El juez federal Ariel Lijo tomó ayer la medida más importante desde que instruye la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman días antes de su muerte: ordenó la copia de todos los servidores informáticos de la Casa Rosada, la Cancillería y la Procuración del Tesoro en busca de información que pudiera vincular aCristina Kirchner con un acuerdo extraoficial en el marco del memorándum con Irán, informaron fuentes judiciales.
La Justicia revisará los correos electrónicos y chats internos de la ex presidenta, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Héctor Timerman, Angelina Abbona y otros funcionarios en el período 2011-2015 para conocer qué información manejaba la cúpula del kirchnerismo sobre el memorándum con Irán.
Los investigadores harán especial hincapié en los datos que manejaron estos funcionarios sobre las circulares rojas de Interpol impuestas por el Gobierno sobre los iraníes sospechados de haber participado en el atentado a la AMIA , informaron fuentes judiciales.
La hipótesis de Nisman era que la firma del pacto con Irán implicaba, además, un encubrimiento por parte de la ex presidenta de los iraníes investigados por el caso AMIA. El plan -sostenía el fiscal- era que los acusados declararan ante la Justicia y, al mismo tiempo, dejar sin efecto los pedidos de captura de Interpol contra los acusados.
Agentes de Gendarmería y técnicos informáticos de la fiscalía de Gerardo Pollicita se presentaron ayer por la mañana con una orden para copiar miles de terabytes de información que se desprende de las casillas oficiales de correo electrónico de 15 funcionarios, así como chats internos y otros documentos durante un período de dos años antes y posteriores al acuerdo, firmado en enero de 2013. También buscaron documentación en los servidores con una lista de palabras clave, informaron fuentes judiciales.
Una vez analizada y depurada, la información -en poder del fiscal Pollicita- será cruzada con los registros de todas las llamadas realizadas por los imputados en la causa, que fue ordenada en marzo para determinar quiénes fueron los interlocutores más activos durante los días clave por el memorándum. Estos nuevos datos permitirán conocer, por ejemplo, si existen coincidencias en las comunicaciones de los funcionarios cuando ingresaba información sobre el tema vía mail.
El juez Lijo y el fiscal Pollicita estarán especialmente atentos a la información sobre las circulares rojas de Interpol que la Argentina había impuesto sobre los iraníes. En primer lugar, los investigadores rastrearán la información que manejó la Cancillería sobre el tema. Después, la intención es conocer qué grado de seguimiento le daban Cristina Kirchner y su primera línea de funcionarios al tema.
Nisman aseguró en su denuncia que la Argentina levantó las circulares rojas de Interpol con la firma del memorándum. Esa información, sin embargo, fue desmentida horas después por Timerman. Pero hace dos meses nueva información de la oficina nacional de Interpol dejó expuesto que Timerman permitió flexibilizar las alertas contra los iraníes mediante la inclusión de una advertencia en el memorándum.
«No hay delito»
«Ya no saben qué buscar. Pueden hacer todas las medidas de prueba que quieran, pero no van a encontrar nada. Es un final cantado: acá no hay ningún delito», afirmó Alejandro Rúa, abogado de Cristina Kirchner, en diálogo con la nacion. «Nos llama la atención el modo en que se investiga esta causa. Es un disparate», agregó Rúa.
La defensa de la ex presidenta presentó ya varios recursos para desplazar al juez y al fiscal de la causa. Pidió el apartamiento de Lijo al entender que el magistrado no debería intervenir porque ya estuvo a cargo de otra pesquisa por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA y fue apartado por la Cámara Federal a raíz de supuestas demoras. Aunque la Cámara ya rechazó el pedido, Rúa adelantó que presentará un recurso ante la Casación.
La ex presidenta también pidió apartar de la investigación al fiscal Pollicita, que tiene delegada esta investigación por supuesto encubrimiento a los iraníes. La defensa de Cristina consideró que el Ministerio Público ya se expresó cuando el fiscal ante la Cámara de Casación desistió de investigar la denuncia de Nisman, que había sido cerrada dos veces.
Fuente: La Nación
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