Pese a recibir duras críticas por parte de dos de los jueces de la Corte Suprema –Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz-, los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político están decididos a avanzar en el enjuiciamiento al máximo tribunal por mal desempeño en sus funciones. Los informes acusatorios están casi listos y el tiempo límite para dictaminar es el 17 de este mes. La cuestión aún no resuelta si lo harán antes o después del balotaje: los legisladores esperan una señal del Gobierno y, puntualmente, del candidato presidencial Sergio Massa, antes de avanzar.
Desde el entorno del ministro de Economía descartan que Massa auspicie ir al choque contra la Corte Suprema, menos a dos días del balotaje. No haría otra cosa, sostienen, que darle pasto a la oposición y a su rival libertario Javier Milei en su campaña de asociarlo con las prácticas del kirchnerismo. De hecho ya lo hizo el excandidato presidencial Juan Schiaretti y un largo listado de referentes de Juntos por el Cambio contrarios a los embates contra el máximo tribunal.
Massa tuvo respecto de la embestida contra la Corte una posición dual. Cuando el presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo impulsaron la embestida, allá por enero de este año, el ministro de Economía evitó pronunciarse públicamente sobre el asunto. En paralelo, sin embargo, dio luz verde para que dos diputados del Frente Renovador –Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán– participen junto al kirchnerismo en la investigación a los jueces.
Ahora que el proceso está llegando a su fin y la Comisión de Juicio Político debe dictaminar si acusa o no a los jueces de la Corte por mal desempeño en sus funciones, las miradas apuntan al candidato oficialista. A fin de este mes finaliza el año parlamentario y, según el reglamento, las comisiones tienen tiempo hasta el 17 de este mes para emitir dictamen. Es decir, dos días antes del balotaje.
¿Hay alguna posibilidad de dilatar la presentación del dictamen? El reglamento del cuerpo lo permite siempre y cuando el Poder Ejecutivo prorrogue las sesiones ordinarias del Congreso. Una vez firmado el dictamen, éste tendrá una vigencia de tres años. Dicho en otras palabras, quien asuma la presidencia el 10 de diciembre -sea Massa o Milei- tendrá en sus manos un arma con que amenazar a los jueces.
“Nosotros tenemos que dictaminar y terminar un proceso de investigación que llevó casi todo un año –sostuvo la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la oficialista Carolina Gaillard-. El momento de hacerlo se determinará en estos días; dependerá si el Gobierno prorroga o no las sesiones en el Congreso”.
La diputada Gaillard anticipó que este martes la Comisión analizará los escritos que presentaron los jueces Rosatti y Rosenkrantz frente a los cargos que les había formulado el oficialismo. Éstos se fundamentan en tres de sus fallos: el que benefició a condenados por los crímenes de lesa humanidad (conocido como fallo Muiña o 2×1); el que modificó la integración del Consejo de la Magistratura y aquel por el cual benefició a la ciudad de Buenos Aires con la devolución de recursos coparticipables.
En sus respectivos descargos, Rosenkrantz y Rosatti criticaron en duros términos al oficialismo al advertir que su propósito, al iniciar el juicio político, es “condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar” al tribunal y afectar “su independencia judicial”.
Gaillard anticipó que este martes analizarán la respuesta de ambos jueces. “Los descargos presentados convalidan el proceso que hemos llevado adelante, aunque no estamos de acuerdo con varias de las impugnaciones que se nos formulan. Nosotros estamos convencidos que ha sido una investigación transparente y que se han resguardado las garantías del debido proceso. Más de 60 testigos prestaron declaración y el expediente ya cuenta con más de 80 cuerpos; las partes tienen acceso abierto y de eso pueden dar fe los diputados de la oposición”, exaltó Gaillard.
Grieta y suspicacias
El próximo martes será el último plazo para que los dos jueces restantes que aún no respondieron –Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, lo hagan de manera presencial. En el oficialismo descartan que eso suceda; de hecho, se sorprendieron que Rosatti y Rosenkrantz hayan enviado sus descargos a la Comisión cuando, según había trascendido, había un pacto tácito de los cuatro magistrados de mantenerse en silencio y no responder las acusaciones del oficialismo para no darle entidad al enjuiciamiento.
“La fractura en la Corte quedó expuesta”, razonan en el oficialismo, que observan con atención los movimientos de Rosatti, el presidente del máximo tribunal. Por caso, pocos días después de que Massa ganara en primera vuelta, el magistrado instó a que el próximo gobierno sea “de unidad nacional”, el mismo pregón de campaña del candidato oficialista.
“Tal vez lo que busca Rosatti es que Massa, si es presidente, ordene que se rechace en el recinto el dictamen acusatorio para liberar a los jueces del juicio político”, infieren en el oficialismo. “Con Milei, que tuvo un duro entredicho con Rosatti por la dolarización, no tendría esa garantía”, añaden.
Fuente: La Nación
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