Presupuesto 2023: Juntos por el Cambio acompaña el ajuste del gasto, un sector del oficialismo anticipa sus reparos

La discusión del Presupuesto 2023 y el acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que el Congreso aprobó en marzo pasado, (FMI) presentan una curiosa (y paradójica) analogía: mientras Juntos por el Cambio parece dispuesto a apoyar el proyecto que elaboró el ministro de Economía, Sergio Massa, algunos sectores del Frente de Todos, reacios a avalar un ajuste del gasto público, empezaron a dar señales de rechazo.

Según se desprende del proyecto de presupuesto, el Gobierno se propone ejecutar en 2023 una reducción del gasto del sector público nacional (esto es, la administración nacional más las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes) del 1,2% del PIB. Según detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las transferencias corrientes son las que presentan mayor caída, del orden del 14% en términos reales, básicamente por la reducción en los subsidios a las tarifas de agua, luz y electricidad. A las transferencias corrientes le siguen ajustes en las transferencias de capital, del déficit operativo de las empresas públicas y del gasto en bienes y servicios, con caídas reales del 9,3%, 7,3% y 2,1%, respectivamente.HABLÓ KELLY OLMOS, LA NUEVA MINISTRA DE TRABAJO CON PASADO MENEMISTA: “LA MEJOR MANERA DE TRABAJAR POR EL SALARIO DE LOS ARGENTINOS ES COMBATIR LA INFLACIÓN”

“Massa nos está haciendo el ‘trabajo sucio’ del ajuste para cuando nosotros lleguemos al gobierno el año próximo”, sintetizó, no sin ironía, un destacado miembro opositor de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. En el interbloque de Juntos por el Cambio observan que, más allá de no coincidir con algunas previsiones macroeconómicas –entre ellas una caída de casi 40 puntos de inflación para diciembre del año próximo–, el proyecto no es el “disparate” de otros presupuestos kirchneristas y, por lo demás, se ajusta bastante a las metas comprometidas con el FMI para renegociar la deuda. Si bien propondrá modificaciones al texto –entre ellas una cláusula para evitar un eventual excedente de recaudación se distribuya de manera discrecional–, por ahora impera el ánimo de votar a favor en general.

Presiones internas

La sola mención de la palabra FMI genera urticaria en algunos miembros del Frente de Todos, sobre todo en aquellos identificados con los movimientos sociales y el kirchnerismo. Cuando se votó el acuerdo, en marzo pasado, 28 diputados oficialistas votaron en contra –entre ellos Máximo Kirchner– y otros 13 se abstuvieron. El proyecto se aprobó por obra y gracia de los votos de Juntos por el Cambio y de otros bloques opositores.

¿Estamos frente a un déjà vu en la discusión del presupuesto? Difícil anticiparlo por ahora: Máximo Kirchner no bajó instrucciones a su tropa y en el bloque se vive un clima de malestar contenido –a nadie le entusiasma la idea de ajustar los bolsillos en un año electoral– que se entremezcla con la resignación de cumplir con las metas pactadas con el FMI. Algunas voces críticas ya comenzaron a hacerse escuchar.

“Es muy difícil que acompañe, porque si no estaría desdiciendo lo que dije en el recinto sobre el acuerdo con el Fondo –enfatizó el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa–. Dije que nos estaban invadiendo la soberanía y que era un acuerdo de ajuste. Es difícil que cambie mi postura, seguramente voy a estar votando en contra”.

Este sector del oficialismo, el más sensible al termómetro social, le reclama a Massa que abra el grifo del gasto social. “Hay varias partidas que están por debajo de la inflación. Las becas Progresar, por ejemplo”, afirman. Un dato: el Gobierno les asignó a los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación –los cuales concentran buena parte del gasto social– partidas con alzas que estarán por debajo de la inflación del 60%, es decir, sufrirán caídas en términos reales.

“Es un presupuesto de contingencia, con muchas restricciones dado que hay un acuerdo firmado con el FMI que te pone una meta fiscal”, reconoció el oficialista Itai Hagman, diputado del Frente Patria Grande, de Juan Grabois.

“El debate tiene que ser cómo se cumplen esas metas, de modo de buscar la manera para que la forma de cumplir esas metas en ningún caso implique que el ahorro pase por alguna política social, educativa, de salud”, sostuvo Hagman, inquieto por la demora del Gobierno en instrumentar el bono prometido para los sectores más vulnerables, que se financiaría con parte de lo recaudado por el llamado “dólar soja”. El compromiso está, pero estamos a 6 de octubre y no se anuncia, y nos preocupa”, advirtió.

No son los únicos reclamos. Los legisladores oficialistas que responden a los gobernadores llegarán a la instancia de la firma del dictamen con una larga lista de pedidos de sus provincias. En esta oportunidad, la presión de los mandatarios se concentra en dos puntos: transporte y energía. Reclamarán una partida mayor para subsidiar el transporte del interior (el proyecto lo fijó en poco más de $66.000 millones) y pedirán una compensación (más subsidios) para las provincias “electrodependientes”, esto es, que demandan mayor energía por cuestiones climáticas.EL GOBIERNO ANUNCIÓ TRES NUEVAS MINISTRAS: KELLY OLMOS EN TRABAJO, VICTORIA TOLOSA PAZ EN DESARROLLO SOCIAL Y AYELÉN MAZZINA EN MUJERES

Otro punto de conflicto es el artículo 90 del proyecto: permite que la Nación pueda retener parte de la coparticipación a aquellas provincias que mantengan deudas con Cammesa, la empresa mayorista de energía. En la actualidad, el déficit de Cammesa es cubierto con fondos del Tesoro nacional. Los mandatarios provinciales deudores no quieren que se les toque un peso de su coparticipación. “Es inconstitucional”, sostienen.

Este “tire y afloje” entre los gobernadores y el Ministerio de Economía ya forma parte de una liturgia que se repite año a año en cada discusión del presupuesto. Si bien el Gobierno aparece cediendo a buena parte de los reclamos de los mandamases del interior para asegurarse los votos en el Congreso, una vez que comienza el ejercicio presupuestario la que finalmente se impone es la lapicera del jefe de Gabinete y su facultad para reasignar partidas a discreción.

Laura Serra

Fuente: La Nación