Qué cambia en la economía tras el paquete de medidas de emergencia

Doble indemnización por despido, más retenciones, suspensión de la movilidad previsional, bono por dos meses para los jubilados que ganan de $ 14.000 a 19.000, impuesto del 30% al dólar, freno en la rebaja de Ingresos Brutos y aportes patronales, excepto para pymes, que reciben una moratoria; incremento de Bienes Personales, en especial para inversiones en el extranjero; congelamiento de tarifas, pago de de deuda con reservas, alza del gravamen para autos, motos y barcos importados, eliminación del tributo a plazos fijos y bonos, autorización a subas salariales por decreto en el sector privado, tarjeta alimentaria para 4 millones de argentinos… El nuevo gobierno arrancó con una catarata de medidas y faltan más.

Para empezar hay que decir que el combo de medidas de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, constituyen un ajuste. Aun cuando se reestructure con éxito la deuda, la Argentina enfrenta un déficit fiscal primario (antes del pago del pasivo) y carece de quien lo financie. Podría recurrir al FMI, pero debería someterse a sus recetas de ajuste fiscal y monetario y reformas estructurales (laboral, previsional). Para Guzmán, eso llevaría a un inviable equilibrio en el fondo del pozo. Y aunque el Gobierno pone en parte de lo que le pediría el Fondo, necesita en términos políticos demostrar que está haciendo su propia política.

Castiga a los que más tienen para darles a los que menos. Un ajuste progresista. Los que tributarán más no dejarán de consumir y, en cambio, los que más beneficios recibirán los gastarán todos. Hay quienes ponen en duda que el consumo popular impulse la economía, más allá del sector alimentos, pero otros advierten que la clase media, entre el freezer tarifario y las trabas para ahorrar en dólares o veranear en el exterior, acabará alentando la demanda.

La economía puede reactivarse un poco al menos en la primera mitad del año. La industria, con casi la mitad de su capacidad ociosa, no necesita invertir para producir más. Tampoco requiere contratar más personal, y menos en tiempos de doble indemnización. Claro que la duplicación de la compensación no rige para nuevos empleados y cuando se aplicó (2002-2007) creció el trabajo en blanco. Para crecer más allá de seis meses habrá que dar otras señales que alienten la inversión, el empleo y la transformación productiva de un país que insiste hace décadas en el péndulo de materias primas o industria para el mercado interno pero nunca acierta en imitar el camino al desarrollo de los países que apostaron por la vanguardia tecnológica.

¿A quién se ajusta? Al campo, a los jubilados de ingresos medios y altos, a las personas de más patrimonio, a la clase media que compra dólares y viaja al extranjero. Los aumentos tributarios en una economía con alta presión impositiva provocan distorsiones. Pueden dañar el ahorro y la inversión, sobre todo del campo, que genera los pocos dólares de una economía que produce pocas cosas de forma rentable para exportar. Puede afectar la producción agrícola en áreas marginales, aunque el tipo de cambio del sector es mejor, tras la devaluación de agosto y las nuevas retenciones, que hace seis meses.

El incremento de Bienes Personales abre un eventual conflicto judicial por la alícuota del 2,5% a bienes en el exterior, excluidos inmuebles. La presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gabriela Russo, opina: “Si el incremento lleva a una pérdida de capital, habría un caso confiscatorio”. Coinciden contadores como Ivan Sasovsky o Ezequiel Passarelli, que advierte, no obstante, que difícilmente un juez la considere confiscatoria. Arnaud Iribarne rechaza que lo sea. Coincide Teresa Gómez: “No es confiscatorio, pero sí abusivo porque no deberían gravarse más los bienes del exterior que los de la Argentina (1,25%), aunque, como la ley está encumbrada en un bien jurídico tutelado como la solidaridad, todo vale”.

Piedras. El Gobierno busca, al menos por 180 días, desindexar el gasto en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que representan seis de cada diez pesos que eroga el Estado nacional. La medida era reclamada por la ortodoxia. Si los haberes en 2020 hubiesen aumentado tal como preveía el índice de movilidad que Mauricio Macri impulsó en 2017, hubieran compensado la inflación de 2019, pero a la vez hubiesen impulsado los precios del año próximo por el consiguiente aumento del gasto. Ese fue el argumento que esgrimió Guzmán, parecido al que guió hace dos años a su antecesor Nicolás Dujovne en su reforma previsional y que provocó violentas y masivas protestas del kirchnerismo y la izquierda en la Plaza de los Dos Congresos.

“En un escenario complejo se prioriza a los de abajo y además la brecha entre las jubilaciones mínimas y las máximas es alta en relación a otros países”, explica una alta fuente del Gobierno. El mayor es siete veces superior al más bajo, cuando en Francia es el doble o en España el triple, agrega. Razones para justificar una poda que puede provocar demandas judiciales si unos reciben más porcentaje de aumento que otros, según el abogado Adrián Tróccoli.

Fuente: Revista Noticias