Colombia pidió respetar los DDHH de los casi 400 compatriotas deportados de Venezuela

El gobierno de Colombia reclamó hoy que «se respete la integridad y los derechos humanos» de sus ciudadanos, luego de que Venezuela deportara en los últimos dos días a 394 colombianos en el contexto del estado de excepción que decretó Caracas a raíz de un incidente armado registrado la semana pasada en la frontera común.

Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos, que ayer afirmó que el cierre de la frontera «beneficia a la delincuencia», se aprestaba a comunicarse esta tarde con su colega venezolano, Nicolás Maduro, «para conversar sobre esta situación», anunció el ministro del Interior colombiano, Juan Fernando Cristo.

En un comunicado de su cancillería, Colombia pidió a Venezuela por la situación de los colombianos «que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones», y solicitó especialmente que «se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos».

Venezuela deportó en los últimos dos días a 394 ciudadanos colombianos -de los cuales 42 son menores de edad- y apresó a otros ocho, a los que acusa de ser paramilitares, luego de que entrara en vigor el estado de excepción por 60 días y el cierre de la frontera decretados por el presidente Nicolás Maduro, informó el Ministerio del Interior de Colombia.

Maduro ordenó el miércoles pasado el cierre de dos puentes fronterizos que vinculan el estado Táchira con el departamento colombiano Norte de Santander, en principio por 72 horas pero luego «hasta nuevo aviso».

La medida fue adoptada después de que en la tarde de ese día tres militares y un civil fueran heridos en un ataque armado en la ciudad fronteriza San Antonio del Táchira, que el mandatario atribuyó a contrabandistas colombianos.

A juicio de la cancillería colombiana, el cierre de la frontera «genera un problema social de gran dimensión» debido a «la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente».

«Debemos buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática que se vive en la frontera común, pero minimizando el daño que esta medida produce para los hombres, mujeres y niños de los dos países que viven, trabajan y estudian en la zona fronteriza», agregó la nota.

Asimismo, el gobierno colombiano afirmó que «personas malintencionadas» están haciendo circular en redes sociales imágenes de situaciones registradas en otros países como si hubieran ocurrido en la frontera colombo-venezolana.

Sostuvo que esa actitud procura «aumentar la tensión que ya se registra en la zona» y «genera sentimientos negativos entre dos países que buscan avanzar a través del diálogo y el trabajo conjunto».

Mientras tanto, Cristo reveló que se reunió con el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreza, con quien estaba en contacto «definiendo el sitio de la frontera donde se va a realizar» la reunión entre las cancilleres colombiana María Ángela Holguín y venezolana Delcy Rodríguez, prevista para el miércoles próximo.

En una conferencia de prensa que dio hoy en Cúcuta -la ciudad colombiana que limita con San Antonio del Táchira-, Cristo anunció la creación de un comando unificado, liderado por funcionarios del gobierno y la Policía, e instalado en esa localidad, para atender la llegada de deportados.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que existe una intensa actividad de contrabando de todo tipo de productos, sobre todo desde Venezuela hacia Colombia, debido a la marcada diferencia de precios entre ambos países.