Dos sobrinos de Nicolás Maduro fueron detenidos por supuesto contrabando de cocaína

Dos parientes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos en Haití por autoridades norteamericanas que los llevaron a Nueva York, donde esta tarde iban a comparecer ante un juez, acusados de conspirar para introducir un cargamento de cocaína en Estados Unidos, por lo que podría corresponderles una pena de cadena perpetua, confirmaron hoy fuentes oficiales.

Maduro no había hecho comentarios directos sobre el tema, pero al hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, dijo que su país sufre el «acoso permanente» de Washington, y en un mensaje en su cuenta de Twitter afirmó que «ni ataques ni emboscadas imperiales podrán con el pueblo de los libertadores».

Efraín Antonio Campo Flores, de 29 años, y Francisco Flores de Freitas, de 30, fueron capturados el martes pasado en Puerto Príncipe por funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y puestos a disposición del juez federal de Manhattan James Cott, ante el cual iban a comparecer por primera vez esta tarde, informó el fiscal del Distrito Sur de Nueva York a cargo del caso, Preet Bharara.

«Puedo confirmar que hay dos personas que fueron arrestadas en Haití acusados de que estaban conspirando para llevar una cantidad importante de cocaína a Estados Unidos», dijo en su rueda de prensa diaria el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, sin más comentarios. Según trascendió, se trataría de una suma de 800 kilos de cocaína.

Bharara sostuvo en su acusación de cinco carillas -reproducida íntegramente por el canal Univisión en su sitio web- que los imputados participaron el mes pasado de varios encuentros en Venezuela para organizar el envío de un cargamento de «más de cinco kilogramos» de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras.

Bharara, que los acusa de «conspirar» no solo para «importar» esas sustancias a Estados Unidos sino también para fabricarlas y distribuirlas, advirtió en declaraciones citadas por la agencia EFE que «la pena en el escrito de imputación conlleva como máximo una condena de cadena perpetua».

Campo Flores y Flores de Freitas son sobrinos directos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. El primero, además, fue criado por la primera dama y es ahijado de Maduro, según la prensa venezolana.

Según medios venezolanos, Campos Flores trabajó en el Parlamento Latinoamericano (2008-11) y desde 2014 es accionista de la empresa Transporte Herfra, radicada en Panamá, a la que dirige junto a su tío Hermes Melquíades Flores, hermano de la primera dama. En tanto, Flores de Freitas trabaja desde 2011 para la empresa Digital, ubicada en un centro comercial de Caracas.

Medios estadounidenses reportaron que los detenidos portaban pasaportes diplomáticos venezolanos y que en el momento de la captura alegaron inmunidad, que no fue admitida por los funcionarios de la DEA. La agencia noticiosa ANSA sostuvo que el gobierno de Estados Unidos notificó al de Venezuela «luego de producirse el arresto».

Cilia Flores formó parte en 1994 del equipo de abogados que gestionó el indulto que el entonces presidente socialcristiano Rafael Caldera concedió al teniente coronel Hugo Chávez, que estaba preso desde hacía dos años por haber encabezado un intento de golpe de estado.

Con Chávez en el gobierno, Flores fue diputada en 2000-12 (presidió la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral, en 2006-11) y procuradora general de la República (2012-13).

Tras el acceso de Maduro al gobierno, Flores no volvió a ocupar cargos estatales pero se mantuvo como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante y con frecuencia apareció en público junto a su esposo, quien impuso para ella, dentro del oficialismo, el apodo de «primera combatiente».

La relación bilateral entre Caracas y Washington está deteriorada desde 2010, cuando ambos expulsaron a los respectivos embajadores, y tuvo uno de sus mayores picos de tensión en marzo pasado, cuando el presidente Barack Obama emitió un decreto que declaró a Venezuela «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos.

En ese contexto, el 29 de octubre pasado Maduro dijo que presentaría una demanda contra el gobierno estadounidense en tribunales norteamericanos, con el objeto de que declaren ilegal ese decreto de Obama, que también dispuso sanciones económicas y migratorias a siete altos funcionarios venezolanos.

Asimismo, el gobierno de Venezuela afirmó el domingo pasado que un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos había ingresado sin autorización en su espacio aéreo dos días antes y advirtió que denunciaría ante diversos organismos internacionales esas «acciones de provocación nuevas, inusuales y extraordinarias de amenaza» de parte de Washington.