Para el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, la violencia narco en Santa Fe escaló a un punto que ya se plantea un escenario que nunca se vivió. “Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos”, dijo en diálogo con Infobae. “Amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia”, agregó.
La Asociación, a través de un comunicado, repudió las amenazas que el jueves pasado a la noche sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella y el senador provincial Lisandro Enrico. “Va a haber balas para todos”, decía la amenaza que le llegó a Enrico con la foto de un arma.
“Dichas acciones, no solo constituyen delitos graves, sino que además conforman un ataque inadmisible a la autonomía e independencia del Ministerio Publico y a la ´seguridad jurídica´ que debe regir en un Estado de Derecho, máxime que esta pretensión de amedrentamientos a los fiscales y a los jueces, como a sus dependencias, se convirtió en una habitualidad en la zona”, sostuvo la entidad que pidió que se avance en las investigaciones para dar con los responsables -se sospecha de dos jefes narcos de la zona que están presos- y “evitar que estos ataques queden impunes”.
La Asociación de Magistrados y las agrupaciones de jueces también se expresaron para repudiar el hecho y le pidieron al gobierno nacional de Alberto Fernández y al de Santa Fe de Omar Perotti que garanticen la seguridad de los jueces y los fiscales de la provincia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, se comunicó ayer con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que se comprometió a reforzar la seguridad de todos los jueces y fiscales federales de la provincia que son los encargados de investigar el crimen organizado.
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No es la primera vez que ocurre. En Rosario fueron baleados el edificio judicial de la ciudad, la sede de la justicia federal, casas de jueces y fiscales. Además de amenazas reiteradas.
Foto de archivo: el juzgado que condenó a Los Monos, baleado en 2018.
“Amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia. Ellos entienden que amedrentar no tiene consecuencias jurídicas. Termina siendo como gajes del oficio. No es normal que nadie viva amenazado. El mismo fenómeno se ve en otros países pero en Argentina se va naturalizando. Todos los días surjen amenazas, se hacen repudios pero en el orden de la programación del abordaje no se cambia. Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos. En 2022, cinco fiscales fueron asesinados en América Latina”, señaló Toranzos.
Para el presidente de la Asociación de Fiscales falla que no hay un abordaje integral del narcotráfico. “Hay una cierta incapacidad de comprender el fenómeno. No se puede tomar este delito de manera aislada, sino que es una acción delictiva que promueve otros”, planteó. “La boca de venta de drogas en un barrio crea una sensación de violencia en el lugar, de amenazas, hay competencia con otros vendedores. Eso produce un ambiente de irritación comunitaria. Muchas veces se entendió que era un tema de jurisdicciones. Si tenia que investigar la justicia federal o la local. Pero no es una problemática de una jurisdicción. Ahí falta un abordaje integral”, analizó.
Fuente: Infobae.com
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