RÍO GALLEGOS.- La Justicia Federal está decidida a encontrar a los responsables locales de la trama que permitió beneficiar al empresario detenido Lázaro Báez por más de $46.000 millones en obra pública. Por eso busca pruebas para avanzar contra funcionarios del gobierno de Santa Cruz que con su aprobación u omisión de controles favorecieron la ingeniería administrativa montada entre 2003 y 2015.
Hace tres meses que los investigadores avanzan sobre el rol que tuvo el gobierno santacruceño. Al momento, ya tienen digitalizados 22 kilos de documentos, donde se acumulan pruebas que permitirían sumar nuevos imputados: analizan el rol de gobernadores, ministros de Economía, fiscales de Estado, tesoreros generales de la provincia y auditores internos en el período analizado, confirmaron a LA NACIONfuentes judiciales.
La obra pública, la gran vedette durante el kirchnerismo, se convirtió en una maraña de expedientes entre los que se buscan huellas que fueron dejando los responsables.
Sobre la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad provincial, que debía controlar los procesos licitatorios, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ya habían determinado que las oficinas eran un engranaje más del «plan criminal» que denuncian.
En la causa ya se encuentran procesados y cerca del juicio oral la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el empresario Báez y una veintena de funcionarios nacionales y provinciales vinculados a Vialidad, todos investigados por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
Se les adjudica haber conformado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de Santa Cruz a favor de Austral Construcciones y otras empresas satélite.
Pero la investigación tiene una pata más, que es la determinación del rol y de la responsabilidad que tuvieron los funcionarios de la provincia de Santa Cruz en la asignación de la obra pública. «Queremos cerrar el círculo, avanzar sobre los funcionarios provinciales y sobre los empresarios que actuaron junto a Báez», confirmaron fuentes con acceso a la investigación.
La hipótesis judicial que investigan es clara: la estructura orientada a la sustracción de fondos públicos se armó a nivel nacional y se ejecutó al detalle en Santa Cruz. Buscan por ello la información sobre «cada obra pública, cada orden de pago y redeterminación de precio que se hizo sobre cada obra», aseguraron fuentes judiciales a LA NACION.
El objetivo es que en la causa queden imputados desde Báez hasta el empresario subcontratista que trabajó para él, y desde Cristina Kirchner hasta el funcionario de menor rango de Santa Cruz que haya participado de la operatoria.
Los allanamientos de las últimas horas ordenados por el juez Julián Ercolini y ejecutados por el juez federal subrogante de Río Gallegos, Javier Leal Ibarra, avanzaron sobre el rol de contralor que tuvo la provincia a través del Tribunal de Cuentas. Además de expedientes, pidieron todos los requerimientos que se hicieron desde el organismo en el período analizado. Los peritos quisieron saber quiénes auditaban las cuentas públicas y quiénes eran los vocales a cargo del control de la Administración General de Vialidad provincial.
Hace diez días, tras la demanda de más de $20.000 millones presentada por Vialidad Nacional contra ella y los funcionarios de su gestión investigados por corrupción en la obra pública, Cristina Kirchner presentó un fuerte descargo en la Justicia. Además de denunciar una «persecución política», pidió que llamen a declarar como testigos a los ex jefes de Gabinete de su gestión y a los gobernadores de Santa Cruz de 2003 a la actualidad. Ellos son Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta y Alicia Kirchner. Aunque pidió que no sean imputados, sino que se los cite como testigos.
Rey de la obra pública
Cadena de favores
La Justicia investiga si se conformó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a partir de la asignación de la mayor parte de las obras viales a Báez
Fuente: La Nación
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