La batalla judicial por la reforma laboral sumó un capítulo de alta tensión. La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su abogado Pablo Topet, presentó una serie de impugnaciones contra la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y dejó sin efecto la cautelar que frenaba los cambios en la legislación.
En su presentación, la central obrera exigió la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes firmaron la sentencia que revirtió el fallo previo del juez Horacio Ojeda, el cual mantenía suspendidos 81 artículos de la normativa.
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Las acusaciones contra los camaristas: «Beneficios» y «Prejuzgamiento»
La CGT fundamentó el pedido de apartamiento de los magistrados con argumentos de gravedad institucional:
- Víctor Arturo Pesino: Se le adjudica “falta de imparcialidad”. La central obrera subrayó que, apenas un día después de fallar a favor del Estado, el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por 5 años (ya que cumple 75 años en junio). Según la CGT, el juez recibió un “beneficio de importancia” por parte del Gobierno.
- María Dora González: Fue acusada de prejuzgamiento. La querella sostiene que la magistrada adelantó opinión al afirmar que los trabajadores no representan “sectores socialmente vulnerables” y que sus derechos no tienen “naturaleza alimentaria”.
Cuestionamientos por la competencia y la «insólita premura»
Además de las recusaciones, el asesor legal de los gremios impugnó la competencia de la Sala VIII. Sostienen que, al existir causas conexas previas, otra sala debía concentrar los recursos para asegurar la coherencia judicial.
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Asimismo, denunciaron que la resolución se dictó con una “insólita premura”, sin dar traslado a la CGT y sin esperar los tiempos procesales de radicación. La central pide ahora la intervención de la Sala I para que resuelva sobre la nulidad de todo lo actuado por Pesino y González.
Qué cambios volvieron a estar vigentes
Al otorgarse el efecto suspensivo, la denominada ley de modernización laboral vuelve a aplicarse plenamente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, lo que podría escalar hasta la Corte Suprema. Entre los puntos que la cautelar de Ojeda había frenado y que hoy están activos se destacan:
- Derecho a huelga: Limitaciones por sectores de actividad.
- Indemnizaciones: Cálculo sin incluir aguinaldos y posibilidad de pago en cuotas.
- Jornada laboral: Creación del banco de horas y fragmentación de vacaciones.
- FAL: Implementación del Fondo de Asistencia Laboral.
- Justicia Laboral: Traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
- Teletrabajo: Derogación de la ley vigente.
La CGT advirtió que mantener la vigencia de estas normas mientras se litiga permite que se “cercenen derechos constitucionales” antes de que exista una sentencia definitiva sobre la validez de la reforma.
Fuente: Mendoza online
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