Mientras el Gobierno lleva adelante negociaciones que avanzan a paso lento, el oficialismo se vio obligado a correr la meta y a resignarse a que, al menos hasta el jueves, no tendrá los dictámenes de comisión de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal, debido a que todavía no reúne los votos que le aseguren la aprobación de las iniciativas en el recinto del Senado. Aun aceptando que sufrirán cambios y deberán volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
Según pudo saber LA NACION, el nuevo cronograma mantiene la fecha del 23 de mayo para que la Cámara alta apruebe los proyectos en el recinto. Pero incluso este objetivo parece de difícil cumplimiento si se toma en cuenta que recién este martes a la tarde los negociadores del oficialismo comenzaron a recolectar un punteo de los artículos que necesitarían cambiar para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista.Ads by
A la lentitud del proceso se suman algunas preocupaciones que empiezan a circular entre el oficialismo y los bloques dispuestos a colaborar con el avance de los proyectos en torno a la multiplicidad de negociadores del Gobierno y al volumen de modificaciones pedidas. La gran cantidad de reclamos y la posibilidad de satisfacerlas amenaza con convertirse en una caja de Pandora que, una vez abierta, el Gobierno no pueda controlar.
Hay más luces de alarma en los tableros políticos del Senado. En el oficialismo cayó mal haberse enterado por los diarios que el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió el viernes pasado con el senador Martín Lousteau (UCR-Capital) para escuchar sus reclamos. Esto también provocó resquemores en algunos miembros de la bancada radical, para quienes el legislador se cortó sólo y dejó mal parado al jefe del bloque, Eduardo Vischi.
En este escenario, hay versiones que hablan de que el Senado podría sesionar para discutir los proyectos en la última semana de mayo. Estos rumores van en línea con las declaraciones del ministro del Interior y del propio presidente Javier Milei, quienes hoy supeditaron la firma del Pacto de Mayo a la sanción de la codiciada Ley Bases y admitieron que el acto podría postergarse para junio o julio.
Lo concreto es que las negociaciones entre la Casa Rosada y los senadores de la oposición dialoguista marchan a ritmo cansino. Recién en las últimas horas los representantes del Gobierno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, comenzaron a recolectar, de manera sistematizada, las objeciones planteadas por los diferentes bloques y legisladores.
No son los únicos interlocutores del Poder Ejecutivo que trajinan despachos de la Cámara alta, a la caza de votos. El asesor presidencial Santiago Caputo también ha mantenido contactos con varios senadores para tratar de convencerlos de apoyar las iniciativas.
Durante la mañana el bloque radical mantuvo una extensa reunión en la que terminó de definir las propuestas de cambio tanto a la Ley Bases como a la reforma impositiva, que incluyen pedidos de modificaciones al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo impositivo, Ganancias, monotributo social y la eliminación de la moratoria previsional.
El tema Ganancias es otro de los frentes abiertos y con fuerte riesgo de convertirse en un duro fracaso para el Gobierno que empiezan a advertir en varios bloques del Senado. Con las provincias patagónicas rebeladas por el impacto de la medida en los salarios de los trabajadores petroleros, la restitución del impuesto suma 42 votos dispuestos a rechazarlo, cifra que se acerca de manera peligrosa a los dos tercios, una mayoría agravada que difícilmente pueda conseguir el oficialismo para revertir la eliminación del artículo cuando vuelva a discutirse la reforma impositiva en la Cámara de Diputados.
Tal vez la definición más importante del encuentro fue la ratificación del bloque radical de que su intención es ayudar a que el Gobierno alcance la aprobación de la ley, ya que no asumirán una postura obstruccionista. Mucho más si, como se declaró de manera pública, la Casa Rosada está dispuesta a aceptar cambios a las versiones aprobadas por Diputados el 30 de abril último.
A estas propuestas se sumarán las planteadas por senadores de bloques menores, pero indispensables a la hora de conseguir las firmas para emitir dictamen, como la rionegrina Mónica Silva, la neuquina Lucila Crexell, que responden a los gobernadores de sus respectivas provincias.
Un primer paso en la unificación de personería de la oposición dialoguista, además de la reunión radical, tuvo como escenario el comedor del Senado, que reunió en una mesa a la hora del almuerzo a los senadores Lousteau, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), y los peronistas antikichneristas Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) y Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes). Salvo el correntino, los otros tres legisladores integran las comisiones en las que se discuten los proyectos. La idea de este grupo es definir “un núcleo duro” de modificaciones a las que debería atender el Poder Ejecutivo.
El Gobierno se llevó también las propuestas de modificaciones de Edgardo Kueider (Unidad Federal) durante una reunión que el senador mantuvo en su despacho con Ibarzábal Murphy. El peronista entrerriano preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que participa del debate de las iniciativas, y ya le hizo saber al oficialismo que no pondrá palos en la rueda, pero también que no está dispuesto a firmar dictamen, ni a votar los proyectos tal cual salieron de la Cámara baja.
Mientras las negociaciones recién empiezan, el debate de los proyectos continuó este martes con la presencia de una veintena de expositores que dieron sus puntos de vista sobre las iniciativas. Invitados en su mayoría a propuesta del kirchnerismo, la audiencia estuvo hegemonizada por las críticas a los proyectos.
Fuente: La Nación
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