“La jueza Ana María Figueroa es el menor de los problemas”. La definición corresponde a un senador de Juntos por el Cambio, fuerza en la que sostienen que el apuro de Cristina Kirchner porque el Senado apruebe el pliego que extendería por cinco años la permanencia de la magistrada en la Cámara de Casación Penal, que el 9 de agosto cumple 75 años y sin ese acuerdo debería jubilarse, opera como un “caballo de Troya” para ocultar otras intenciones.
Esa “agenda oculta”, según coincidieron en los despachos de dos senadores de la oposición, tendría una doble función. El más importante, apunta a sumar jueces alineados con la Lista Celeste para que este sector, de estrechos vínculos con el kirchnerismo, se convierta en mayoría en las próximas elecciones de la Asociación de Magistrados y, así, ganar un escaño más en el Consejo de la Magistratura.
Pero también es una apuesta a colonizar el fuero nacional porteño de cara a un eventual traspaso de la Justicia al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, alertó una legisladora de la principal fuerza de oposición en el Senado.
Como informó LA NACION, tras el fracaso de hace dos semanas el kirchnerismo volverá a la carga en los próximos días en la Cámara alta para tratar de conseguir el quórum que le permita sesionar y aprobar un paquete de 75 pliegos judiciales –hay jueces, fiscales y defensores oficiales-, entre los que se destaca con nombre propio el caso de Figueroa.
La jueza, actual presidenta de la Cámara de Casación Penal, tiene en sus manos al menos dos causas que involucran de manera directa a Cristina Kirchner. Uno es el caso Hotesur-Los Sauces, en el que la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, podrían enfrentar un juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de dinero en el alquiler de habitaciones de los hoteles de la familia. El otro, es el Memorándum con Irán, por el cual se investiga las razones que llevaron a que Cristina Kirchner sellara con la autocracia asiática un acuerdo que habría favorecido a algunos de los acusados por el atentado a la AMIA.
Al borde de los 75 años, edad a la que, según la Constitución Nacional, deben jubilarse los jueces si no consiguen un nuevo acuerdo del Senado, Figueroa espera que el oficialismo apruebe el pliego que envió el Poder Ejecutivo en marzo último para poder continuar en el cargo hasta los 80 años.
Para lograrlo, debe asegurarse la presencia de 37 senadores en el recinto. Con 31 legisladores propios y tres de fuerzas aliadas asegurados, el kirchnerismo necesita que al menos tres de los cinco integrantes del bloque Unidad Federal (peronistas díscolos) se sienten en sus bancas. Con la puntana María Eugenia Catalfamo convencida, todavía les resta asegurarse el apoyo de Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), que hace dos semanas frustraron los planes oficialistas al negarse a dar quórum, molestos por diversas razones.
“Oleada celeste”
Pero desde hace varias semanas que en ámbitos judiciales circula la idea de que, además de Figueroa, el kirchnerismo tiene otra agenda detrás de su apuro por nombrar jueces antes del final del mandato del actual gobierno.
“Quiere nombrar una oleada de jueces que apoyan a la Lista Celeste, para volcar el padrón de la Asociación de Magistrados y ganar un escaño más del estamento de jueces en el Consejo de la Magistratura”, contó a este diario un senador de Juntos por el Cambio, esgrimiendo la nómina de candidatos que formarían parte de la maniobra.
La Lista Celeste es la expresión kirchnerista en la interna de los magistrados y nuclea a miembros de Justicia Legítima. Es el caso, por ejemplo, de Maximiliano Alberto Callizo, quien está propuesto para el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 17 y es protesorero de la agrupación, en la que también milita Leonardo César Fillia, a quien el Poder Ejecutivo nominó para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Otro integrante de la Lista Celeste, según la oposición, es Adrián Martín, postulado para la Cámara Nacional de Casación Penal, que fue candidato por la agrupación en las elecciones de 2021. Por su parte, Constanza Borghini, que está propuesta para el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, apoyó la segunda solicitada de Justicia Legítima.
En la lista en poder de la oposición también aparecen los nombres de Fernando Poviña, que fue candidato de la Lista Celeste y apoyó una de las solicitadas de Justicia Legítima; y de Gerardo Pettigiani, que se postuló por la Celeste en las elecciones del año 2016.
También hay muchos fiscales y defensores con claro alineamiento con el kirchnerismo. María Candelaria Migoya, que pretende ser defensora oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara de Apelaciones fue firmante de las dos primeras solicitadas de Justicia Legítima. María Ángeles Ramos, en tanto, está postulada para fiscal general, cumplió funciones durante la gestión de Alejandra Gils Carbó al frente del Ministerio Público y fue propuesta como testigo por el kirchnerismo en el juicio político que le siguen a los jueces de la Corte en la Cámara baja.
Fuente: La Nación
Sea el primero en comentar en "La oposición denuncia una “agenda encubierta” de Cristina Kirchner para colonizar la Justicia"