La oposición logró imponer en el Senado la emergencia social

La oposición logró ayer imponer su amplia mayoría en el Senado y aprobó un proyecto de ley que declara la emergencia social y alimentaria por el plazo de un año, aumenta en un 15% las asignaciones sociales y ordena crear un millón de nuevos planes laborales.

La iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que denunció la irresponsabilidad presupuestaria del proyecto e hizo hincapié en que fue impulsado por senadores del Frente para la Victoria (FPV), fuerza que gobernó el país hasta diciembre último.

«Si el objetivo es sancionar una ley para que el final del camino sea el veto del Poder Ejecutivo, creo que se está generando una falsa expectativa en gente que no se lo merece», señaló el senador radical Luis Naidenoff (Formosa), al cuestionar la jugada de la oposición.

La respuesta no se hizo esperar. «Este proyecto viene a atender a un sector muy importante de nuestro país que está viviendo una situación muy compleja», aseguró Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), autor del proyecto, junto con los senadores Teresita Luna (FPV-La Rioja) y Jaime Linares (GEN-Buenos Aires).

El texto fue aprobado por una amplia mayoría de 45 votos a favor y sólo 13 en contra, pero para convertirse en ley deberá ser aprobada por Diputados. En esa cámara, donde tiene una tropa propia más nutrida, y en la proximidad del final del período de sesiones ordinarias, pone el Gobierno sus esperanzas de poder frenar la sanción de la norma.

La única medida concreta del proyecto es el refuerzo de un 15%, durante doce meses, de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo. Por otro lado, «instruye» al poder Ejecutivo a crear «un millón de nuevos puestos de trabajo», bajo el régimen del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

La iniciativa también contempla la posibilidad de crear un «salario complementario» para alcanzar el salario mínimo, vital y móvil para los trabajadores de la economía informal, aunque la definición de esa medida quedará supeditada a la discusión entre representantes de las organizaciones sociales y del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Economía Popular, órgano que crea el proyecto y que dependerá del Ministerio de Trabajo.

Catálogo de intenciones

«Por cada puesto que se pierde de la economía formal son cuatro puestos que se pierden en la economía informal», aseguró Abal Medina.

Por su parte, Luna justificó el proyecto en el impacto de las medidas económicas tomadas por la administración de Mauricio Macri. «La pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables ante una inflación del 40% hace imperiosa la necesidad de declarar la emergencia», afirmó la senadora opositora.

Sin embargo, el oficialismo reaccionó con dureza a la iniciativa. «Esto es un catálogo de buenas intenciones», afirmó Naidenoff, quien amonestó a los autores de la iniciativa. «Cuando se habla de generar un millón de puestos de trabajo, sobre todo de parte de aquellos senadores que fueron gobierno hasta no hace mucho, hay que tener un poco de responsabilidad», sentenció, en clara dirección a los legisladores del bloque del FPV que avalaron la iniciativa.

«No pongo a todos en la misma bolsa, pero sí a quienes gobernaron el país, porque el 10 de diciembre nos encontramos con siete millones de trabajos en la economía informal», sentenció el radical.

Abal Medina intentó defender su proyecto asegurando que las fuentes de financiamiento de su costo, que calculó en $ 11.000 millones, saldrían de un proyecto que gravará la renta financiera y el juego y que sectores de la oposición tendrían en elaboración en la Cámara de Diputados. «¿Por qué no lo aprobaron cuando fueron gobierno?», lo cruzó Naidenoff.

La iniciativa es reclamada por organizaciones piqueteras y de la denominada economía informal, quienes no pudieron llegar a un acuerdo con el Gobierno en su búsqueda de ayuda social que permita paliar los efectos de la devaluación y la inflación. El viernes, esas organizaciones marcharán junto con la CGT en reclamo de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, escuche sus reclamos.

Fuente: La Nación