Antes de asumir las funciones para las que han sido designados por el voto popular, nuestros presidentes juran ante la Asamblea Legislativa “desempeñar con lealtad y patriotismo” ese cargo, además de “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”. Alberto Fernández, como como jefe del Estado y profesor de Derecho, debería tenerlo bien presente. Pero, lamentablemente, muchos de sus últimos actos revelan un proverbial desprecio por nuestra Ley Fundamental.

El reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impuso nuevas restricciones a la circulación en el área metropolitana (AMBA), que incluyen un virtual toque de queda desde las 20 hasta las 6; limitaciones al funcionamiento de bares, restaurantes y otros locales, además de la prohibición de la apertura de los centros comerciales, y la suspensión de las clases presenciales por 15 días, es el más cabal ejemplo del avasallamiento del sistema federal y de la autonomía de distritos como la ciudad de Buenos Aires por parte del Poder Ejecutivo nacional.

En primer lugar, resulta de una enorme gravedad institucional y claramente inconstitucional que el presidente de la Nación dicte un toque de queda y restrinja garantías establecidas por la Constitución nacional, imponiendo prohibiciones a la libertad de circular, de trabajar o de comerciar, omitiendo la intervención del Congreso.

El decreto 241/2021, publicado hace un par de días en el Boletín Oficial, ha pasado por encima de un Poder Legislativo que se encuentra sesionando, por lo que nada justifica que el Presidente se atribuya facultades legislativas. Estamos, en consecuencia, ante un nuevo avasallamiento del principio de división de poderes, que nos aleja de la república y nos acerca cada vez más a una autocracia.

En segundo lugar, la norma dictada por el Poder Ejecutivo resulta violatoria de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires –aun cuando el gobernador Axel Kicillof haya acatado y elogiado las medidas–, por cuanto el presidente de la Nación se ha arrogado potestades sobre competencias locales, tales como la educación y la salud. Se trata, también, de un decreto que viola el principio de igualdad, dado que al resto de las provincias les otorga libertad para adherirse o no al cierre de las escuelas.

El autoritarismo avanza tan preocupantemente en el gobierno nacional como la desesperación y la impericia que exhiben sus autoridades frente a la crisis sanitaria

Nuestra Constitución establece que los derechos fundamentales solo pueden ser reglamentados o restringidos mediante leyes, por lo cual cualquier decreto presidencial en ese sentido es inconstitucional. El reciente DNU que nos ocupa también violenta la disposición constitucional que impide al Presidente el ejercicio de funciones legislativas, bajo pena de nulidad absoluta e insanable.

Independientemente de esas consideraciones netamente jurídicas, y yendo al punto central que gran parte de la sociedad y de la dirigencia política opositora cuestionan, la suspensión de las clases presenciales constituye una medida restrictiva de los derechos de niños y adolescentes a educarse. Especialmente, de quienes viven en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad, mayoritariamente excluidos del acceso a la tecnología necesaria para conectarse a clases virtuales. Los resultados que deparó la prolongada cuarentena, que imposibilitó las clases presenciales a lo largo de prácticamente todo el año pasado, están a la vista. Se esgrime que los chicos deben quedarse en su casa en lugar de ir a la escuela; sin embargo, la medida prohibitiva de la educación presencial no hace más que impulsar a los niños y adolescentes que viven en condiciones precarias a salir a la calle. Desconocer el papel de contención que cumple la escuela, que muchas veces hasta ayuda a advertir situaciones de violencia familiar que sufren los menores, da cuenta de la profunda ignorancia de algunos de nuestros gobernantes.

El infundado cierre de las escuelas es la medida más perjudicial para los derechos y para el desarrollo personal de infantes y adolescentes. Como ha señalado Unicef, la interrupción prolongada de la educación presencial tiene un efecto devastador, que afecta el aprendizaje, la protección y el bienestar de los chicos, y de manera especial de quienes viven en situación de vulnerabilidad.

La absoluta arbitrariedad de la decisión presidencial se advierte, asimismo, en la amenaza que lanzó Alberto Fernández, en su mensaje del miércoles por la noche, en el que advirtió que no dudará en recurrir a las fuerzas federales de seguridad para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas en el ámbito metropolitano. Una medida semejante, que requeriría de la declaración del estado de sitio o de una ley de intervención federal para poder ser llevada a cabo, constituye un auténtico atropello, con un pretexto injustificable, ya que supone que la policía local no estaría en condiciones de garantizar el toque de queda.

De este modo, el autoritarismo conculcatorio de las libertades que, en los últimos meses, hemos visto en algunas provincias, como Formosa, avanza tan preocupantemente en el gobierno nacional como la desesperación y la impericia que exhiben sus autoridades frente a la crisis sanitaria.

Fuente: LA NACION