empresa han sido recibidos con una inusual crítica de los tres operadores móviles argentinos, que han puesto en duda, en un comunicado conjunto, su participación en el concurso en esas condiciones.
Estamos en presencia de una licitación inoportuna a pocos meses de que el gobierno finalice y diseñada pensando exclusivamente en las necesidades de caja del erario y no de la conectividad de los argentinos, en un contexto de mucha opacidad que permite pensar que se busca cumplir con finalidades diferentes de las declaradas.
Fuente: La Nación
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